La Agencia Tributaria llegó a elaborar un informe para denunciar por posibles delitos fiscales a Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud en febrero de 2016. Los tres investigados eran socios y directivos de Equipo Económico, la sociedad clave en el conocido como caso Montoro. El actuario –inspector o técnico de la Agencia Tributaria  que realizó la investigación– consideró que se daban los dos elementos necesarios para concurrir el delito fiscal: la intencionalidad del fraude y una cuota defraudada por encima de los 120.000 euros. Los expedientes se abrieron en base a las "operaciones vinculadas" entre ellos, sus respectivas empresas y el despacho fundado por Cristóbal Montoro. Esos informes, sin embargo, toparon en su recorrido con la negativa de la oficina técnica, es decir, de los altos cargos de Hacienda –por aquel entonces, en manos precisamente de Montoro– a seguir adelante con la investigación y las correspondientes denuncias. 

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Montoro, al que ha tenido acceso Público, sostiene que tanto Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, como De Vicente-Tutor y Ruiz Gallud, socios de la firma, utilizaban sociedades instrumentales para "acumular patrimonio" y reducir su factura fiscal. El fisco "constataría" además que cada uno de los altos cargos anteriormente mencionados "prestaba sus servicios a Equipo Económico indirectamente mediante el empleo" de estas sociedades pantalla, que carecían "de medios materiales y humanos para el desarrollo de la alegada actividad profesional". La Agencia Tributaria considera asimismo "evidente e innegable" el "conocimiento total y absoluto" por parte de los implicados "de sus obligaciones [fiscales] y las consecuencias de su incumplimiento". Los tres investigados seguían la misma lógica para operar desde sus respectivas empresas: Econodos SL, Tutman Fiscalía SL y Plataforma de Soluciones Jurídicas SL, respectivamente.

Martínez Rico se libró de una denuncia por fraude fiscal

Hacienda puso en marcha una investigación contra Ricardo Martínez Rico el 2 de febrero de 2016, habida cuenta de que existían indicios por un "presunto delito contra la Hacienda Pública" en el IRPF de los años 2011 y 2012. El Código Penal contempla sanciones económicas y penas de prisión de entre uno y cinco años para quienes "por acción u omisión, defrauden a la Hacienda Pública". La inspección considera probado que Martínez Rico prestaba "sus servicios a Equipo Económico (...) directa e indirectamente mediante el empleo de su sociedad Econodos". De hecho, los técnicos recalcan en su informe que la actividad del empresario "es la misma antes y después de la constitución" de su propia sociedad.  

Es por estos motivos que el actuario de la Agencia Tributaria, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, decidió elaborar un informe de delito fiscal. Esos informes son remitidos de forma habitual a la Oficina Técnica, que tiene, junto al inspector jefe, la opción de asumir el procedimiento o de pedir que se realicen nuevas actuaciones. Lo común cuando existe un informe por delito fiscal, no obstante, es que dicha Oficina Técnica consulte con la Unidad de Delitos Fiscales de la Agencia Tributaria. 

Público ha podido comprobar que la denuncia por irregularidades en la declaración del IRPF de Martínez Rico no prosperó, contra el criterio del inspector que lideró la investigación. "Este procedimiento, iniciado el 2/2/2016, finalizó el 22/6/2017 con la suscripción de acta de disconformidad, a la que se otorgó el carácter provisional (...), previo acuerdo de culminación del expediente en vía administrativa", recogen los documentos que incorpora el sumario del caso Montoro. Esto quiere decir que los superiores del inspector en cuestión decidieron no llevar el expediente al terreno judicial; dicho de otra manera, ordenaron que siguiera por la vía administrativa, sin salir por tanto de Hacienda. El informe de la Agencia Tributaria admite que esta decisión se adoptó pese a que, en el expediente administrativo, se "reproducen los hechos comprobados por la inspección" y "expuestos en el informe" de delito fiscal.

Decisiones idénticas para Tutor y Gallud

El mismo patrón es el que han seguido las altas instancias de la Agencia Tributaria durante la etapa de Montoro para frenar las denuncias contra Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, administradores de Tutman Fiscalía y Plataforma de Soluciones Jurídicas. El fisco investigó al primero por considerar que había indicios de delito en la declaración del IRPF de los años 2010 y 2012. Este procedimiento también "culminó en la vía administrativa" pese a que el acta de disconformidad reproducía exactamente los mismos hechos que habían motivado la emisión del informe por delito fiscal.

Salvador Ruiz Gallud fue investigado por un presunto delito contra la Hacienda Pública en la declaración del IRPF de 2014, según figura en los documentos incorporados al sumario del caso Montoro. La Agencia Tributaria argumentó entonces que la sociedad instrumental que dirigía no aportaba ningún "valor añadido" más allá de lo "realizado" por el propio empresario. Eran, insiste el informe, "las características personales y profesionales" de Gallud las que se consideraban "determinantes para llevar a cabo las actividades de intermediación comercial", toda vez que la empresa "no podría por sus propios medios, al margen del contribuyente con el que se plantea la operación vinculada, prestar servicios profesionales a terceros".

El procedimiento, iniciado el 5 de febrero de 2016, cinco días más tarde que el de Ricardo Martínez Rico, finalizó el 21 de julio de ese mismo año. Igual que ocurre con los dos casos anteriores, aquí también se frena la propuesta de denuncia por delito fiscal y se cierra el expediente por la vía administrativa, con un acta de disconformidad en la que "básicamente se reproducen los hechos" que motivan la apertura del propio expediente. Los superiores del inspector de la Agencia Tributaria que comprobó los movimientos fiscales y vio en ellos indicios de delito, una vez más, decidieron terminar las pesquisas en las dependencias de Hacienda y no denunciar las posibles irregularidades ante el Ministerio Público. Las fechas de apertura y resolución de los expedientes a los que ha tenido acceso Público coinciden con los años en los que Cristóbal Montoro estuvo al frente del Ministerio de Hacienda.