Exposición Internacional de ZaragozaUn error del PP con la Expo le cuesta dos millones al año al Gobierno de Aragón

Un error del ejecutivo PP-Par de Luisa Fernanda Rudi va a costarle alrededor de dos millones de euros anuales al Gobierno de Aragón, que va a tener que empezar a pagar esa cantidad, más los atrasos de al menos cuatro años, al Ayuntamiento de Zaragoza por el IBI de los edificios emblemáticos del recinto de la Expo del agua de 2008. 

La disputa se remonta a 2012, cuando el ejecutivo de Rudi decidió catalogar como BIC (Bien de Interés Cultural, el equivalente de un monumento) ocho de los edificios principales de la muestra para evitar el pago del IBI que en aquellos tiempos le reclamaba el consistorio que presidía Juan Alberto Belloch (PSOE con apoyo de Cha e IU), y cuya factura superaba los 1,8 millones de euros anuales. 

El ayuntamiento, en un pleito cuya postura siguió defendiendo después el equipo de ZeC (Zaragoza en Común) de Pedro Santisteve, impugnó la catalogación como BIC de los pabellones de España y de Aragón, la Torre del Agua, el Palacio de Congresos, el Hotel Íberus, el Pabellón Puente, la pasarela del Voluntariado y el Puente del Tercer Milenio, que quedaban exentos del impuesto, alegando varios defectos de forma: la caducidad del expediente por haberse extendido los trámites más tiempo del que permite la legislación, la falta de algunos informes y la apariencia de "desviación de poder" en la aprobación. 

La disputa se remonta a 2012 cuando ocho edificios fueron catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC)

"El trámite ha de entenderse y declararse caducado", señala la Sala de lo Contencioso del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón), que declara "la nulidad del decreto impugnado, por no ser conforme a derecho" al haber tardado el Gobierno de Aragón más de 18 meses, que es el máximo que permite la ley, entre la incoación del expediente el 28 de diciembre de 2012 y la publicación del decreto en el boletín oficial de la comunidad el 18 de julio de 2014. 

La sentencia, recurrible ante el Supremo, conlleva la obligación de comenzar a pagar el IBI y de desembolsar los retrasos; con total seguridad los de los cuatro años anteriores, lo que ronda los ocho millones de euros, y, según explicaron fuentes jurídicas, probablemente también los de ejercicios anteriores si se considera que el recurso interrumpió su prescripción. No obstante, existen dudas sobre la consideración de la pasarela y del Puente del Tercer Milenio, que enlaza los populosos barrios de Delicias y el Actur, como propiedades privadas

Las pifias millonarias en torno a la Expo

La decisión del TSJA conlleva, además de la decisión sobre los BIC y el IBI, otras lecturas. Tres, al menos, y dos de ellas con más de pifia que de otra cosa. 

La primera pone sobre la mesa la existencia de otro costoso error de gestión del ejecutivo PP-Par de Rudi, con antecedentes como la millonaria condena en costas en un pleito contra el Gobierno central por las mermas tributarias o, en este caso sin consecuencias monetarias directas, el desbarajuste contable para enmascarar el desmesurado déficit que hace tres años constató la Audiencia Nacional. 

Otra recuerda la peculiar manera con la que el ejecutivo PSOE-Par de su antecesor, Marcelino Iglesias, saldó una anterior demanda de 700 millones al Estado también por las mermas tributarias: la comunidad acabó quedándose, entre otros bienes, con varios de los edificios por los que, antes de haber logrado darles un uso estable en algunos casos, va a comenzar a tener que pagar el IBI. 

Aragón también se quedó en ese acuerdo con la participación estatal en la Expo, que ya ha requerido un rescate de más de 110 millones de euros. Esa operación fue previa al de las plataformas logísticas de Zaragoza (58 millones), Huesca (39) y Teruel (10) y al del endeudado consorcio Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), todos ellos realizados en 2016. 

¿Por qué no da noticias favorables el equipo de Azcón?

