Después de semanas de negociación y un primer documento frustrado por el desmarque a posteriori de Junts per Catalunya por las presiones internas de los sectores más radicales del partido, este martes ha llegado finalmente casi in extremis –a pocos minutos del cierre del registro del Parlament y con la fecha del 31 de mayo como tope marcada por los tribunales- lo que debería ser el acuerdo definitivo entre la gran mayoría parlamentaria que forman PSC, ERC, Junts y comuns para hacer frente a la sentencia que impone el 25% de castellano en la escuela. Esquerra, Junts, PSC y En Comú Podem han cerrado el acuerdo que, según las fuentes consultadas, garantizará la presencia de la lengua catalana en la educación como vehicular y de aprendizaje. Y que tanto el catalán como el castellano serán lenguas de uso curricular educativo.

Ante la ruptura del consenso tras el acuerdo del pasado 24 de marzo, los cuatro grupos parlamentarios han optado por la creación de un nuevo texto, que se ha traducido en una nueva ley. La proposición de ley de uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. De este modo, no existe ninguna reforma de la Ley de Política Lingüística como se había acordado en aquella ocasión sino un nuevo texto legislativo que marcará la utilización de las lenguas en el ámbito educativo de Catalunya. El apoyo político a la iniciativa es muy amplio ya que los cuatro partidos del acuerdo suman 106 diputados de los 135 del Parlament, cerca de 79% de la cámara.

Libertad para cada escuela

Finalmente se ha optado por no explicitar ningún rechazo a los porcentajes lingüísticos en la nueva ley, ya que esto podía chocar con la sentencia del 25% dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el PSC no era partidario. En su lugar se establece que el alcance de la presencia de las lenguas en la enseñanza "se debe determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de forma singularizada para cada uno de los centros educativos". Por tanto cada centro decidirá el uso de las dos lenguas en función de su contexto sociolingüístico y de su programa educativo, pero el Govern aprobará un decreto con el que asumirá su responsabilidad para proteger a las direcciones de las escuelas en caso de pleito judicial por desacuerdo con el programa lingüístico establecido.

La norma establece que el catalán, "es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado". Además, se indica que "la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos para que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria".

La nueva norma legislativa se aprobará en el pleno previsto para esta misma semana por trámite de urgencia y lectura abreviada y se complementará con un decreto ley que aprobará al Govern en un Consell Executiu extraordinario esta misma semana. El decreto blindará las direcciones de los centros de responsabilidad jurídica en la aprobación de los programas educativos de los centros escolares que regularán la utilización de las lenguas. El decreto está directamente relacionado con la nueva legislación lingüística en materia educativa.

A la espera de las decisiones judiciales

Sin embargo, habrá que esperar a la resolución judicial de las previsibles demandas que se presenten sobre el incumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en la escuela. El propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido de que no existe ninguna garantía de poder frenar la sentencia pero fuentes del Govern consideran que el Departament d'Educació tendrá ahora muchas más herramientas para defender la aplicación de criterios pedagógicos y no judiciales en los proyectos educativos de las escuelas. Herramientas jurídicas que además estarán soportadas sobre una gran mayoría del Parlament. Los grupos de la derecha, PP, Cs y Vox, ya alertaron de que no permitirán "el intento de driblar" la sentencia que consideran supone la proposición de ley.

Satisfacción de los cuatro grupos

Los cuatro grupos que firmaron el acuerdo manifestaron su satisfacción. Han celebrado que el acuerdo al que han llegado con PSC, ERC y JxCat es "sólido" y "rehace consensos". Tras intensas negociaciones a contrarreloj, los cuatro grupos han llegado a un entendimiento y "el texto se ha enriquecido" respecto al acuerdo inicial. "Hemos podido escuchar a la comunidad educativa; se fija que los criterios pedagógicos son los que deben primar al decidir cómo deben combinarse la presencia de las lenguas oficiales y fija que el catalán es la lengua vehicular", aseguran.

La CUP se desmarca de entrada

A la espera de conocer los detalles del texto legislativo definitivo que han acordado los cuatro partidos, la CUP insistió en que no avalará ninguna ley ni decreto que contemple el castellano como lengua vehicular. "Va en contra del consenso del país", ha expresado la diputada Laia Estrada. Los anticapitalistas apuntan a que el Govern debería legislar para "proteger" la lengua, y no en base a la sentencia. También lamentan que se deje bajo la responsabilidad de los centros los proyectos lingüísticos, ya que esto "abre la puerta a situaciones de segregación", y que debería ser el Departament dEducació quien se encargara de ello.

"Estamos en un marco diferente, no de sentarnos para ver cuál es el mejor traslado que hacemos a la sentencia, sino para ver cómo nos confrontamos", argumentó.