La nueva financiación autonómica del Gobierno nace sin mayoría en el Congreso

En el Gobierno de Pedro Sánchez, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero a la cabeza, se esforzaron este viernes en presentar los aspectos positivos de su nuevo modelo de financiación autonómica. El Ejecutivo resalta que no hay agravios territoriales, que no hay "cupo catalán" y que además nunca antes se habían dado tantos detalles de una iniciativa similar. 

Pero la realidad es que en líneas generales la propuesta de Montero ha sido recibida con críticas de prácticamente la totalidad de los partidos del arco parlamentario. Su opinión en este caso es vinculante, ya que el modelo debe ser aprobado mediante ley orgánica en el Congreso. Son necesarios, por tanto, 176 votos a favor. Es decir, casi la totalidad del bloque de investidura o la participación, poco probable en estos momentos, del PP. 

Fuentes gubernamentales reconocen la complejidad de sacar adelante esta propuesta. Pero insisten en que la nueva reforma es mucho mejor que el modelo vigente. Mientras ERC puso el foco principal en el principio de ordinalidad para Catalunya, en Hacienda destacan que el aspecto más destacado es que se disminuyen las diferencias entre las comunidades más financiadas y las que menos. "Se reduce en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante", señalan desde el Ministerio. 

Pese a todo ello, el rechazo a la iniciativa ha llegado en cascada desde diferentes puntos. Durante la rueda de prensa Montero apeló especialmente, y exclusivamente, al PP. Los populares gobiernan la mayoría de comunidades autónomas. El 70% de los recursos, dijo Montero, irán destinados a población que vive en territorios gobernados por el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. 

Ya los barones regionales salieron este jueves en tromba contra el modelo tras la reunión de Sánchez con Junqueras pese a no saber más detalles del contenido. La línea ha sido la misma este viernes. Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha señalado que "estamos ante un sistema de financiación político, ideológico y que responde a un solo principio: la supervivencia de Sánchez".  "Pues ha quedado muy claro: principio de ordinalidad para los independentistas, para el resto de españoles, no. Es lo de siempre: independentistas de primera y ciudadanos de segunda", escribió Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda. Desde territorios como Aragón han calificado la propuesta como una "maniobra de manipulación de datos". 

Los socialistas presionan a los populares con cifras que creen que son beneficiosas para los ciudadanos de sus comunidades. Una estrategia similar a la seguida en otras ocasiones como el techo de gasto o la condonación de la deuda autonómica. Ninguna de ellas ha funcionado. En todo caso, el mensaje político que lanzan desde el Gobierno es que lo realmente importante es dónde acabarán los recursos. O bien en la mejora de los servicios públicos, como defienden los socialistas, o bien en Quirón, como apuntó este jueves el ministro Óscar López en referencia a Isabel Díaz Ayuso. "A quien le importa el modelo es a quien cree en los servicios públicos", señalan fuentes gubernamentales. 

El otro partido que debería ser clave para que salga adelante es Junts. La fuerza que lidera Carles Puigdemont y el PSOE tienen las relaciones rotas desde el año pasado y no hay novedades al respecto. Tampoco parece que la propuesta sobre financiación sea de su agrado. Su vicepresidente, Antoni Castellà, dijo que "no supone ningún cambio estructural" para Catalunya y que simplemente se trata de una "actualización del actual modelo". Junts presentará en el Congreso una enmienda a la totalidad para pedir un concierto económico propio para Catalunya. 

Aunque públicamente desde el Gobierno siguen cuidando las formas con Junts, fuentes gubernamentales deslizan una pregunta dirigida a ellos. "¿Si no modificamos nosotros el modelo quién lo va a hacer? ¿Vox va a quitarse 21.000 millones del Estado? Si no lo hacemos ahora y si gana el PP va a ponerse de acuerdo con Vox que no cree en las autonomías?", apuntan. 

