El socialista Ander Gil ha renunciado este lunes a su acta como senador para iniciar "nuevos retos profesionales" en el ámbito privado. Lo hará en la consultora LLYC, como director de Asuntos Públicos para España y Portugal. "Concluyo una etapa apasionante en la política. (...) Ha sido un honor", publicó en redes el expresidente de la Cámara Alta. Gil no es el primer cargo público que abandona la moqueta y llama a las puertas de una fundación, un lobbie o una multinacional. José María Aznar, Felipe González, Calvo Sotelo, Pedro Morenés, Alberto Garzón, Eduardo Madina o Elena Salgado siguieron el mismo camino.  . Alberto Garzón lo anunció públicamente, pero tuvo que renunciar tras la polémica montada. ¿Cómo funcionan estos procesos y hasta qué punto son moralmente cuestionables?

Las puertas giratorias se abren cuando figuras vinculadas a la política deciden retirarse y consiguen puestos de responsabilidad en otras empresas u organismos, tanto públicos como privados. Pero también cuando son los empresarios los que cruzan el torno y aterrizan de golpe en la administración. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, regula precisamente estos movimientos. "Las limitaciones están claras: los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades que hayan resultado afectadas por sus decisiones –o las de sus equipos– durante los dos años posteriores a la fecha de su cese", arranca Paloma Piqueiras, experta en Comunicación Pública y vicepresidenta de ACOP. 

La norma establece además que ningún ministro o responsable público puede sentarse en el consejo de administración de una empresa relacionada con los asuntos gestionados por su cartera. Este acuerdo debe respetarse –también– durante un período de al menos dos años. "El problema es que hecha la ley, hecha la trampa. Los políticos tienen muchas formas de eludir estas incompatibilidades, por ejemplo, trabajar para una filial extranjera o asumir un puesto de asesor y no realmente de directivo", señala Sebastián Lavezzolo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). El 5% de los directivos que se sientan en los consejos de administración de las grandes empresas españolas vienen del mundo de la política. El porcentaje se ha ido reduciendo con el paso de los años, "pese a que los casos que trascienden son ahora más mediáticos", según explica el politólogo y refleja su investigación La economía política de las puertas giratorias en España: 1920-2020. 

La Oficina de Conflictos de Intereses nace para garantizar la independencia de estos procesos y puede vetar los nombramientos de ex altos cargos durante los dos años posteriores a su cese. El organismo sólo deniega el 2,5% de las solicitudes, tal y como ha publicado Público. "No sé hasta qué punto el período de dos años es suficiente, pero deberíamos aumentar la información para concienciar a la sociedad de los vínculos entre el poder político y el poder económico. Hablamos de personas que han ocupado cargos públicos y han prestado un servicio a la sociedad; han obtenido toda una serie de contactos, saberes y experiencias que van a trasladar luego al ámbito privado y que, por tanto, van a poner al servicio de intereses privados", subraya Lola Cubells Aguilar, profesora investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universitat de València. España tiene una legislación similar a la de sus homólogos en la Unión Europea.

El debate lleva décadas encima de la mesa. Las puertas giratorias son una de las muchas vías que tiene el poder económico para influir en decisiones políticas y hasta sociales. Las empresas aprovechan este tipo de movimientos para maximizar beneficios, conseguir contratos públicos, recibir un trato preferente o "introducir cambios legislativos en la orientación que más les convenga", señalan los expertos consultados. En la otra cara de la moneda está "el derecho de los políticos a ser integrados en la vida privada", tal y como apunta Sebastián Lavezzolo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un exministro pueda hacerse un hueco en una eléctrica sin levantar sospechas? ¿Los políticos pueden aprovechar su experiencia para ganar dinero una vez salen de las instituciones públicas?

¿Qué dice la legislación?

La Ley 3/2015 considera que los altos cargos de la Administración General del Estado deben tener "dedicación exclusiva" y no pueden "compatibilizar su actividad" con el desempeño de "cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena". La norma sólo ve posibilidad de compaginar estos puestos con la producción y creación cultural –libros, documentales, investigaciones científicas– y con las tribunas o conferencias. La cosa cambia cuando los políticos, secretarios y asesores abandonan sus despachos.

El mismo texto define como una "limitación expresa" la vinculación de los representantes públicos con "entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones" de su incumbencia. El plazo establecido para estos movimientos es de dos años, como destacaban las fuentes consultadas por Público. "El debate sobre las puertas giratorias tiene que ver con aspectos legales, desde luego, pero existe también un trasfondo moral y ético de gran calado. Los ciudadanos no dudamos tanto de la legalidad, como de la legitimidad. Cuando un exministro o ex secretario de Estado ficha por Endesa, Repsol o Telefónica nos preguntamos si está suficientemente justificado el movimiento, si tiene un currículum aceptable para su nuevo puesto o si hubiera tenido espacio en la misma empresa de no haber ocupado un cargo público", recalca Paloma Piqueiras. 

