Cuatro claves para entender el 'caso residencias' que Ayuso no logra enterrar

Tres exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) están citados a declarar este martes en un Juzgado de Madrid imputados por un delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria en el marco del caso residencias. Este es el tercer intento de 109 familias para que la Justicia entre de lleno en el asunto: en dos ocasiones anteriores, estos ex altos cargos de Ayuso estaban citados como imputados, pero su declaración fue aplazada por diversas causas. Las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia confían en que ahora los autores del conocido como "protocolo de la vergüenza" —el documento que vetó el traslado a hospitales públicos de miles de residentes— declaren al fin.

Los investigados son Carlos Mur de Víu, firmante del protocolo, quien en marzo de 2020 ocupaba la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, el principal arquitecto de aquel protocolo y sucesor de Mur al frente de ese mismo departamento; y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, el servicio que gestionaba las ambulancias públicas durante la pandemia en la región.

Este martes 9 de diciembre, los tres deberán comparecer como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que instruye la querella presentada por la familia de una residente en Amavir Valdebernardo. Un día después volverán a declarar, esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, en el procedimiento abierto a raíz de la querella de un familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En los procedimientos también se encuentran investigados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.

Lo que sigue son cuatro claves fundamentales para comprender por qué ahora los familiares podrían conseguir que, por primera vez, se investigue la actuación de del Gobierno de Ayuso durante la primera ola de la pandemia. 

1. Los exaltos cargos no aforados

En mayo de 2020 se presentaron las primeras querellas de familiares de víctimas, coordinadas por Marea de Residencias. Las querellas se presentaron, entre otros, contra Ayuso y el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Las querellas se plantearon entonces por los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Los juzgados abrieron en torno a cien procedimientos, pero en ninguno de ellos fue imputado un alto cargo del Gobierno de Ayuso. Lo que analizaron los magistrados básicamente fue la actuación de los directores y médicos de las residencias. Y terminaron archivando de forma sistemática, apoyándose en los informes de los médicos forenses, que no encontraron pruebas de una relación causal entre el fallecimiento de un residente con nombres y apellidos y la actuación realizada en la residencia.

El 10 de octubre de 2024, se abrió un nuevo frente judicial. 109 familiares de víctimas presentaron una denuncia colectiva. Lo hicieron por un delito nuevo, denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, recogido en el artículo 511.1 del Código Penal. El escrito iba dirigido contra cuatro exaltos cargos del Gobierno de Ayuso que no están aforados. Los denunciantes pretendían así evitar que el caso fuera directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), convencidos de que está más próximo al poder político, y además consideraban que era mejor empezar la investigación judicial por los altos cargos directamente implicados en la redacción del protocolo y en el bloqueo de las derivaciones a los hospitales.

Esta nueva vía ha llevado a que al menos ocho Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid (tres de la capital, 1 de Alcobendas, 1 de Collado Villalba, 1 de Getafe, 1 de Leganés y 1 de Valdemoro) mantengan abiertas causas judiciales contra los ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. 

2. Un delito que no requiere relación de causalidad

La nueva denuncia acusa por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. Al contrario que el homicidio o la omisión del deber de socorro, en este delito no es necesario que exista una relación de causalidad, analizan los colectivos de familiares. Lo que hay que probar es que se les denegó la prestación a los residentes porque eran dependientes: tenían dependencia física o deterioro cognitivo. Es decir, por un motivo discriminatorio.

Para la consumación de este delito no se requiere un resultado posterior a la infracción. Lo que se castiga es la denegación de la prestación pública, en este caso sanitaria, con independencia de cuál sea el resultado (con independencia de los efectos sobre la salud de la persona a la que se denegó la prestación).

Así lo recoge textualmente el Código Penal en su artículo 511.1: "Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de [...] su situación familiar, [...] la enfermedad que padezca o su discapacidad".

