Las comparecencias de los agentes sociales en el Parlamento de Andalucía arrancaron con bronca, la misma que existe en la comarca y en la Comunidad Autónoma ante una ley que amplía los suelos regables en el entorno de Doñana, que el PP y Vox impulsan sin consenso alguno, a las bravas, con el rodillo, y en contra del criterio de la Comisión Europea y la Unesco, además de la ciencia. Este turno de escucha y diálogo de los parlamentarios con la sociedad civil quedó incompleto, tal y como ha querido el PP, por la ausencia de voces relevantes, como la del director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, otros expertos, asociaciones de agricultores de la zona contrarios a la ley y grupos ecologistas. La CHG rechazó ir y envió a los diputados un contundente informe contra la ley de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Una vez asentados los turnos de palabra, quedaron claras las posturas y que el asunto, como afirmó la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, durante la bronca, no es en absoluto "pacífico". A pesar de la ausencia de voces muy relevantes, las comparecencias revelaron que el apoyo sin matices a la ley que promueve el PP es reducido y que los mimbres jurídicos de la norma son cuestionables. Se habló de pelotazos urbanísticos, de la retirada de la ley y de la falta de agua. "Esto es pura especulación. El precio medio de una hectárea (de secano) son 10.000 euros. Asciende a 80.000 euros para los suelos regables. En lugar de 8 millones, 70 millones de euros" valdrán esas tierras.

El partido de Moreno Bonilla quiso que se escuchara –y esto lo logró– que existen algunas situaciones en la zona –de agricultores que quedaron fuera del plan de 2014 y por tanto, sus riegos están fuera de la legalidad– que, caso por caso, deberían evaluarse. El PP decidió que se oyese por la mañana –esta tarde continúan las comparecencias– el testimonio de un agricultor, investigado por el uso del agua, que expuso sus razones para reclamar que se legalicen sus tierras –encontró de hecho la comprensión del PSOE, que apostó por estudiar caso a caso en el marco del plan de la fresa de 2014, el que regula hoy la zona–.

También convocó a las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que defendieron la ley y su aprobación y a Juan Manuel Ponce, ingeniero agrónomo y empresario, que expuso también que se podrían utilizar depuradoras y que el asunto tenía una solución "técnica". El abogado Javier Domínguez Rodríguez, especialista en empresas del sector agroalimentario, defendió la ley porque pretende corregir situaciones "injustas" y negó que el plan de la fresa tuviera un consenso.

Javier Gutiérrez Padilla, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, insistió en la idea de injusticia. Nadie expuso el número de hectáreas, sí se escuchó el número de hectómetros cúbicos necesarios para arreglar esas presuntas injusticias: cinco. El Gobierno andaluz calcula unas 700 hectáreas y WWF lo eleva a 1.900 hectáreas.

Se escuchó también en numerosas ocasiones el mantra que defiende el PP: que la ley establece que las aguas para los nuevos suelos regables solo serán "superficiales" y que no vendrán del acuífero de Doñana. Sin embargo, no es así, como manifestó Nieto. La ley permite, de hecho, que el agua provenga de cualquier parte, si así lo deciden las autoridades.

También compareció Ana Warleta, jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio en Huelva, quien expuso cómo se hizo el plan de la fresa de 2014, que surgió, dijo, "con la prioridad de proteger las aguas subterráneas". Warleta resumió así la situación: "El plan estaba bien, pero también generó situaciones injustas". El PP convocó a Juan Saura, funcionario jubilado de la CHG, doctor e ingeniero de Caminos, quien dejó meridiano que "no hay agua" y que "los acuíferos de Doñana están sobreexplotados".

Eso sí, Saura habló de trasvases –"la forma más sencilla de traer agua a Doñana es el Guadiana", dijo– e instó a la Junta y al Gobierno a trabajar juntos como en otras épocas. "Esto requiere una política de Estado más amplia", dijo. "El problema de Doñana es ese: los dos gobiernos tienen que trabajar al unísono. Hay casos de injusticias. Se puede hacer un filtro hectárea a hectárea e incorporarlas, pero siempre con la visión del Estado. Hace falta un trabajo de equipo. Ahora mismo no se puede dar agua", remachó.

Voces críticas

Hubo también, en efecto, voces críticas –el PP no llegó al extremo de vetarlas todas–, como las de COAG, CCOO y WWF que defendieron la retirada de la ley y el estudio caso a caso de cada situación y corregir allí donde se pueda corregir, pero no mediante una ley especial, que recalifica de golpe numerosas hectáreas, que pasarán a ser regables, y, por tanto, incrementar su valor y exponerse a la especulación.

"Un puzzle hay que armar ahí, y no un perímetro que da expectativas a fondos de inversión y así [dentro de unos años] estaremos en las mismas: amenazando Doñana y la viabilidad de las explotaciones sociales", resumió Eduardo López, de Coag. López, defensor de la agricultura social y familiar, aportó datos relevantes sobre la comarca. Aunque la mayoría de propietarios tienen menos de 5 hectáreas, el 2,5% posee el 60% de la superficie y el 80% del agua.

"Somos conscientes –agregó López– de que se han quedado explotaciones fuera del plan de la fresa, hay que darles salida. [Pero] este modelo de crecimiento va en contra de la gente que tiene derechos de agua. Doñana tiene un déficit de 6 hectómetros cúbicos y el acuífero va bajando año tras año y hay un riesgo evidente. Si el cambio climático y los expertos tienen razón, se va a producir un aumento del nivel del mar: Doñana puede sufrir. Tenemos que ser serios y buscar una solución [que haga] compatible el regadío con los ecosistemas naturales. Si se retira la propuesta, no pasaría nada. [Para] buscar una solución, primero el agua y luego acondicionar el territorio".

El representante de CCOO afirmó: "No negamos la agricultura. Estamos a favor de la agricultura en el Condado. Lo que decimos es que sea un modelo sostenible. Nuestra propuesta es respetar el plan de 2014, ver los trasvases y solventar los problemas puntuales y por tanto, las injusticias. Doñana es patrimonio de la Humanidad".

Juanjo Carmona, de WWF, entró directamente y fue muy contundente contra la ley: "Les pedimos que retiren la proposición de ley. Es un incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Invade competencias del Estado y es por tanto inconstitucional". Carmona dio voz a los trabajos del CSIC-Estación Biológica sobre Doñana y reprochó que no se llamase a Revilla. "Queremos legalizar cuando no hay agua. Están diciendo que quien cumple la ley pierde". 

Carmona agregó: "¿Se puede hacer una norma de ordenación del territorio sin conocer sus consecuencias? Ha habido atención caso a caso. Otra cosa es que no guste la respuesta. Pero los tribunales no les han dado la razón. El plan de la fresa no ha sido anulado".