MADRID.- El diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos defendió ayer [por el martes] la modificación de la Ley de Amnistía de 1977 en la Comisión de Justicia del Congreso. El objetivo era acotar el contenido de esta Ley para que quedara meridianamente claro que la mencionada ley no incluye bajo su paraguas los crímenes de lesa humanidad, las torturas o las desapariciones forzadas que sucedieron durante la dictadura franquista.

La propuesta de Unidos Podemos recogía lo que tantas veces han señalado a España desde diferentes organismos de Derechos Humanos: la Ley de Amnistía no puede funcionar como una ley de punto final de una dictadura. La Proposición No de Ley, sin embargo, fue rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos. La Justicia, por tanto, seguirá teniendo el obstáculo de la Ley de Amnistía para poder investigar los crímenes del franquismo y la impunidad franquista seguirá siendo una realidad.

¿Por qué han presentado esta Proposición No de Ley (PNL) para modificar la Ley de Amnistía de 1977?

Da un poco de vergüenza presentar esta PNL porque no debería ser necesario. Si los jueces o la Fiscalía aplicara el Derecho Interno en relación al Derecho Internacional, lógicamente, no podrían aplicar la Ley de Amnistía, que impide investigar por crímenes contra la humanidad. En este caso, muchas veces se ha esgrimido la Ley de Amnistía como un escudo, un elemento que impedía investigar estos crímenes.

Nosotros no planteamos derogar la Ley de Amnistía para tratar de cuestionar lo que se hizo en 1977. Queremos paliar parte de los efectos de esa Ley, que son esos que ya he mencionado. Si no se estuvieran dando esos efectos, es decir, si hubiera una Fiscalía que investiga, unos jueces que hacen instrucciones normales y pudiéramos establecer los hechos... pues no nos implicaríamos en esto.

Pero desde la ONU también se ha dicho a España que puede incluso investigar los crímenes de lesa humanidad sin derogar o modificar esa Ley de Amnistía. Que los jueces pueden hacerlo. 

El Poder Judicial cuando interpreta este aspecto, sobre todo en la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, dice que es posible que la Ley de Amnistía sea contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se aprobó antes que la propia Ley. Los jueces dijeron que ellos no eran quién para inaplicar una ley, derogarla o declararla nula. La sentencia del Supremo dice expresamente que eso corresponde al Parlamento, a la voluntad popular. Nosotros hemos intentado desde el Parlamento modificar la Ley de Amnistía para que no continuara suponiendo un obstáculo con relación a los Derechos Humanos. Esa era la intención, pero no ha podido ser. 

La PNL ha sido rechazado con los votos del PP, del PSOE y de Ciudadanos. ¿Le ha sorprendido?

En absoluto. El problema es que hay un elemento mítico muy importante. Se asocia la Ley de Amnistía de 1977 a la Transición como un elemento fundacional de la democracia. Los partidos que han estado involucrados en el desarrollo del Estado a partir del año 1975, lógicamente, están involucrados por una ideología generacional. Por lo tanto, lo identifican claramente y se niegan. Lo que hemos pretendido exponer hoy [por el martes] es que nosotros no cuestionamos nada de lo que pasó en 1977. Lo que decimos es que esa Ley de Amnistía está vigente y tiene efectos ahora. En el año 2015 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nos dijo que nos tenemos que plantear derogar la Ley de Amnistía porque puede ser un obstáculo para la aplicación de los Derechos Humanos en España, tal y como establece la Constitución y los convenios internacionales suscritos por España.

No estamos hablamos del pasado. La mayoría de los partidos que han votado en contra están hablando del pasado y no del presente. Nosotros hablamos del presente y de las generaciones que trabajan y viven hoy en España, que no votaron la Ley de Amnistía ni la Constitución y tienen derecho a que el Estado español asuma el acervo de los Derechos Humanos con total naturalidad. Y si hay una ley vigente hoy que puede impedir desplegar ese acervo, habrá que modificarla.

La votación que más ha sorprendido ha sido la del PSOE, que ha votado en contra. Tanto Podemos como los socialistas están colaborando en diversos ayuntamientos y comunidades autónomas para aprobar iniciativas o mociones de apoyo a la investigación de los crímenes franquistas tanto en España como en Argentina. ¿No es esta una contradicción importante?

Hay una contradicción evidente, sí. La sentencia del año 2012 del Tribunal Supremo, que ha sido la que ha invocado el PSOE para votar en contra, lo que está diciendo es que los jueces no pueden declarar nula una ley. La sentencia dice que deben ser los políticos en el Parlamento los que modifiquen esa Ley y no los jueces. La contradicción mayor del PSOE ha sido precisamente invocar esa sentencia para decir que no están a favor de modificar la Ley de Amnistía. Ya no hablo de derogar. Para mi es una contradicción flagrante.

Parece que los socialistas quieren que se investigue los crímenes y cuando el Tribunal Supremo dice que no puede hacerlo por la Ley de Amnistía resulta que el PSOE vota en contra de modificarla. Lo tendrían que explicar ellos, pero yo no sé cuál es la postura del PSOE o cómo piensa hacer para que se juzguen los crímenes del franquismo, que no quiere decir que haya responsabilidades penales en personas concretas. Nosotros queremos que la Justicia, como servicio público, se implique en el esclarecimiento de unos hechos que no son históricos como dice el Supremo, sino que están vivos. Son delitos de lesa humanidad que despliegan sus efectos con carácter permanente hasta el presente. Eso lo dice la legislación internacional de Derechos Humanos. Tenemos que involucrar al servicio público de Justicia en el esclarecimiento de los crímenes franquistas. 

¿La categoría jurídica de crímenes de lesa humanidad o genocidio serviría para juzgar los crímenes del franquismo? Se lo pregunto porque el PSOE, entre otros, ha dicho que esas categorías no serían aplicables en España para juzgar el franquismo.

