El 28 de mayo hay que marcarlo en rojo poque se celebran elecciones autonómicas y municipales en España. Una de las preguntas más frecuentes cuando se acerca un periodo electoral es, ¿cuánto cuesta organizar unos comicios?

La respuesta es más compleja de lo que parece, ya que el costo de la votación varía según la región donde se celebre. El portal iAhorro destaca que las últimas elecciones generales costaron unos 130 millones de euros. A nivel autonómico, el gasto medio es de 2,9 euros por persona. Por ejemplo, al multiplicar el censo electoral de Madrid (unos 4,3 millos de personas) por esa cantidad veríamos que el coste total sería de alrededor 12 millones de euros.

La factura final habría que desglosarla en los diferentes gastos que implican unas elecciones, como la logística, la propaganda electoral, la seguridad o los votos por correo. No obstante, España reduce el precio de los comicios, gracias a que se vota de manera simultanea los representantes autonómicos y locales. Si vamos a Reino Unido, el coste medio es de 143 millones de euros.

A nivel municipal, el precio puede variar según el tamaño de la población. En este caso, para calcular el coste final hay que multiplicar el censo electoral por 0,11 euros. El Tribunal de Cuentas, no obstante, establece que solo el 20% de ese resultado puede destinarse a publicidad (carteles, pancartas, banderolas...). Por ejemplo, en un municipio con 5.980 electores, los partidos podrían destinar una cantidad total de 657,8 euros.

En los últimos años, debido a las varias citas electorales, la Administración ha tenido que sufragar más veces este gasto. Entre 2019 y 2021, los comicios costaron unos 500 millones de euros. A esto habría que sumarle costes adicionales de material sanitario a costa de la pandemia por covid que sufrimos los ciudadanos.

A su vez, los partidos dedican grandes cantidades de dinero durante las campañas electorales. Las formaciones mayoritarias dedican entre un millón y cuatro millones de euros. No obstante, esta cifra oscila mucho, dependiendo de la población de cada región y de lo que fijen los estatutos de cada comunidad, ya que suelen poner un tope a esta inversión.