@CdelCastilloM

MADRID.- La ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal, tenía prevista su primera comparecencia en la comisión de Defensa del Congreso para este miércoles. El protocolo marca que los ministros planteen sus programas a la comisión del ramo a principio de cada legislatura, y por esa formalidad han pasado ya la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Empleo, Fátima Báñez. 

Sin embargo, la coincidencia con el Pleno del Congreso hará imposible la comparecencia de la nueva ministra ante los diputados que vigilan la labor del Gobierno en este área. Quizá para no dejar en el aire cuestiones que requerirán una respuesta inmediata de su equipo —no hay una fecha fijada para la comparecencia, por lo que esta podría retrasarse hasta mediados de enero—, Cospedal ha citado este miércoles en el Ministerio a la mesa de la comisión y a los portavoces en la misma de todos los grupos parlamentarios.

Sobre la ministra planea la incógnita de cómo pretende resolver la principal patata caliente heredada su antecesor, Pedro Morenés. En sus cuatro años en el cargo —y casi uno más en funciones— el ministro armamentócrata esquivó el dilema de cómo introducir en el presupuesto del Ministerio el pago de la deuda de 30.000 millones de euros que el Estado tiene con la industria armamentística (los denominados Programas Especiales de Armamento o PEAs).

Morenés se limitó a intentar esconder el enorme gasto que, tal y como él mismo renegoció con las empresas de armas, Defensa tendrá que asumir anualmente hasta 2030: en vez de incluir el pago de las cuotas de la deuda de armamento como una partida del Ministerio en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno lo tramitaba mediante un crédito extraordinario aprobado en el último Consejo de Ministros antes de agosto. Este procedimiento permitía evitar en lo posible la fiscalización de los ciudadanos sobre el gasto real en Defensa, que siempre terminaba siendo un tercio más de lo presupuestado.

Pero este modo de proceder se acabó. El Tribunal Constitucional falló en julio contra la utilización por parte del Gobierno de la vía del decreto-ley para el pago de los PEAs. Los magistrados resolvieron que la envergadura de esta hipoteca, contratada durante la etapa de José María Aznar pero cuyo abono fue aplazado hasta 2012, no podía ser ignorada por el Gobierno y, por tanto, no podía utilizar un "procedimiento de urgencia" para su pago. 

La posibilidad de repensar este gasto a corto plazo, algo a lo que ha abierto la puerta incluso la cúpula militar, quedó descartada el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó pasar la cuota de 2016, que no fue posible abonar dada la interinidad del Ejecutivo y el fallo del TC, a 2017.

Según Defensa, en 2016 quedan por pagar unos 21.000 millones de euros de los 30.000 iniciales —aunque otras fuentes, como el investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau Pere Ortega, elevan el valor total de los contratos a 37.000 millones—.

El fallo del Constitucional provocará que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 contemplen los 1.028 millones de euros que Morenés planeó pagar en 2016, además de la anualidad de 2017. Más de 2.100 millones que irán a parar a empresas como Navantia, Airbus o General Dynamics y que provocarán un aumento en la partida de Defensa de más de un 30%. Algo que será muy difícil de explicar a los ciudadanos en un contexto de recortes en partidas sociales y que obligará a nuevos esfuerzos para intentar cumplir el objetivo de déficit, que en 2017 debe bajar del 4,6 al 3,1% del PIB.

El presupuesto de Defensa tendrá que aumentar más de un 30% para incluir las anualidades de 2016 y 2017 de la hipoteca de armamento

La oposición en bloque ha comunicado que no apoyará esta clase de aumento en el presupuesto de Defensa: "Todos los grupos entendemos que hay un problema con estos pagos", ha explicado a Público un diputado de la comisión de Defensa. El PSOE, por su parte, ha reiterado que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos, mientras que Podemos se ha mostrado partidario en varias ocasiones de disminuir el presupuesto de Defensa y repensar el cómo y cuándo debe afrontarse el pago de los PEAs.

Ciudadanos, por su parte, esperará el primer movimiento del Gobierno, que podría suceder este miercoles en la reunión de Cospedal con los portavoces de la comisión de Defensa. Miguel Gutiérrez, su número cuatro, ha explicado a este medio que, aunque su grupo no está de acuerdo en aumentar la partida de Defensa, "a las empresas se les tiene que pagar, los contratos están para cumplirlos". El partido de Albert Rivera, que podría resultar clave en la aprobación de este nuevo gasto, es partidario de tramitarlo mediante una "nueva ley de financiación plurianual", expone Gutiérrez.

Entre los partidos minoritarios, destaca la posición férrea de ERC a favor de disminuir el gasto militar, lo que ha llevado a duros encontronazos dialécticos entre sus miembros y el PP. El último se produjo en la última comisión de Defensa, cuando el portavoz de los conservadores, Ricardo Tarno, espetó un "usted es muy pequeña para ofendernos a nosotros, usted no es nadie" a una diputada de la formación nacionalista. ERC había propuesto una iniciativa para recortar el presupuesto de Defensa, que fue rechazada.