Siete partidos nacionalistas impulsan una ley para obligar a los jueces a conocer las lenguas cooficiales de las comunidades donde ejerzan

Diputados y diputadas de siete partidos nacionalistas con representación en el Congreso –BNG, Compromís, Comuns, EH Bildu, ERC, Més per Mallorca y PNV– han presentado una propuesta legislativa en la Cámara Baja destinada a garantizar los derechos lingüísticos, que pretende obligar a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia a demostrar su dominio del catalán, el euskera y el gallego. Si sale adelante, será un requisito imprescindible para que puedan ejercer sus cargos en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales y/o con derecho civil propio. 

La iniciativa, registrada el pasado miércoles y que adoptaría la forma de ley orgánica –la herramienta normativa de mayor rango en el ordenamiento jurídico tras la Constitución– pretende reformar la también orgánica ley del poder judicial, así como otra media docena larga de normas estatales que regulan materias como el procedimiento administrativo común, el estatuto básico del empleado, la contratación pública, la educación o la defensa de consumidores y usuarios, así como el funcionamiento de instituciones como el Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Se trata de una reforma ambiciosa que busca corregir el desequilibrio histórico que ha situado el castellano en una situación de privilegio", aseguran los partidos firmantes de la propuesta, en la que Junts ha preferido no participar. Según la exposición de motivos, la norma quiere garantizar "que todas las personas puedan relacionarse en la lengua oficial de su elección [...] con la organización central del Estado y su sector público [...], incluido el sector judicial".

Certificado del dominio de las lenguas cooficiales

La propuesta prevé específicamente que se exija a jueces y magistrados un nivel de dominio de las lenguas oficiales "equivalente al exigido al personal funcionario del grupo A y subgrupo A1 de la comunidad autónoma correspondiente", que deberán acreditar "mediante certificado" oficial. Esa regla regirá para el nombramiento de suplentes, para otorgar destinos en comisión de servicios, para la provisión de vacantes e incluso para la cobertura de plazas de presidente de Tribunal Superior de Justicia y de Audiencia Provincial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que será garante del "libre ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales", reza la iniciativa, también deberá exigir a los candidatos a presidir los TSJ y las audiencias "especialización" en el derecho civil autonómico y que acrediten "un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de la o las lenguas propias oficiales".

"No es una propuesta de grandes principios, sino de aplicación práctica en cuestiones concretas", sostiene el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, quien recuerda que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, ratificada por los estados miembros del Consejo de Europa en 1992, establece el compromiso de asegurar el derecho de los usuarios de esas lenguas a emplearlas en la vida pública, y en el caso del catalán, el euskera y el gallego, en igualdad de condiciones frente a los hablantes de castellano.

El Consejo de Europa, una organización supranacional independiente de la UE y de la que forman parte 46 países, fiscaliza periódicamente la situación de las lenguas minorizadas. Sus informes suelen advertir con carácter recurrente a España de las lagunas de protección en el sector público que padecen sus lenguas minorizadas, y en particular las cooficiales en el sector de la Administración de Justicia, por la escasez de jueces y fiscales que dominen y empleen esos idiomas, y por la discriminación que sufren quienes pretenden utilizarlos en sus comunicaciones con los juzgados, incluidas los interrogatorios durante la instrucción y las declaraciones testificales durante las vistas orales.

La justicia, impermeable a los derechos lingüísticos

"Nadie en ningún lugar de España entendería que vayas a una institución de tu comunidad autónoma con un documento en castellano y que no te lo acepten. Resultaría impensable, pero eso es algo que sucede habitualmente con las otras lenguas cooficiales", subraya Vicenç Vidal, portavoz de Més per Mallorca en el Congreso. Asegura que en Balears, la Administración de Justicia es el sector más impermeable a los derechos lingüísticos de quienes desean emplear la lengua catalana, que tiene carácter oficial en su comunidad autónoma. Vidal cree que algunas instituciones del Estado tienen "voluntad política" de mantener al castellano en una situación de prevalencia.

La norma que plantean ahora los partidos nacionalistas y soberanistas no sólo prevé que jueces y magistrados deban conocer y acreditar el dominio de los idiomas cooficiales de las comunidades donde ejerzan. También deberán hacerlo los y las fiscales –se modificaría el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal–; los y las letradas de la Administración de Justicia y, en general, el personal adscrito a ella. Incluso los jurados de las vistas orales con tribunal del jurado deberán acreditar su competencia lingüística en esos idiomas. Además, se establece que, aunque la lengua oficial de los procedimientos judiciales sea genéricamente el castellano, las partes tienen derecho a recibir las notificaciones en la lengua cooficial que elijan, y que no podrán alegar indefensión por desconocimiento de la lengua ni los afectados, si no acreditan residencia habitual fuera de la comunidad autónoma, ni sus representantes legales, es decir abogados y procuradores.

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"Llevamos mucho tiempo dando oportunidades para el aprendizaje de las otras lenguas oficiales del Estado. Quien no ha aprendido ha sido porque no ha querido", defiende Mertxe Aizpurua, diputada de EH Bildu, quien asegura que los escollos del sistema judicial son, a su juicio, "el principal problema" para la protección del euskera y el mayor peligro para el mantenimiento de la actual situación de diglosia en Euskadi en favor del castellano. Aizpurua pone como ejemplo una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma la nulidad de una oferta pública de empleo de cien plazas de la Diputación de Gipuzkoa para las que se exigía el conocimiento del euskera.

Asimetría

"No existe el derecho a ser funcionario o juez, sino el derecho a optar a serlo en condiciones de igualdad si cumples unos requisitos determinados, entre los que debe figurar el conocimiento de las lenguas oficiales en cada territorio", dice la diputada. "El asunto es si nos creemos o no nos creemos que son idiomas oficiales, porque lo que hay ahora es una asimetría evidente que afecta a derechos ciudadanos esenciales", añade. La portavoz de EH Bildu recuerda que la ley que proponen esos siete partidos nacionalistas de cinco comunidades autónomas –Balears, Catalunya, Euskadi, Galicia y Comunitat Valenciana– también prevé cláusulas de protección y promoción efectiva del plurilingüismo en otros sectores de la Administración.

Néstor Rego: "La Administración General del Estado tiene que asumir su responsabilidad en la normalización del uso de las lenguas cooficiales"

Así, por ejemplo, se garantizaría que cualquier persona pudiera iniciar y mantener ante la Administración central procedimientos en cualquiera de las lenguas cooficiales; que éstas sean exigibles también para el nombramiento de personal de libre designación; que la contratación pública incorpore, además de consideraciones sociales y medioambientales, criterios lingüísticos como representativos de solvencia; que el Gobierno realice evaluaciones sobre el impacto que pueden tener las normas que impulse y tramite sobre la diversidad lingüística; y que se incluyan garantías de no discriminación lingüística en las normas que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.

Además, la proposición insta a fomentar y garantizar el etiquetado en las lenguas cooficiales, que podrán ser exigibles en las relaciones comerciales y contractuales dentro de cada comunidad autónoma; la doble señalización en materia de tráfico y seguridad vial; el fomento de la promoción de contenidos en esos idiomas en las plataformas audiovisuales y en los medios públicos estatales; y su condición vehicular en los currículos del sistema educativo de sus correspondientes territorios, entre otras novedades.

"Es el momento, y no temprano, desde luego, de pasar de las declaraciones a los hechos", apunta el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. "La Administración General del Estado tiene que asumir su cuota de responsabilidad en la normalización del uso de las lenguas cooficiales y en la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, porque hablamos de derechos civiles fundamentales, de derechos democráticos básicos", concluye.