El Consejo de Europa advierte a España de las lagunas en la lucha contra la corrupción

El Consejo de Europa asegura que España continúa incumpliendo total o parcialmente las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019, informa EFE. El Consejo, una institución de cooperación supranacional que agrupa a 46 países y que no tiene que ver con la Unión Europea ni con sus instituciones, reconoce algunos avances por los proyectos legislativos sobre la materia que se han esbozado, pero lamenta que hasta ahora no se hayan materializado.

En un informe publicado este viernes que actualiza la evaluación de esas recomendaciones respecto a otro relativo a 2023, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa considera que el incumplimiento sigue siendo total para tres de esas 19 recomendaciones, frente a las seis del informe anterior.

A través de un comunicado del Ministerio de la Presidencia, el Gobierno ha respondido apelando a la buena evolución que "constantemente", a su juicio, ha seguido España desde la primera evaluación del Greco en 2017, "tras dos legislaturas de inacción", en referencia a los Gobiernos de Mariano Rajoy.

En su último estudio, sin embargo, el Greco insiste en que esos avances no son suficientes a la vista de lo que viene reclamando desde hace ya seis años y, por eso, ha pedido a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 detallando los progresos que se hayan producido.

"Una acción determinada" con "progresos tangibles"

En ese sentido, el secretario general del Consejo, Alain Berset, ha enviado una carta al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para instarle a que se "tome una acción determinada con vistas a lograr progresos tangibles tan pronto como sea posible".

De las tres recomendaciones totalmente incumplidas, una se refiere al régimen que debería aplicarse a los asesores del Gobierno, ya que el Greco estima que debería ser equivalente al que tienen las personas con responsabilidades en el Ejecutivo en términos de transparencia y de exigencias de integridad.

Los expertos del organismo se quejan de que no tienen constancia de que se haya prestado una particular atención a la regulación del trabajo de esos asesores, al carácter político de su nombramiento y a sus funciones.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, había anunciado a finales de 2024 su intención de sacar adelante una nueva ley de administración abierta destinada a abordar algunas de esas cuestiones, pero el Greco hace hincapié en que el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado en Consejo de Ministros y que, por tanto, no ha podido evaluar su contenido.

Aforamiento de los miembros del Gobierno

Otro punto en el que no ha habido avances desde 2019 es en la revisión del aforamiento de los miembros del Gobierno, para que no se impida a la Justicia actuar contra ellos cuando haya sospechas de corrupción.

Las autoridades españolas han alegado que el aforamiento no impide la acción judicial, sino que simplemente establece que la instancia competente para desarrollarla es el Tribunal Supremo y no de los juzgados de instrucción, y también que hay un proyecto de reforma desde 2019 en las Cortes para limitar su alcance, algo que, sin embargo, no convence al organismo del Consejo de Europa.

Sobre los grupos de presión, el Greco querría que hubiera reglas de transparencia sobre los contactos que mantienen con los responsables del Gobierno y del Parlamento, para que se disponga de información sobre los objetivos de esas relaciones y, en particular, que se pueda identificar a las personas que los protagonizan y conocer los asuntos que tratan.

Si bien el Greco ve con buenos ojos el proyecto de ley aprobado en enero pasado por el Gobierno sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los lobbies, que prevé la creación de un registro y una serie de obligaciones y sanciones, lamenta que en el mismo no aparezca su recomendación sobre la transparencia de las agendas y habla de "una oportunidad perdida".

Puertas giratorias

Sobre las llamadas puertas giratorias, es decir el paso de responsables políticos a puestos empresariales al finalizar sus funciones en la Administración pública, y que podrían dar lugar a conflictos de intereses, el Consejo de Europa quiere que las restricciones sean reforzadas y que estén supervisadas por un organismo independiente.

Aunque acoge con satisfacción el proyecto de enmiendas legislativas que ampliarían la limitación de dos años en el sector privado tanto para los cargos políticos como para los funcionarios, recuerda que eso está en proyecto y todavía debe adoptarse.

Además, insiste en que tiene que haber una revisión de diversos aspectos de las restricciones de empleo del sistema actual y, en particular, que hay que mejorar el régimen de supervisión y de rendición de cuentas.

En su respuesta al informe del Greco, el Gobierno de España ha destacado que el Consejo de Europa ha constatado "avances" y que da por parcialmente cumplidas ocho de sus nueve recomendaciones sobre prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.