Esta legislatura, llevar leyes al Congreso es un riesgo para el Gobierno, tal y como se ha demostrado esta semana. Puede salir cara, como en la convalidación del Real Decreto-Ley de permisos de cuidados, que se sacó adelante con casi la unanimidad de los votos del hemiciclo —solo Vox se abstuvo— o como en el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox a la ley de protección de los menores en el entorno digital. Pero también puede salir cruz, como ocurrió con la reducción de jornada laboral. Para que eso pase es condición indispensable que PP y Vox pesquen a algún aliado del Gobierno para infligirle una derrota.

La geometría variable que hizo famosa José Luis Rodríguez Zapatero opera en esta legislatura con una lógica distinta. No es tanto el Gobierno quien pacta a lado a lado —que, en algunos casos, también—, sino que es Junts per Catalunya el que la juega a su favor. Aunque también Podemos se posiciona en contra del Ejecutivo en algunas votaciones, el caso de los posconvergentes es más relevante por la cercanía ideológica entre los de Míriam Nogueras y los de Alberto Núñez Feijóo, especialmente en materias económica y migratoria. En algunos casos, aunque menos, también el PNV entra en el juego.

Sentó mal en el Gobierno el voto en contra de Junts en la reducción de jornada, pero en realidad no cogió a nadie por sorpresa, habida cuenta de cómo se habían desarrollado las negociaciones. El nuevo desplante a PSOE y Sumar, además, da vuelo a la postura que defiende habitualmente Esquerra Republicana. "¿Aún sorprende que Junts se posicione con PP y Vox?", se preguntaba un diputado de los republicanos en conversación con periodistas el miércoles. Yolanda Díaz, desde la tribuna, definió el entente como "las tres derechas".

Lo cierto es que son hasta cuatro veces en esta legislatura las que Junts ha tumbado leyes del Gobierno —o defendidas por los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar— junto a PP y Vox.

Del alquiler temporal a la reforma de extranjería

El desenlace de la votación de la reducción de jornada fue para Sumar una especie de déjà vu. Hace justo un año, el 19 de septiembre de 2024, Junts tumbó con una decisión de última hora la admisión a trámite de la ley del alquiler temporal con los argumentos de que la norma comportaba una invasión de competencias, que agravaba el problema de la vivienda y que no daba seguridad jurídica. Sin embargo, solo se trataba de la toma en consideración de la iniciativa, es decir, del paso necesario para poder debatir y tramitar la norma en el Congreso, un procedimiento que permite modificar sus artículos.

Es un caso similar a la reducción de jornada. En este caso, se trata de un proyecto de ley, por lo que no tiene que tomarse en consideración, pero la votación del pasado miércoles (enmiendas a la totalidad de PP, Junts y Vox) tenía también por objetivo decidir si dar o no continuidad al trámite. Tampoco se trataba, por lo tanto, de una votación definitiva.

En el caso del alquiler de temporada, meses más tarde Esquerra Republicana volvió a llevar la propuesta a la Cámara Baja con algunos cambios, conscientes de la presión social que se había desatado con respecto a Junts, habida cuenta de que Catalunya es una de las regiones con una emergencia habitacional más pronunciada. Entonces, los posconvergentes acabaron cediendo y dejando pasar la noma, que se encuentra ahora en tramitación. Yolanda Díaz quiere volver a llevar la reducción de jornada al Congreso y fuentes de su entorno deslizan que esperan que también ahora Junts recapacite y "escuche el sentir de la calle".

Otra votación en la que Junts per Catalunya se posicionó al lado del PP y de Vox (en este caso, también del PNV) fue una ley que promovió el PSOE sobre las instrucciones previas de cuidados al final de la vida. También entonces aquella mayoría alternativa se conjuró para cerrar la puerta del Congreso antes de que la iniciativa pudiera siquiera entrar.

Lo mismo ocurrió con la reforma de la ley de extranjería para diseñar una distribución de menores migrantes que asegure que ninguno de las regiones receptoras se encuentre permanentemente en situación de sobresaturación. Los 177 diputados de PP, Vox y Junts votaron en contra, también en aquella ocasión, de la admisión a trámite. Los de Míriam Nogueras se oponían a que la ley obligara a Catalunya a acoger a más chicos y chicas migrantes. La iniciativa llevaba la firma de PSOE, de Sumar y del Grupo Mixto, del que forma parte  la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria.

Por último, también torpedearon las tres formaciones de derecha la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Fue en marzo de 2025. Meses más tarde, en junio, las izquierdas del Congreso además del PNV logaron sacarla adelante sin los votos de PP, Vox y Junts en una comisión con competencia legislativa plena en la que el juego de mayorías permitía prescindir de sus apoyos. Hoy en día, la agencia es una realidad.

El impuesto a las empresas energéticas

Mención aparte merece un movimiento conjunto que realizaron las cinco derechas del Congreso —PP, Vox, Junts, PNV y UPN— para tumbar el impuesto a las empresas energéticas. En aquel caso no rechazaron una ley, pero sí que lograron introducir una enmienda en el paquete fiscal que aprobó el Gobierno y que eximía a las energéticas de la tasa, todo ello con una oposición feroz de las izquierdas parlamentarias que no surtió efecto.