A nivel interno del PSOE, el asunto de la financiación autonómica siempre ha generado revuelo tras los acuerdos alcanzados en su momento con ERC. Fue uno de los temas más debatidos en el 41 Congreso Federal de los socialistas celebrado en 2024. En torno a esos meses se elevaron diferentes críticas desde los territorios. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el más contundente. También este viernes tras escuchar a Montero. Page ha calificado como "atropello" la propuesta, ha criticado que sean los independentistas quienes "decidan cómo se reparte la riqueza de España" y ha vuelto a deslizar la necesidad de convocar elecciones generales este año. 

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Más cautos se han mostrado desde Asturias, otras de las comunidades donde gobierna el PSOE. El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, señaló que no se posicionarán sobre el nuevo modelo hasta que no conozcan la "letra pequeña" y comprueben, sobre todo, si verdaderamente prima la ordinalidad. 

Las reticencias del espacio de Sumar 

Las reacciones al anuncio del nuevo sistema fiscal han sido muy variadas dentro del espacio de Sumar. Desde el optimismo, pasando por la suspicacia, hasta el rechazo frontal. La postura más complaciente ha sido la de Movimiento Sumar. El mediodía de este viernes, el ministro de Cultura y portavoz del grupo, Ernest Urtasun, ha valorado "muy positivamente" el fondo del nuevo modelo, recordando que al actual lleva caducado más de 14 años. "Gana todo el mundo", ha asegurado el ministro, con una inyección de recursos "sin precedentes" destinada a reforzar los servicios públicos.

Con todo, los de Yolanda Díaz han lanzado su propia propuesta: que el futuro sistema establezca unos límites claros al dumping fiscal. En concreto, "un suelo fiscal" que combata esta práctica protegiendo el gravamen sobre las grandes fortunas. En declaraciones a los medios de comunicación desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona, el ministro ha advertido de los peligros de volcar 21.000 millones de euros más al sistema de financiación y que esos recursos acaben empleándose para eliminar impuestos a los más ricos. Sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid o Andalucía.

Izquierda Unida ha elevado un poco el tono en relación a sus compañeros de coalición, sin dejar por ello de valorar como "una buena noticia" la inminente renovación del sistema de financiación autonómica. El actual, ha recordado su coordinador federal, Antonio Maíllo, "viene de 2009", "está caducado" y "no ha resuelto los grandes desafíos en la financiación de los servicios públicos de los distintos territorios". Con lo que no están de acuerdo en IU es con aplicar el principio de ordinalidad, salvo que se trate de "un criterio más". "No podemos premiar a según qué territorios porque tengan mayor capacidad tributaria o dispongan de más ricos", ha razonado el también candidato a la Junta de Andalucía.

Para IU, una de las prioridades del nuevo modelo debería ser "mantener y ampliar el fondo de compensación", que, hasta ahora, ha sido de "apenas 500 millones". "Desde Izquierda Unida seguiremos defendiendo un acuerdo multilateral, de carácter federal y profundamente solidario", se ha comprometido Maíllo. Afeando al presidente popular Moreno Bonilla que se haya dedicado a "gritar" antes de conocer los detalles del nuevo sistema. Sobre todo teniendo en cuenta que el presidente autonómico ha sido señalado en múltiples ocasiones por promover el dumping fiscal, "contraviniendo el espíritu solidario que ahora escenifica reclamar".

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Por su parte, Compromís ve con buenos ojos el incremento general de recursos contemplado en el nuevo modelo de financiación. Eso sí, les parece "insuficiente" para corregir la infrafinanciación crónica del País Valencià. Para los de Baldoví, hace falta una reforma estructural del sistema, que elimine la desigualdad entre territorios de raíz. Por ello, esperarán hasta conocer "la letra pequeña" del nuevo modelo y cómo puede afectar a las valencianas y valencianos.

En cualquier caso, advierten, las diferencias entre comunidades seguirán siendo demasiado grandes, de hasta los 700 euros por habitante. "El nuevo modelo acorta la distancia entre los mejores y peores financiados, pero no hay que acortarla, es necesario eliminarla", ha explicado en un comunicado la diputada de la formación valencianista en el Congreso, Águeda Micó. Exigiendo también que se ponga solución a la deuda valenciana, que supera ya los 46.000 millones de euros.

