Los datos contradictorios de las instituciones impiden conocer el mapa de la tortura en España

Las patadas que presuntamente recibió F.J.M. por parte de agentes de la Guardia Civil el 13 de septiembre de 2020 en el municipio sevillano de Utrera han llegado a Europa. También las "discrepancias inexplicables" que, según los enviados por el Comité Europeo contra la Prevención de la Tortura (CPT), mantuvieron los agentes para tratar de explicar lo ocurrido en dependencias de la Policía Local, cuyo jefe resultó ser un guardia civil en comisión de servicio. También constataron otro detalle: las cámaras estaban apagadas.

Este caso forma parte del informe elaborado por dicho Comité, dependiente del Consejo de Europa, con las conclusiones de la visita efectuada a España en septiembre de 2020. "El CPT recomienda que, en lo sucesivo, las autoridades españolas garanticen que todas las comisarías de policía del país estén obligadas a almacenar todas sus grabaciones de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) durante un mínimo de 30 días para garantizar que cualquier denuncia de malos tratos presentada contra los funcionarios de las fuerzas del orden en las zonas cubiertas por las cámaras pueda ser verificada y las denuncias sean desestimadas o investigadas con mayor profundidad", recomendó a la luz de lo detectado en Utrera.

El documento incluye otros testimonios de personas que denunciaron malos tratos ya sea durante su paso por comisaría, en prisión o en centros de menores. En total, el informe documentó 21 casos de este tipo entre mayo y septiembre de 2020. 

El registro de casos por parte del CPT choca con las lagunas que existen en el ámbito de los organismos oficiales sobre el alcance de la tortura. "Hay una falta de uniformidad en los criterios a la hora de recoger los datos, lo que imposibilita la comparación entre las cifras facilitadas por las diferentes administraciones", afirma a Público Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura.

El baile de números en torno a este tipo de casos tiene, según destaca este activista, distintas implicaciones. "Por ejemplo, esta situación impide hacer un cálculo, siquiera aproximado del número total de denuncias por tortura o malos tratos reconocidos por la administración", explica Del Cura. 

De acuerdo a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2013 y 2019 fueron condenadas 448 personas, "una cifra muchísimo más elevada que la reconocida oficialmente por las administraciones estatales, autonómicas o locales, y mayor también que la conocida por las organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan en el Estado español", apunta el experto. 

Sin embargo, esas cifras del CGPJ encierran algunos problemas. Según señala Del Cura, "no se especifican si las personas condenadas por tortura son, todas ellas, funcionarios públicos, ni tampoco al cuerpo al que pertenecen los condenados". 

Según el artículo 174 del Código Penal, el delito de torturas es atribuible a "la autoridad o funcionario público" que, "abusando de su cargo", provocase a otra persona "sufrimientos físicos o mentales" que "atenten contra su integridad moral". Las penas van de uno a seis años de prisión, además de ocho a 12 años de inhabilitación absoluta. 

En junio pasado, la Comisión de Penal de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) se dirigió por escrito al CGPJ para preguntar "cuántas de las 448 personas condenadas por tortura" entre 2013 y 2019 "son o eran funcionarios públicos en el momento de producirse los hechos por os que fueron juzgados", así como el cuerpo al que pertenecía cada uno de ellos. 

La solicitud de información oficial cursada por ALA también buscaba determinar en concreto cuántos de los condenados eran miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de Policías Locales o de cuerpos autonómicos (Ertzaintza y Mossos). 

En su respuesta, el CGPJ respondió que no podía "proceder a realizar las aclaraciones solicitadas", alegando que los datos sobre los condenados por torturas provenían del Instituto Nacional de Estadística del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, "limitándose este Consejo a redifundir los datos oficiales de interés para la Administración de Justicia publicados en la web del INE". 

Cifras que no coinciden

Sin embargo, dichas cifras "no coinciden con los datos facilitados por otras instituciones del Estado", explicaba en su nota la asociación ALA, que citaba concretamente las diferencias entre las cifras aportadas por el CGPJ y las manejadas por la Fiscalía General del Estado y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), situado bajo la órbita del Defensor del Pueblo.

A modo de ejemplo, ALA ponía de manifiesto que en las estadísticas de 2019 "el CGPJ indica 75 personas condenadas por tortura, mientras que para el mismo año el MNPT señala que 'solo' siete personas fueron condenadas por tortura en el Estado". 

Del Cura cita otro dato incongruente. "En 2018 –explica–, el CGPJ recoge 77 personas condenadas por tortura mientras que la Fiscalía General del Estado indica que se año no se dictó ninguna sentencia por delito de torturas". 

El portavoz del Centro de Documentación contra la Tortura subraya precisamente "las contradicciones en los datos aportados por distintas administraciones e, incluso, por una misma administración en fechas diferentes y a requerimientos distintos". 

"Investigaciones eficaces"

En ese contexto, el informe del CPT publicado el pasado martes 9 insta a las autoridades españolas a coordinar "una acción concertada para abordar el problema de los malos tratos por parte de los agentes de la ley. Esto debería incluir un mensaje claro por parte del Ministro del Interior y de los líderes de la policía de que tal comportamiento es ilegal y poco profesional, y que será sancionado en consecuencia", remarcó.

Además, el CPT reiteró la importancia de "una supervisión y formación adecuadas de los agentes de las fuerzas del orden" así como de la necesidad de "llevar a cabo investigaciones eficaces sobre las denuncias de malos tratos", así como que "los oficiales superiores rindan cuentas de sus responsabilidades de dirección". "El corolario de esto es que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean suficientes en número y cuenten con los recursos adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional", apuntó el Comité.