Las entidades sociales de Alacant se sublevan contra la nueva ordenanza del civismo

La polémica ordenanza de Convivencia Ciudadana de Alacant ya es una realidad, después de que el tripartito de derechas lo aprobara el pasado 25 de noviembre con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. Pero aun así, las entidades sociales que trabajan contra la pobreza y que se preocupan de los colectivos más vulnerables de la ciudad, no piensan rendirse y aseguran que continuarán trabajando para conseguir la derogación.

Charo Moreno, responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas en Orihuela-Alacant califica la aprobación de la ordenanza como una "noticia triste" y recuerda que desde la entidad van enviar cartas a todas formaciones con representación en el ayuntamiento porque votaron en contra. "Si no es suficiente tener que vivir en la calle, ahora, además, ¿tendrán que pagar multas? Porque una multa para orinar en la calle puede parecer muy lógica, pero ¿qué pasa cuando no tienes baño? ¿Cuándo a los bares no te dejan entrar? O, ¿por qué se multa la explotación sexual si se hace en las calles pero en cambio no pasa nada si se hace en las casas? Todo esto se tiene que afrontar desde una mirada de garantía de derechos y no desde una mirada punitiva como hace esta norma", explica esta activista social.

Según los datos de Cáritas, en Alacant hay unas 200 personas viviendo en la calle –"proporcionalmente una cifra mayor que en Barcelona o Madrid", detallan- en una situación que definen como cronificada, sangrante, con mucha afección por la salud mental y con una atención deficitaria. De hecho, Moreno recuerda que "los responsables de garantizar los derechos son las administraciones, no las entidades".

Para justificar la aprobación de la ordenanza, el concejal de Seguridad, José Ramón González, del PP, argumentó que la norma serviría para combatir "las mafias que explotan a personas, menores o mascotas para ejercer la mendicidad (...) o que trafican y explotan a mujeres para prostituirlas". Juan Manuel Agulles, sociólogo especializado en sin hogarismo y conocedor de primera mano de la situación, rechaza esta idea de las mafias de mendicidad. "Todo esto se basa en una mentira. No hay ninguna evidencia de esta situación ni hay causas judiciales abiertas por cuestiones similares. De hecho, la mayoría de mendigos de la ciudad son conocidos de hace años y es obvio que no hay ninguna organización". En cambio, denuncia que "el objetivo es erradicar la mendicidad en la ciudad, sobre todo en el centro": "La ordenanza penaliza el que denomina 'mendicidad coaccionadora', pero es bastante ambigua para dar todo el poder a la policía para interpretar las situaciones".

Por su parte, Emilia Caballero, de la Asamblea 8 de Marzo, pide que "la abolición de la prostitución tiene que llegar por la vía que el estado de bienestar y sus derechos llegan a las mujeres en situación de explotación y, en cambio, esta ordenanza penaliza las posibles víctimas y las aplica unas medidas que no impide la explotación sexual sino que genera una mayor vulneración de derechos".

Más allá de las multas, Agulles recuerda que la nueva norma también prohíbe muchas de las acciones de supervivencia de la gente sin hogar, como acampar o coger agua de las fuentes. "Penaliza la vivienda irregular, que es un fenómeno que vivimos bastante y que, además, está creciendo desde después de la pandemia".

Ante la oleada de críticas que levantó la tramitación de la ordenanza –bloqueada durante casi un año por las dudas de Ciudadanos, que finalmente optaron por no defenderla durante el pleno en qué se aprobó-, el Ayuntamiento de Alacant la ha acompañado de un Plan de Inclusión 2020-2030, para responder "a las exigencias de ayudas por parte de los colectivos más desfavorecidos". Este plan, pero, tampoco acaba de convencer a la gente que vive la situación sobre el terreno. "De hecho, el anterior gobierno municipal había abierto un programa de diez viviendas sociales para gente sin techo, y el anterior equipo lo cerró dejándolos a todos en la calle", explica Agulles. "Durante el confinamiento abrieron una ala del centro juvenil para alojar todo el mundo quien estaba en la calle, pero una vez acabado, lo cerraron, mientras que el centro de acogida municipal continuaba restringiendo nuevas admisiones por la pandemia". Charo Moreno coincide con Agulles cuando recuerda que "la pandemia demostró que se podían tomar medidas".

Otra entidad que realiza una importante tarea social es la asociación de vecinos del barrio de Requena, con un banco de alimentos que atiende a 200 familias diariamente además de seguimiento de gente mayor que vive sola, clases de refuerzo escolar o de idiomas para migrantes. "En el barrio tenemos quizás un 50% de la gente que está viviendo ocupando las viviendas, enganchada a la luz irregularmente, y aquí nadie hace nada. Por no hacer, el Ayuntamiento no nos ha querido ni ceder un local que tienen vacío para que la asociación de vecinos podamos hacer nuestro trabajo. La única ayuda que hemos recibido fueron 2.700 euros, que dimos íntegramente en las escuelas del barrio para que pudieran comprar material. Esto es una vergüenza!", se lamenta el presidente de la entidad, Antonio Colominas, que también se queja que "por aquí van pasando los políticos y todos se sorprenden de la situación del barrio pero después nadie hace nada. Aquí no nos ayuda nadie". Colominas denuncia que los servicios sociales "nos derivan a nosotros los casos. No hacen nada", y recuerda que "nadie se está en la calle por gusto. Detrás cada persona sin casa hay una historia".

La ordenanza de Sonia Castedo

La actual ordenanza de civismo es una recuperación de la norma que ya aprobó en el 2011 la alcaldesa popular Sonia Castedo –encausada en diferentes tramas corruptas- pero con más artículos y multas más duras. El 2015, esta fue anulada por la coalición de izquierdas que gobernó la ciudad durante una sola legislatura. Con el retorno del PP –ahora con coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox-, el nuevo alcalde Luis Barcala recuperó la norma. Aun así, la tramitación ha sido parada prácticamente un año, sobre todo por las dudas de Ciudadanos ante algunas de sus medidas, que, al final, han acabado aceptando.