No me gustaría entrar en un debate jurídico que es rico y complejo desde la política. Creo que ese debate jurídico tiene que darse desde una situación de apertura y no desde una situación en que haya una Ley de Amnistía que impide abrir una puerta al debate. Lo que hay que hacer es abrir la puerta al debate y, a partir de ahí, tienen que ser los agentes sociales, las personas que quieran denunciar hechos, los abogados, los fiscales, los jueces, etc. los que trabajen sin esa traba que suponía la Ley de Amnistía.

No me corresponde a mi desde el ámbito de la política hacer un juicio jurídico. Lógicamente yo tengo una postura personal respecto a ese tema. Pero esto no va a de eso y sí de posibilitar ese debate jurídico. Hubo una querella por prevaricación contra un juez que abrió ese debate jurídico y lo tuvo que abrir en unas condiciones en las cuales ni siquiera se pudo dar. Se cerró la puerta en el Supremo con una interpretación basada en buena parte en la Ley de Amnistía.

España seguirá siendo señalado por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos. Entre ellos, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU o el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff. La lista es larga. ¿Qué sensación le produce que España siga siendo la excepcionalidad?

Lamentable. Es una cuestión tan fácil como permitir que la Justicia actúe. Una Justicia que ahora, en este momento, 40 años después, todo el mundo en el ámbito de las declaraciones públicas asume que es independiente y es imparcial. ¿Qué imagen lanzamos al mundo si los políticos no confían en los tribunales de justicia para esclarecer unos hechos que se proyectan hasta hoy? ¿Qué imagen proyectamos cuando tampoco permitimos que la Justicia de otro país, en este caso Argentina, investigue? Es que simplemente se niegan a hablar de ello. El caso español no resiste cualquier tipo de comparación internacional. Como ciudadano del Estado que soy, estoy completamente avergonzado.

El Partido Popular ha hablado de la edad de los presuntos infractores, pero es que estamos viendo que se juzgan a criminales nazis de 90 años aún hoy. Nadie ha salido con el argumento de la edad. Todo el mundo ha salido con el argumento de qué hizo este/a señor/a y cuáles son los argumentos jurídicos que justifiquen que tenga que haber un reproche penal. Luego ya veremos lo que se hace con él. A lo mejor no tiene que entrar en la cárcel. Ahí entran en juego otros fundamentos del Derecho como el principio de necesidad de pena o el principio de humanidad, que está recogido en el Código Penal. Eso no impide que debamos determinar la responsabilidad que han tenido personas con nombres y apellidos en unos determinados hechos. Sin eso no hay memoria y sin memoria tampoco hay historia. Me resulta vergonzoso.

El diputado del PP le ha reprochado que traer esta propuesta a la Cámara es de "baja calidad democrática" ya que en años anteriores ya se habían rechazado propuestas del estilo. ¿Qué opinión le merece?

No lo tengo a mano pero me gustaría saber cuántas veces el PP ha traído a la Cámara declaraciones sobre la unidad de España. En el Congreso y en el Senado. A mi no se me ocurre decir que eso es de baja calidad democrática. Se me ocurre que dentro de la acción política del PP a ellos les preocupa mucho la unidad de España. A nosotros nos preocupado muchísimo la impunidad de los delitos contra la humanidad y eso lo queremos transmitir a los ciudadanos. No me gustaría tener que preguntar al PP qué iniciativas tengo que traer o no para que me digan si soy demócrata o no. O más demócrata o no.Ese tipo de argumentación pues no me parece sensata. Ni es la clave de lo que tendríamos que estar hablando.

Desde la recuperación de la democracia hay una batalla para acabar con la impunidad del franquismo. Hoy parece que se ha perdido un combate más. No sé cómo lo interpreta usted.

Creo que hay una batalla por la memoria inclusiva y en positivo. En España ha habido muchos tipos de memoria, pero si se me permite la expresión ha sido una memoria selectiva o sectaria, en cualquier caso. Hay una cuestión muy clara: no se puede vivir en paz y en convivencia si no sabemos qué ha pasado, quién lo ha hecho y no determinamos la responsabilidad. Cuando hablo de memoria selectiva es porque no hay una batalla entre los que quieren recordar y los que no. Hay una batalla entre los que quieren recordar unas cosas y los que quieren recordar otras.

La batalla de la memoria inclusiva es una batalla muy solitaria, frente a todo el mundo. Se tienen que establecer los mecanismos básicos de lo que tiene que ser una política de memoria en el Estado. Una política de memoria tiene que ser inclusiva. Tenemos que recordar todo lo que ha ocurrido. No sólo cuando nos afecta ideológicamente. No se puede hablar de víctimas tuyas o mías. Eso es una batalla en positivo. Que no va contra nadie.

¿Cree que España terminará investigando y juzgando los crímenes del franquismo? Y perdone por meterle en la política-ficción.

A tenor de lo que hemos escuchado hoy [por el martes] mucha pinta no tiene. Es una esperanza, un horizonte al que caminamos. Ojalá. Ojalá hubiera una nueva generación que entendiera que efectivamente hay que dejar al lado esos elementos míticos y que tenemos que interpretar el Derecho conforme al acervo comunitario y al acervo internacional de Derechos Humanos. Eso no supone ninguna interpretación de autor o sesgada. Supone interpretar el contexto en el que se sitúa el Estado español. Es una cuestión de voluntad de la Fiscalía, de los jueces y de voluntad política en el Parlamento. Una cuestión de una nueva generación y de una nueva comprensión del marco jurídico en el que nos encontramos. Sin olvidar el elemento emocional. Hay mucha gente buscando a sus familiares y eso es lo que nos mueve: el principio de humanidad.