La denuncia establece que se les denegó la prestación sanitaria en cuatro ámbitos. El primero: no se medicalizaron las residencias, a pesar de que había personal para ello; el segundo: no se les derivó a hospitales públicos, como consecuencia del llamado "protocolo de la vergüenza"; el tercero: no se les trasladó al hospital del Ifema, y el cuarto: no se les derivó a hospitales privados, salvo que tuvieran un seguro médico privado.

3. Hechos nuevos

Los denunciantes acompañaron su denuncia de multitud de pruebas que no habían sido analizadas por los Juzgados, en su mayoría de documentos oficiales del propio Gobierno madrileño.

La denuncia se centra en la actuación del Gobierno madrileño, en los cuatro aspectos antes reseñados. Esto es algo, señalan desde los colectivos, que de momento no ha sido investigado en ningún Juzgado. De hecho, según exponen las asociaciones, esta es la razón por la que no han estado nunca hasta ahora imputados altos cargos del Gobierno de Ayuso.

Esta es una de las cuestiones que más está costando que entiendan los Juzgados, según consideran las familias. Los magistrados, en ocasiones, se remiten al "protocolo de la vergüenza" para decir que los hechos ya han sido juzgados.

Junto a la denuncia, que tiene 160 páginas de extensión, los denunciantes aportaron 60 documentos. Unos pocos ya eran conocidos, como las diferentes versiones del "protocolo de la vergüenza" o varias actas de inspecciones realizadas en residencias por la Policía Municipal de Madrid, pero "muchos son completamente inéditos" y para las asociaciones "absolutamente relevantes para probar la comisión de los delitos que se denuncian".

Destacan, en ese sentido, "informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región". Esos informes, exponen las asociaciones, se empezaron a elaborar el 18 de marzo y "cada uno de ellos contiene miles de datos: desde el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, al número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro".

Cada día, añaden los denunciantes, "la Consejería de Políticas Sociales elaboraba dos informes —uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con las 450 residencias de gestión privada— y cada noche los enviaba a la Consejería de Sanidad, que era la responsable de adoptar las decisiones para frenar el abandono sanitario".

Así, los familiares aportan hasta siete informes, correspondientes a los días 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, además del realizado el 23 de marzo para los centros privados, y solicitan al Ministerio Público que pida al Gobierno madrileño todos los informes que se hayan elaborado. "El análisis de esos informes permite hacerse una idea detallada del abandono absoluto que vivieron las residencias madrileñas", plantean las asociaciones.

La mayoría de los familiares que denunciaron por la nueva vía del artículo 511 del Código Penal ya habían presentado en su día querellas por homicidio y omisión del deber de socorro, que ya están archivadas. En decenas de casos, la Fiscalía solicita que se reabran los procedimientos. Y, para ello, sería clave que los Juzgados interpretasen que estamos ante hechos nuevos.

4. La actitud de la Fiscalía

Con las primeras denuncias, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tuvo una actitud de "pasividad absoluta", según Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. Estas asociaciones recuerdan además que la "deficiente investigación" del Ministerio Público ya fue denunciada en un informe de Amnistía Internacional en enero de 2022. En ese trabajo se afirma: "Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias".

Según publicó Infolibre, de los tres hechos que marcaron la hecatombe en las residencias, la fiscal Lastra excluyó de la investigación todas las decisiones adoptadas por el Gobierno de Ayuso y centró sus pesquisas sólo en lo que hicieron los médicos o directores de geriátricos tras detectar que un residente estaba contagiado. 

Ahora, la mayor parte de los procedimientos han recaído en la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha pedido que se reabran causas archivadas y tiene una actitud más proactiva. Esto es algo que agradecen las familias: "La decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid —recogen en una nota— de reclamar que declaren como investigados los autores intelectuales de la elaboración del conocido como protocolo de la vergüenza y de quienes los firmaron supone dar un primer paso decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid".

Que la Fiscalía mantenga esta actitud proactiva, entienden las familias, es muy importante para que se investigue con seriedad lo ocurrido en las residencias madrileñas durante la pandemia. Aunque sea con más de cinco años de retraso.