A las puertas del pistoletazo de salida de la campaña electoral en Aragón, la Chunta Aragonesista, integrada en el Congreso dentro del espacio de Sumar, se ha mostrado especialmente crítica con un modelo que consideran que les discrimina como región. "Votaremos en contra de cualquier propuesta de financiación singular para Catalunya si no contempla las singularidades financieras de Aragón", ha asegurado el diputado de la CHA en la Cámara Baja y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo. Para la izquierda aragonesista, se trata de una línea roja que bloquearía cualquier posible apoyo parlamentario por su parte.

Desde Aragón, subrayan voces del CHA, no están pidiendo privilegios, "solo lo que está recogido en nuestro Estatuto". Por un lado, un acuerdo bilateral económico-financiero "que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE llevan 30 años ignorando". Por otro, una Agencia Tributaria autonómica que les permita plantear en Aragón un acuerdo al estilo del de Catalunya. "Azcón ni lo está exigiendo ni lo va a hacer", ha advertido en su comparecencia Pueyo. Con todas sus consecuencias: listas de espera más largas en la sanidad, profesionales peor pagados o colegios sin calefacción. O, lo que es lo mismo, la ruina de los servicios públicos. Una condena "impuesta por Madrid" que, si finalmente se desarrolla en torno al principio de ordinalidad, no solo les afectaría a ellos: "Los pobres nunca podremos dejar de ser pobres".

Las críticas no terminan en Sumar

A la caída de la tarde, la cúpula estatal de Podemos se sumaba a las críticas de los socios de Gobierno. "Es un error de un Ejecutivo condenado al fracaso", valoran a Público voces de la formación morada. Un error que lo único que ha conseguido, insisten, es que los territorios se peleen entre ellos "a cambio de un titular". Para los de Ione Belarra, el momento en el que se ha hecho el anuncio tampoco es baladí: "No se han ocupado de este asunto hasta que se han visto cercados por los casos de machismo y corrupción". Tendría que haberse hecho de otra forma, recriminan, "garantizando un suelo mínimo de ingresos para todas las comunidades". ¿Cómo? Acompañándolo de una reforma fiscal progresiva, "por la que quienes más tienen paguen más".

Varios dirigentes autonómicos de la formación morada han querido hacer públicas sus reservas en primera persona. Ha sido el caso, por ejemplo, de la cabeza de lista de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. "Ni ordinalidad ni dumping fiscal entre comunidades", ha rechazado con contundencia la política extremeña a través de sus redes sociales. "Nuestro sistema de financiación tiene que avanzar hacia un país equitativo, justo y que redistribuye la riqueza", ha completado De Miguel en el mismo mensaje. Con una conclusión: "Asumir las tesis de la derecha solo nos lleva al abismo social y territorial".

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Tampoco ha sido recibido con agrado el nuevo modelo por parte del BNG. La formación gallega considera que "no es ni siquiera un punto de partida para abordar un cambio real que corrija el infrafinanciación que sufre Galicia". El diputado en el Congreso, Néstor Rego, defiende un nuevo modelo basado en el concierto económico y califica la propuesta del Gobierno como "un ejercicio de maquillaje del modelo actual, que no supone una verdadera reforma ni un cambio de paradigma". "No estamos delante de un nuevo sistema de financiación, sino del mismo modelo centralista y centralizado con pequeños retoques", ha afirmado. 

El Gobierno, en todo caso, va a seguir adelante con su apuesta. Montero convocará la semana que viene un primer Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades de la reforma. También mantendrá una serie de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas. El texto de la ley orgánica todavía se tiene que redactar, pasar por Consejo de Ministros en primera y segunda vuelta. De ahí la intención es llevarlo al Congreso con el objetivo de que se vote este mismo año y que entre en vigor en 2027 si las Cortes lo aprueban. Algo que a día de hoy no parece nada fácil.