La tercera lectura corresponde al ámbito local: la resolución, a la que ha tenido acceso Público, es anterior a la campaña de retórica catastrofista sobre la situación económica del ayuntamiento que a la vuelta del verano emprendió el actual equipo de gobierno, formado por PP y C’s bajo la supervisión de Vox, ninguno de cuyos miembros ha dado noticia de esta sentencia favorable a los intereses de la ciudad. 

La versión oficial, cuya cadencia repetitiva se acerca a la de los mantras, habla de una "losa enorme" que pesa sobre las cuentas municipales por "la negligente gestión" de "los gobiernos de la izquierda" de los últimos 16 años, aunque eso no impide que el equipo de gobierno haya disparado el gasto en asesores. 

El último episodio de esta campaña por capitalizar el relato sobre la situación económica emprendida por PP y C’s tuvo lugar el lunes, cuando la vicealcaldesa Sara Fernández y la concejal de Economía, María Navarro, presentaban la auditoría que tradicionalmente sigue a los cambios de color político en las instituciones.

"La auditoría de la Intervención General revela más de 100 millones pendientes de pago en 2019", anunciaba el comunicado oficial del ayuntamiento unos minutos después de que Navarro (PP) asegurara que "la situación es diabólica". Sin embargo, las conclusiones de los interventores apuntan más bien en otra dirección; concretamente, hacia un amplio margen de maniobra económica. 

"La ejecución del gasto resulta proporcionalmente muy inferior a la de los ingresos", concretamente en 320 millones frente a 415 en un presupuesto de poco más de 700, por lo que "podría cerrarse el ejercicio 2019 con una Capacidad de Financiación cercana a los cien millones de euros y con una posibilidad de incrementar el gasto no financiero superior a los treinta y cuatro". Es lo que se conoce como previsión de superávit: casi cien millones disponibles y otros 34 accesibles.

El equipo de Azcón le lleva la contraria a la Intervención

"Esos son los límites [de los] que dispone el [equipo de] gobierno no sólo para la modificación del Presupuesto sino, especialmente, para hacer frente a la ejecución del vigente y a la asunción de los gastos derivados de pasivos contingentes que puedan materializarse antes de final de ejercicio", añaden los interventores, quienes, con esas palabras dan por conjurado el agujero anunciado por la coalición conservadora. Lo que hay, en realidad, es más un amplio margen de maniobra que una carencia. 

El informe plantea, por otra parte, una clara discrepancia entre el órgano de fiscalización y el equipo de gobierno en cuanto a la deuda municipal. "Aplicando el criterio mantenido por esta lntervención General y por la Jefatura de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería", el endeudamiento ascendería a 759,5 millones de euros: 674,7 del consistorio en sí y 84,7 derivados de las inversiones en el consorcio del tranvía, señala el documento, que añade que, siguiendo los planteamientos del Ministerio de Hacienda, que incluye compromisos de pago todavía no generados, esta se elevaría a 863,6 al atribuir al tranvía 188,8. 

El equipo de gobierno que dirige Jorge Azcón ha optado por retirar el recurso presentado por ZeC y pasar a aplicar la segunda, lo que, además de suponer una discrepancia de calado con los técnicos municipales, limita la capacidad de acceso a la financiación para el ayuntamiento. 

Tanto en un caso como en otro, lo que sí confirman los datos es la notable reducción de la deuda municipal registrada en la anterior legislatura con el equipo de gobierno de ZeC y con Fernando Rivarés, hoy en Podemos-Equo, como responsable de Economía: pasó de 834,4 millones a 674,7, algo que, al mismo tiempo, redujo de 27,6 a 12,8 millones de euros anuales la factura de intereses que se lleva la banca. 

El concejal del PSOE Horacio Royo, que destacó que los datos de la auditoría "no tienen nada nuevo ni desconocido", emplazó a PP-C’s "a afrontar los problemas, a ponerse a gobernar, porque ya ha acabado el tiempo de los lamentos, de llantos y de discusiones".