La Confederación del Guadalquivir reitera su rechazo a la ley de regadíos de Moreno Bonilla: "Provocará división social"

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha emitido este viernes un informe para reiterar su rechazo a la ley andaluza que pretende legalizar cerca de 2.000 hectáreas de regadío irregular en Doñana. El organismo ha publicado los motivos jurídicos por los que el proyecto legislativo de Moreno Bonilla no se debería tramitar y ha recalcado que el texto es "incompatible" con la planificación hidrográfica de la cuenca y con otras leyes españolas.

La autoridad del agua recalca en su escrito que el proyecto legislativo contradice "de manera expresa" el Plan Hidrológico del Guadalquivir, el cual contempla "un incremento cero del suelo susceptible de obtener concesiones y la continuación de la política de cierre de pozos ilegales". La CHG advierte de que la ley andaluza "tiene por objeto declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua", algo que tilda de "inútil" y de "engaño".

"Resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada, que, tras seis meses de consulta pública del Plan Hidrológico concluidos el 21 de diciembre de 2021, se hicieran por parte de la Junta de Andalucía 12 alegaciones al mismo con un total de 144 páginas sin referencia alguna a ampliaciones de la superficie regable en Doñana y que dos días después, el 23 de diciembre de 2021, se presentara en el Parlamento de Andalucía la primera proposición de ley en este sentido", lamenta el organismo.

A ojos de la Confederación, Moreno Bonilla pretende "compartimentar los regadíos y los ecosistemas de Doñana como si las líneas de un mapa los aislaran físicamente". Esto es algo que contradice el Plan Especial de Ordenación del Regadío, ya que establece que la preservación del Parque Nacional y del Parque Natural se debe realizar teniendo en cuenta que cualquier actuación en un punto concreto afectará a todo el espacio en su conjunto.

El texto deja claro también la incompatibilidad del proyecto de regadío con la ley de trasvase, que establece que no se podrá llevar agua a la demarcación si es para crear nuevos regadíos "fuera del ámbito del suelo agrícola regable" ni para "ampliar o modificar las características" de los cultivos existentes.

"Su aprobación, además, provocaría una división en la sociedad, rompiendo con ello el consenso que se consiguió mediante el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana", concluye el texto.

El documento llega dos días después de que la Confederación haya declinado la invitación para comparecer en el Parlamento de Andalucía en relación a la ley de regadío. También llega en mitad de una semana en la que el Gobierno de Moreno Bonilla ha tratado de acallar las voces críticas de la ciencia y sociedad civil en el proceso de tramitación de la ley.