Se visualizó el miércoles en la sesión de control del Congreso y el jueves en la fallida comisión del Senado para analizar la crisis del coronavirus: el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, se encuentran cada vez más solos y corren un serio riesgo de quedarse en minoría en ambas Cámaras durante toda la fase de desescalada.

Los reproches a la actuación del Gobierno se han acrecentado en las últimas semanas por todos los frentes. Desde la derecha se mantiene un durísimo discurso que no excluye la utilización de los fallecidos en la crítica política y que hace alejar cualquier posibilidad de futuros consensos. Pero también existe una evidente deriva hacia posturas contrarias a la actuación del Gobierno desde los grupos que apoyaron la investidura.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya dio un primer aviso serio en la sesión de control al Gobierno, el pasado miércoles, al denunciar que el Ejecutivo ni les informa ni les consulta, para acabar preguntándole directamente a Sánchez cuánto tiempo quiere que dure la legislatura.

Y más preocupante para el Gobierno es la actitud del PNV, que ha abandonado por completo la actitud colaborativa del inicio de la legislatura. El lehendakari, Íñigo Urqullu, ya anticipó que sus seis diputados no apoyarán una nueva prórroga del estado de alarma, palabras que fueron ratificadas el jueves en el Senado con la advertencia de que el Gobierno no cuente con el nacionalismo vasco. Y en esta misma posición está Bildu.

A esto hay que sumar que Ciudadanos ha vuelto a girar sobre sí mismo, y tras mantener una posición colaborativa con el Gobierno al inicio de la crisis, ha empezado a endurecer su discurso y a separarse de la acción del Ejecutivo.

En este escenario, el Gobierno corre el riesgo de que la prórroga del estado de alarma que, previsiblemente, Sánchez pedirá este fin de semana para que vaya al pleno del Congreso el próximo miércoles, pueda no salir adelante. De hecho, todo dependerá del voto del Partido Popular, porque si los grupos que apoyaron la investidura votan no, la cuarta prórroga no saldrá adelante.

El propio Illa admitió este jueves que el Gobierno cree imprescindible esta prórroga del estado de alarma y recordó que de no salir adelante no se podrán restringir derechos fundamentales como la movilidad, por lo que advirtió: "Que cada cual asuma su responsabilidad".

Pero, además, si se mantiene este clima, los numerosos reales decretos y órdenes del Gobierno en vía de tramitación, y los que están por llegar en esta nueva fase de la pandemia, podrían también ser rechazados en la Cámara Alta.

Mucha reunión, poco contenido

Además, a esta soledad del Ejecutivo hay que sumar la creciente indignación entre las comunidades autónomas. Se quejan de falta de información, de conocer a través de ruedas de prensa las políticas que tienen que aplicar, y de que Sánchez hace oídos sordos a la inmensa mayoría de sus propuestas.

En el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha jugado el papel de ser el látigo del Gobierno desde el primer momento, con razón o sin ella. Pero otros presidente autonómicos del PP que empezaron con posiciones más colaborativas -como es el caso del presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla-, están ahora en una postura de claro enfrentamiento con el Ejecutivo y sus políticas.

El Gobierno se defiende diciendo que en esta etapa se han celebrado más conferencias de presidentes que en toda la historia -a través de videoconferencia-, y recuerdan que cada semana el presidente del Gobierno les informa de la situación.

Sin embargo, como expresó hace unos días el presidente de Cantabria en La Sexta, Miguel Ángel Revilla, son reuniones con escasa utilidad en la que el presidente se limita a contar lo que ya saben por los medios de comunicación, cada presidente dice lo que le parece oportuno, y no se adopta ningún acuerdo.

Entre los presidentes del PSOE, a nivel privado, también admiten que la información no está fluyendo bien hacia las comunidades autónomas, pero contienen en público sus divergencias.

En esta situación, o el Gobierno modifica su actitud y hace cambiar de posicionamiento a los grupos, o parece una quimera no sólo la reedición de los Pacto de Estado de La Moncloa, sino alcanzar unos mínimos consensos, por mucho que todos los miembros del Ejecutivo mantenga la actitud de tender la mano y no entrar en el enfrentamiento directo.

De hecho, la Comisión del Congreso en la que se pueden forjar estos acuerdos ya está en fase de constitución, pero la desconfianza y la sensación de que no se va a llegar a nada es la predominante entre todos los grupos, sin excepción.