Operación CariocaEl dueño del prostíbulo Eros acepta una pena de 3 años y medio tras un acuerdo con la Fiscalía y podría no volver a prisión

La Fiscalía ha rebajado de 26 años de cárcel a 3 años y 6 meses la petición de pena para el propietario del prostíbulo Eros, al que acusa de fomentar la prostitución coactiva, atentar contra los derechos de los trabajadores, facilitar la inmigración ilegal y poseer armas de forma ilícita.

La petición de la Fiscalía ha sido reducida tras un acuerdo de conformidad con la defensa del único acusado, José Marcos Grandío Ascariz, en la vista oral del juicio de una de las piezas de la denominada Operación Carioca, cuyo inicio estaba previsto para este miércoles en la Audiencia provincial de Lugo.

La Operación Carioca es una amplia investigación abierta en 2009 por el Juzgado de Lugo para desmantelar una presunta trama de prostitución en la que, supuestamente, estaban implicados como encubridores varios agentes policiales.

El compromiso alcanzado en la Audiencia de Lugo tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial estuvo paralizado por "causas no imputables" a José Marcos Grandío Ascariz, según el acuerdo.

El propietario del club de alterne tendrá que pagar 4.000 euros de multa e indemnizar con 6.000 euros a las mujeres a las que obligó a ejercer la prostitución en su establecimiento.

El abogado José López, defensor del propietario del club Eros, expresó su esperanza de que su cliente no regrese a la cárcel, donde ya ha permanecido 19 meses en prisión preventiva. "Creemos que ya ha sido suficiente la pena sufrida durante la instrucción de la causa", dijo el letrado, quien confirmó haber solicitado la suspensión de la pena de cárcel.

Dilaciones indebidas

Las "dilaciones indebidas" en el proceso han sido un aspecto "fundamental" para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, porque, aunque la defensa tenía "muy enfocado el fondo del asunto", al final optó por ser "pragmática" para que el acusado pudiese "pasar página y rehacer su vida", señaló López.

El abogado advirtió de que "la justicia, si es lenta, deja de ser justicia", y apuntó que los hechos que se juzgaban se remontan al período de 2006 y 2009.

El propietario del Eros contactaba con mujeres extranjeras que atravesaban una situación económica muy precaria y les pagaba el viaje a España, donde las obligaba a prostituirse para poder saldar la deuda que habían contraído.

Durísimas condiciones de trabajo

La Fiscalía considera que las mujeres obligadas a prostituirse en el club Eros "carecían de cualquier derecho inherente a la actividad laboral, al no tener contrato de trabajo, ni seguros médicos," y alega que "descansaban únicamente un día a la semana" y en caso de llegar tarde o de ausencia les "imponía una multa".

El horario de trabajo de las mujeres explotadas empezaba a las seis de la tarde y terminaba a las cinco de la madrugada durante la semana y los fines de semana se alargaban aún más. El precio mínimo del pase de media hora lo fijaba el propietario del club y era de 53 euros y ellas debían pagar 40 al club cada día.

Además, el propietario establecía que durante el periodo de menstruación las mujeres podían descansar "tres o cuatro" jornadas, pero el resto de días estaban obligadas a trabajar y debían utilizar "si era necesario, esponjas vaginales que vendían en el club".

Durante la operación judicial de entrada y registro en el club Eros y en el domicilio del acusado, el 16 de octubre de 2009, las autoridades hallaron dos pistolas con munición.