El litigio del PP contra la reforma fiscal de Zapatero le cuesta 37 millones a Aragón

ZARAGOZA .- Las tesis fiscales del Gobierno aragonés PP-Par de Luisa Fernanda Rudi le están saliendo caras a la comunidad autónoma: el Tribunal Supremo ha elevado por encima de los 37 millones de euros la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le impuso al rechazar su demanda por las llamadas mermas tributarias, en la que reclamaba una compensación por la reducción de ingresos que se derivó de las rebajas tributarias de la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

El pleito, que incluye la peculiar estampa de un Gobierno de derechas demandando a uno de izquierdas por bajar los impuestos, tiene su origen en la reforma fiscal que el ejecutivo central comenzó a aplicar en 2006, y que, según sus propias estimaciones, le supusieron a la Hacienda aragonesa una merma de 369,9 millones de euros en los dos ejercicios siguientes. Las rebajas afectaron al IVA, a Patrimonio, a Impuestos Especiales, a Sucesiones y a Donaciones, además de incluir exenciones en cancelación de hipotecas y en algunas operaciones societarias.

La reclamación inicial, fechada en octubre de 2011, fue una de las primeras iniciativas de calado en materia económica del equipo de Rudi; en este caso, de su consejero de Hacienda, Mario Garcés. La dirigió contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que la recibió con las Cortes ya disueltas y la dejó sobre la mesa. La resolvió el ejecutivo de Rajoy, que la desestimó alegando que no podía dar a Aragón un trato diferenciado basado en decisiones unilaterales.

El Gobierno autonómico PP-Par recurrió esa decisión ante el TSJM, cuya Sala de lo Contencioso consideró “evidente, sin que sean necesarias mayores disquisiciones jurídicas, que la pretensión (…) carece de fundamento legal, siendo un mero desiderátum”. Y le impuso, también sin matices, las costas del proceso, que, en este caso, suponen el 10% de los 369.997.353 euros de la reclamación.

La comunidad recurrió al Supremo con la esperanza de que, aunque el tribunal no avalara por completo sus tesis, lo hiciera al menos parcialmente y eso le permitiera levantar la condena en costas del TSJM. No tuvo éxito.

La sentencia que zanja el proceso, a la que ha tenido acceso Publico, desestima el planteamiento del ejecutivo PP-Par, le afea que hubiera “obviado” la posibilidad de buscar una acuerdo con Madrid y le impone de nuevo las costas. En esta segunda ocasión las limita a 4.000 euros, con lo que la factura final supera los 37 millones de euros.

En la sentencia, el Supremo hace suyo el pasaje en el que el TSJM indica que el Gobierno de Aragón “no ha sabido ni podido” rebatir la “contundente respuesta” del ejecutivo central, cuya “corrección jurídica”destaca.

El Estatuto de autonomía de Aragón contempla que las modificaciones de las normas tributarias estatales que puedan suponer una merma de ingresos o un aumento de gastos para la comunidad “determinarán la adopción de las medidas de compensación oportunas” según “el principio de lealtad institucional”.

Sin embargo, el Consejo de Política Fiscal, el órgano en el que el Ministerio de Hacienda trata con las 17 comunidades los asuntos de financiación, acordó en 2009 que las eventuales mermas deberían ser objeto de una liquidación acordada en ese mismo foro “con carácter general y de manera homogénea”, señaló el TSJM, que consideró que la negativa de Madrid a compensar a Aragón no vulneraba el Estatuto.

Es decir, que la financiación autonómica, tal y como ahora ratifica el Supremo, no puede hacerse a la carta y de manera unilateral. “La suficiencia financiera de las comunidades autónomas (…) exige la necesidad de una visión conjunta del sistema”, anota, que “excluye el pretendido automatismo”.

Este no es el primer varapalo que los tribunales dan en diferido al Gobierno PP-Par de Luisa Fernanda Rudi. La Audiencia Nacional constató hace tres meses el desbarajuste contable con el que intentó justificar 244 de los 666 millones de déficit que, pese a hacer bandera de la austeridad, había acumulado en 2013.

Y tampoco es el primer asunto relacionado con mermas tributarias de la Hacienda aragonesa que llega a los juzgados. El anterior, en el que el Gobierno PSOE-Par de Marcelino Iglesias reclamaba cerca de 700 millones por rebajas fiscales de la época de Aznar, fue saldado años después con el ejecutivo de Rodríguez Zapatero mediante un acuerdo por el que la comunidad asumía propiedades estatales basadas en unos 300 millones.

Aragón se hizo así, en 2010, con el pueblo pirenaico abandonado de Búbal, con las sedes del Banco de España en Huesca y Teruel, con el edificio de La Caridad y con los inmuebles de propiedad estatal en la Expo –salvo el pabellón de España- y la participación del Gobierno en la sociedad que gestionó la muestra, que ha tenido que ser rescatada por la comunidad al encontrarse en una su situación cercana a la quiebra.