El Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado el informe sobre la actividad de la institución en el año 2020, en el que recopila las quejas y dramas a los que ha tenido que enfrentarse. Este, el año de la pandemia por coronavirus, ha sido un año en el que las reclamaciones han superado los registros históricos, según se recoge en el trabajo, y en el que se han creado, debido a la crudeza de la crisis, nuevos colectivos de exclusión: los "trabajadores precarios expulsados" de la hostelería y del comercio y el de todos aquellos que subsistían en actividades informales. "Necesitamos una administración que nos cuide", analiza Jesús de Maextu, el Defensor.

El parón de la economía, los toques de queda y el cierre del país al turismo se ha cebado en aquellas personas cuyos ingresos dependen de esas actividades –solo el turismo aporta en los buenos tiempos más del 14% del PIB andaluz–. Este año, se han vivido escenas inéditas en los principales monumentos de la Comunidad: la soledad en los alrededores de la mezquita de Córdoba, de la Alhambra, en el barrio de Santa Cruz en Sevilla…

El Defensor entregó este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Ciudadanos), el informe. En él, se identifican varios elementos que, en opinión de Maeztu son ineludibles para tener una Andalucía razonable.

Por un lado, "las políticas públicas pueden reorientarse hacia un modelo de una economía donde se prioricen los cuidados, la atención prioritaria a los sectores especialmente sensibles", se puede leer en el informe. "Esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados. La experiencia de la covid-19 nos ha demostrado que la sociedad debe cuidarse y cuidar a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, las personas dependientes, la infancia y la adolescencia", argumenta Maeztu.

"A nadie se le escapan las posibilidades económicas y de empleo que puede tener una reordenación del mercado productivo: favorecería la conciliación y las oportunidades de trabajo en igualdad de las mujeres, […] así como su aplicación supondría una medida correctora de la despoblación", se lee en el informe.

En él, se hace hincapié también en el desastre de las residencias de ancianos, en las que solo en Andalucía murieron unas 2.000 personas. "Es preciso aplicar medidas preventivas de salud más rigurosas, intensas y sostenidas en el tiempo en los centros residenciales", afirma el informe. En él, se añade que se debe "abrir el debate" sobre el modelo de funcionamiento de las residencias, hoy fundamentalmente en manos de empresas, que aplican, por su propia naturaleza, una cierta lógica del beneficio a una actividad asistencial.

Una tarea inaplazable

Vinculado a este punto, el Defensor considera una "tarea inaplazable", diseñar un sistema de acogida para colectivos de especial vulnerabilidad que se constituya, pero que no sea de boquilla, sino que se convierta en "un verdadero sistema de protección".

"Las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, en definitiva, todas aquellas personas que necesitan una ayuda especifica de la Administración, –afirma Maeztu– se ven perjudicadas por los retrasos en la tramitación o por la falta de financiación. Estos colectivos vulnerables necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado que les marque un itinerario hacia la inclusión".

Por supuesto, Maeztu hace hincapié en la "necesidad" de contar con un sistema sanitario y de servicios sociales de calidad. "De eso trata esta pandemia: Todos nos sentimos más seguros cuando lo público está fuerte y presente. Por esa razón, entiendo que la sociedad en su conjunto aprobaría la necesidad de un reforzamiento de estos servicios públicos", asegura.

Uno de los temas que viene preocupando a la institución que dirige Maeztu es el de la falta de atención de la administración al administrado. "No sé a dónde ir ha sido una de las preguntas recurrentes". "Nadie me escucha ha sido otro de los lamentos más repetidos". "Desorientación, sensación de abandono, desconocimiento de los recursos públicos a su alcance". Todo ello lleva a la institución a concluir que "la ciudadanía se siente más confiada y protegida si sabe que lo público está detrás".

"La covid ha confirmado –abunda Maeztu– la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas, porque las personas se han encontrado con el colapso o mala atención en los servicios de información o reserva de citas, lo que ha aumentado la desesperación de la ciudadanía. Necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente, sencilla, veraz e inequívoca". El servicio público, para la oficina del Defensor, debe proporcionarse con "proximidad, empatía y acompañamiento a quienes sufren desigualdades".

Para el Defensor, es una tarea estratégica también la de combatir la "brecha digital" que "amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social". "Son los nuevos excluidos o analfabetos digitales. La brecha digital afecta a colectivos muy diversos: personas mayores; personas desfavorecidas social y económicamente; las que viven en zonas rurales aisladas o mal conectadas; personas migrantes, personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; etcétera", se lee en el informe.