La derecha torpedea la distribución de menores migrantes: así es el plan del Gobierno

El 28 de agosto, el Gobierno dio inicio a los traslados de aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados alojados en Canarias, Ceuta y Melilla.  Y aunque el Ejecutivo presenta este plan de reubicación para equilibrar la distribución de niños y jóvenes en toda España, el Partido Popular ha decidido sabotear esta medida.

¿Qué ha hecho el PP exactamente? 

Todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular han rechazado el plan del Gobierno. El pasado junio se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, entre las que se encuentran la Comunidad de Madrid y  la Generalitat Valenciana.

Prohens acusa a Pedro Sánchez de falta de humanidad por imponer el reparto de menores sin preocuparse por las condiciones en las que serían atendidos.  También exige un reparto equitativo con el resto de provincias, teniendo en cuenta que Cataluña y País Vasco se quedan fuera de esta última repartición de 4000 menores, por su acogida de migración en los últimos años.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, expresó su malestar ante tal negativa del Govern Balear, defendiendo la idea de que no es “falta de medios”, sino de racismo.

El Govern balear de Marga Prohens ha recurrido al Supremo el traslado de 49 menores. Dicen que no disponen de medios e infraestructura suficiente. Prohens ha solicitado la suspensión cautelar de esta medida del Gobierno.

Tras haber recibido en lo que va de año más de 4.300 personas por vía marítima, los últimos datos apuntan a que se ha producido un incremento de llegadas respecto a 2024.  Algo que choca con las cifras registradas en Canarias. La llegada de migrantes ha subido un 77% en Baleares mientras que en Canarias ha descendido un 46,7%.

Mientras que los tribunales reciben recursos por parte de la derecha y los traslados se ponen en marcha, la presión migratoria no deja de aumentar en rutas migratorias cada vez más peligrosas.

Los menores acaban en un segundo plano entre la justicia y la política, y la confrontación entre partidos sigue bloqueando la gestión de una de las mayores emergencias sociales que afronta el país.