Los conservadores pierden una batalla clave para controlar el TC

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado la recusación presentada por el Gobierno el pasado mes de octubre contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Ninguno participará en la resolución del recurso del PP contra la reforma de la ley orgánica del alto tribunal (LOTC).

La decisión, adoptada por mayoría, ha contado con la discrepancia de los magistrados Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas. Ambos han anunciado un voto particular que se conocerá en los próximos días, como el propio auto que acepta la recusación.

Así el Pleno del Constitucional que revisará su ley reguladora estará mayoritariamente formado por magistrados a los que se considera próximos al sector progresista, en el que se sitúa a Pascual Sala, Eugeni Gay, Manuel Aragón, Elisa Pérez Vera y Pablo Pérez Tremps.
La presidenta del TC, María Emilia Casas, también progresista, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, de tendencia conservadora, tampoco participarán en las deliberaciones de este recurso, ya que sus compañeros, con el voto de calidad del presidente en funciones, Vicente Conde, aceptaron su abstención, porque vieron prorrogado su mandato por la ley hasta que dejen de ser magistrados.

Es decir, al aceptar la recusación, el Pleno sólo contará para resolver este recurso con tres magistrados del sector conservador: los que discrepan y Vicente Conde, presidente en funciones.

Por qué esta ley

El PP impugnó dos aspectos de la ley orgánica del TC: la prórroga automática del mandato de Casas -algo que se había hecho tradicionalmente-, y que el Senado elija a los magistrados que le corresponden a propuesta de los Parlamentos autonómicos.
El recurso del PP se interpretó como un intento para que el sector conservador arrebatara la Presidencia a Casas y, con ella, el voto de calidad que puede utilizar en caso de empate a seis entre los miembros del TC. Esta posibilidad podría afectar a la resolución de ciertos recursos considerados sensibles, como las principales leyes aprobadas durante la legislatura pasada y el Estatuto de Catalunya. En este asunto, el PP ya consiguió apartar de su recurso, también vía recusación, a Pérez Tremps el 5 de febrero del año pasado.

Guerra de recusaciones

La impugnación de Pérez Tremps supuso una fractura por bloques en el alto tribunal. Situación que se acentuó con la reforma de la ley orgánica aprobada sin el apoyo del PP.

El Gobierno movió ficha recusando, por primera vez en la historia, a dos magistrados, los que más se habían significado contra la reforma. García-Calvo y Rodríguez-Zapata habían enviado el 22 de junio una carta a la presidenta en la que pedían su dimisión y mostraban explícitamente su oposición a la LOTC.

La respuesta del PP no se hizo esperar. El 26 de octubre recusó a Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, por creerles contaminados por haber mostrado en una reunión privada en el alto tribunal su beneplácito a la ley. La impugnación se basaba en una noticia periodística publicada un día después de que Público adelantara la intención del partido presidido por Mariano Rajoy. Al impugnar a tres magistrados, el PP buscaba obligar al TC a rechazar de plano la presentada por el Gobierno, porque el Pleno del alto tribunal sólo puede tomar decisiones con un mínimo de ocho miembros y había cinco recusados.

El presidente en funciones, tras consultar a sus compañeros, optó por resolver la recusación del PP con todos los magistrados presentes, incluidos los cuestionados, aunque no sea lo habitual.

Falta de respeto

La recusación del PP ni siquiera se admitió a trámite. El Constitucional acusó al partido de no haberle mostrado "el respeto que institucionalmente" merece, al hacer un "uso indebido" en respuesta a la "insólita recusación" del Gobierno.

El TC señalaba en un tono duro que "mediante aquella instrumentalización lo que se persigue en realidad es contrarrestar las posibles consecuencias que en la composición de este tribunal pudieran derivarse de la hipotética estimación" de la recusación del Gobierno, lo que finalmente ocurrió ayer, tras una reunión del Pleno de apenas cuatro horas.