La normativa afecta a toda la administración pública: desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas –pueden marcar sus propias pautas– y entidades locales. Es aplicable incluso al personal que presta servicios en empresas donde la participación directa o indirecta del Estado sea superior al 50%. Los expertos reconocen que "el salto de un cargo político al sector privado no siempre tiene que ser inmediato", muchas veces pueden pasar años e incluso décadas hasta que fichan por una gran empresa; pueden tantear antes otros proyectos y organismos. "¿Cuándo deja un expolítico de tener capacidad de influencia? ¿Cuándo deja de poder utilizar sus contactos? Las respuestas no son para nada sencillas", insiste Sebastián Lavezzolo. 

La lista de casos es infinita

Ander Gil no es el primer dirigente en sumarse a una tendencia que golpea a ambos lados del tablero político. El caso más mediático de los últimos meses posiblemente fuera el de Alberto Garzón (IU). El exministro renunció en febrero del año pasado a fichar por la consultora Acento, la consultora de Alfonso Alonso y José Blanco (ex dirigentes de PP y PSOE, respectivamente). Lo hizo un día después de que se anunciase su incorporación, tras "la incomprensión suscitada en su espacio político" y para "no hacer daño a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía" había dedicado, es decir, Izquierda Unida y Sumar. Garzón recibió numerosas críticas por cruzar la puerta del mundo empresarial y criticó las "dinámicas tóxicas" de la izquierda. Este curso se incorporó finalmente como investigador al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) para realizar una tesis en economía biofísica, como el mismo anunció en X.

José María Aznar (PP), Felipe González (PSOE) y Leopoldo Calvo Sotelo (Unión de Centro Democrático y, después, independiente) han pasado por los consejos de administración de Endesa, Gas Natural y Unión Fenosa; las dos últimas operando ahora bajo la marca Naturgy. No sólo es cosa de expresidentes: hasta 40 altos cargos de Génova y Ferraz han ocupado puestos similares en las grandes empresas del país. "Es necesario devolver a la representación política la dimensión de gestión de lo común, muchas veces contrapuesta a los intereses económicos, sobre los que, además, tenemos menos herramientas e instrumentos de control ciudadano", matiza Lola Cubells Aguilar. 

Y tampoco es sólo cosa de energéticas. El holding CriteriaCaixa acaba de designar a Elena Salgado (PSOE) como su representante en el consejo de administración de la francesa Veolia, dueña de Agbar. La exministra estuvo antes en los organigramas de Motion Rail y Nueva Pescanova. Eduardo Madina (PSOE) se incorporó como senior advisor de la firma de servicios EY, funciones que compagina con las de socio de estrategia en la consultora Harmon. Eduardo Serra (PP) y Pedro Morenés (PP) también ocuparon la presidencia de Everis y Amper. El segundo, de hecho, firmó recientemente un contrato con el Ministerio de Defensa –del que él mismo fue titular– por 3,2 millones de euros.

Este caso recuerda al de Miguel Ángel Guzmán (PP), número dos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía hasta enero del año pasado. En abril trascendió su fichaje por Asisa, una de las principales aseguradoras sanitarias del país. La Junta consideró que el popular debía esperar al menos cuatro meses para incorporarse porque no había pasado el tiempo suficiente desde su cese como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cargo que había desempeñado antes de su salto a la Consejería y desde donde había adjudicado contratos sin concurso a Asisa por 44 millones de euros. Guzmán decidió aplazar entonces su cambio.

Beatriz Corredor (PSOE), Isabel Tocino (PP), Trinidad Jiménez (PSOE), Narcís Serra (PSOE), Eduardo Zaplana (PP) o Yolanda Barcina (PP) también han estado o están vinculados a compañías del Ibex. La lista es muy extensa. Los titulares de prensa al respecto generan interés. Y los movimientos en sí mismos suelen verse con recelo. Las fuentes consultadas por Público constatan que el número de movimientos de las puertas giratorias ha disminuido con respecto a hace una o dos décadas y concuerdan con la idea de que "toda figura política" tiene derecho a labrarse un futuro en el sector privado, pero advierten: "La ley podría ser consecuente e introducir requisitos relacionados con el mérito, el currículum o la experiencia de quien pasa de lo público a lo privado con la fluidez que otorga cualquier puerta giratoria".