Equipo Económico desvió mediante "encargos verbales" millones de euros a las sociedades pantalla de sus socios

Equipo Económico, la empresa clave del caso Montoro, realizaba "encargos" de "carácter verbal" a las empresas pantalla de sus socios y utilizaba en muchas de las facturas "el mismo concepto", según consta en varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consultadas por Público. La primera de las resoluciones tiene que ver con la actividad de Econodos SL, administrada de hecho por el presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico. La segunda hace referencia a las deducciones fiscales de Consultoría y Diagnóstico SL, dirigida por Franciso Piedras Camacho, también socio del despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro. 

La Agencia Tributaria reconoce en un informe incorporado al sumario del caso Montoro que ninguna de estas empresas tenía "medios personales" o "materiales" para desarrollar su actividad, es decir, todas operaban como sociedades pantalla. Martínez Rico y Piedras Camacho, junto a Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, también socios del despacho, utilizaban sus propias compañías para "acumular patrimonio" y reducir su factura fiscal. La AEAT pudo "constatar" además que cada uno de los empresarios "prestaba sus servicios a Equipo Económico (...) directa e indirectamente mediante el empleo" de estas sociedades. 

Esta era la manera de proceder habitual entre los socios de Equipo Económico imputados por un Juzgado de Tarragona. Martínez Rico y Piedras Camacho suman una facturación de seis millones de euros a Equipo Económico a través de sus respectivas empresas entre 2008 y 2015, según las declaraciones que ellos mismos pusieron a disposición de la Agencia Tributaria. Manuel de Vicente-Tutor, por su parte, recibió durante el mismo periodo tres millones de euros del despacho que fundó el exministro Montoro a través de su sociedad instrumental Tutman Fiscalía SL. Y Salvador Ruiz Gallud facturó 818.083 euros entre 2013 y 2014 también a través de Plataforma de Soluciones Jurídicas SL. No constan pagos anteriores ni posteriores de Equipo Económico en los que esté implicada esta última empresa pantalla, según ha podido comprobar Público.

Hacienda puso en marcha una serie de investigaciones contra los cuatro miembros del despacho en la primera mitad de 2016, habida cuenta de que existían indicios de "presuntos delitos" fiscales en las declaraciones del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. El grueso de las propuestas de sanción se quedaron en la vía administrativa, sin acarrear consecuencias económicas o legales para los implicados, tal y como ha desvelado este periódico. Las que prosperaron, fueron recurridas y tumbadas en los tribunales gracias al "colofón de irregularidades" que cometió la Agencia Tributaria, entonces en manos de Montoro. Las sentencias, eso sí, revelan cuál sería el modus operandi de Equipo Económico a la hora encargar y pagar por "servicios de consultoría" y "asesoría" a las sociedades instrumentales de sus fundadores.  

El "carácter verbal" explica la falta de pruebas 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó en 2022 un recurso de Econodos SL contra dos acuerdos de liquidación relativos al Impuesto sobre Sociedades de 2011, 2012 y 2013. Los magistrados le dieron la razón a la compañía porque la inspección se realizó desde Madrid cuando Econodos tenía su sede en Málaga. Esto es lo que se conoce como incompetencia territorial. La resolución, no obstante, recalca que Equipo Económico no llegó a aportar pruebas o detalles de los "distintos encargos" porque sostuvo "que eran de carácter verbal". En todas las facturas, además, "aparecía el mismo concepto", según recoge la citada sentencia: "Servicios de consultoría en el análisis de la situación económica de los Estados Unidos y América Latina y oportunidades de inversión en sectores específicos".

La Administración General del Estado había pedido a Equipo Económico la identificación de "los clientes a los que se le repercutían los servicios facturados", así como copias de las facturas y "la especificación de los trabajos realizados". El fisco, ante la falta de "información", tuvo que "acudir al método del coste incrementado" para calcular lo que debía abonar Econodos por las posibles irregularidades en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Ricardo Martínez Rico facturó a través de su sociedad pantalla un total de 3,6 millones de euros a Equipo Económico entre 2008 y 2015, según detalla un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Montoro. 

Econodos no es la única empresa que utilizaba "siempre" el mismo concepto para camuflar las operaciones con el despacho del exministro popular. Consultoría y Diagnóstico SL, gestionada por Francisco Piedras Camacho, también seguía esta lógica. "El propio actor [Piedras Camacho] era el que facturaba a Equipo Económico por los servicios prestados y el concepto de las facturas siempre era el mismo: por servicios de asesoría fiscal del mes...", sostienen los magistrados del TSJM en otra sentencia consultada por este diario. 

La misma resolución considera que "no es lícito" que, para eludir los tipos impositivos más elevados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los socios utilicen empresas "que no cuentan con infraestructura alguna, para canalizar (...) sus actividades y tributar así por los tipos" impositivos "más favorables". Equipo Económico le pagó a Francisco Piedras Camacho por estos "servicios de asesoría fiscal" casi 2,5 millones de euros entre 2008 y 2015 a través Consultoría y Diagnóstico SL, todo ello según la declaración de ingresos que la propia empresa y su administrador pusieron a disposición de la Agencia Tributaria.

La UCO no ve irregularidades en los pagos

La Guardia Civil planteó en 2022 analizar los datos y movimientos bancarios de 26 personas y empresas implicadas en la trama, entre las que figuraban tanto Ricardo Martínez Rico como Francisco Piedras Camacho. Los agentes tomaron esta decisión al detectar "la existencia de un flujo de dinero de Equipo Económico con países extranjeros" y sospechar que los socios del despacho "podrían disponer de un entramado societario" para "desviar fondos de la presunta actividad delictiva" objeto de investigación, tal y como acreditan distintos documentos incorporados al sumario del caso Montoro. 

Anticorrupción se opuso en un primer momento a la solicitud, considerando que podía "comprometer el buen fin de la investigación", pero cambió de criterio un año después. El Juzgado de Tarragona que investiga la trama de reformas legislativas a cambio de supuestas mordidas pidió por carta analizar las cuentas de ocho personas físicas y 18 personas jurídicas. La UCO mantuvo esta diligencia durante meses en un cajón, pese a los reiterados avisos de la fiscal para conocer los resultados, que llegaron casi 16 meses después de los primeros requerimientos y trascendieron este lunes. La Guardia Civil determinó que "gran parte" de las "entradas" de dinero tenían "como destino los socios de Equipo Económico a través de transferencias directas" y descartó la existencia de anomalías en los pagos de las gasistas, según precisan los agentes en un documento al que ha tenido acceso Público.