¿Qué se esconde tras el ataque mediático, digital y judicial contra Ada Colau?

Es el turno contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; no hay dos sin tres. Tras semanas en las que gran parte de los medios de comunicación, y de la esfera digital y política en España, han dado alas a sendas campañas de desinformación contra Irene Montero y Alberto Garzón, hace unos días le tocó a la regidora catalana afrontar un proceso judicial y mediático por un presunto delito que ya fue archivado en el 2021 por la misma causa, pero diferente acusación.

¿Cuál es el motivo de la denuncia a Ada Colau?

La Asociación fantasma para "la transparencia y la democracia" presentó una denuncia muy similar a la de otra asociación llamada Abogados Catalanes por la Constitución, que ya había sido archivada hace pocos meses. Una alegación que hace referencia a los mismos convenios y expedientes. De hecho, en ambas se acusa al Gobierno de Ada Colau de conceder ayudas públicas a asociaciones afines, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recibió una subvención a través del Observatori DESC.

Sin embargo, se da la circunstancia de que, como se puede ver en su web, esta ayuda procede de un convenio firmado con el Gobierno anterior de Xavier Trías, en el año 2014. Un convenio que sigue vigente en la actualidad.

La asociación demandante contra Colau nació en abril de 2017, mes en el que bombardeó a denuncias el proceso para aprobar el reglamento de participación ciudadana del consistorio de Barcelona -previo al proceso de remunicipalización del servicio de agua en la ciudad-.

Esta misma entidad actuó de igual forma contra el Ayuntamiento de Valladolid para oponerse a la remunicipalización del servicio de agua, que estaba en manos de Agbar. En este conflicto la asociación fracasó en su empeño, lo que derivó en un beneficio de más de 13 millones anuales de euros para el ayuntamiento vallisoletano, según el propio consistorio.

¿Quién hay detrás de la asociación fantasma denunciante?

La web de la Asociación para la transparencia y calidad democrática no contiene ninguna información sobre los miembros o las finanzas de dicha entidad. De hecho, lleva sin actualizarse desde hace tres años y registra solo cinco publicaciones desde su nacimiento. La primera, en abril de 2017 y, la última, en 2018. Sus redes sociales están inactivas desde hace casi un año y en la dirección postal que se indica, en la Avenida Diagonal de Barcelona, no hay ningún cartel distintivo. Tampoco hay nadie físicamente en ella.

El servidor e IP de dicha web, tal y como ha podido comprobar Público, coincide con el de la Fundación Agbar, el grupo beneficiario del suministro de agua en Valladolid y Barcelona hasta su municipalización.

Esta fue la asociación que denunció sin éxito a los ayuntamientos de Barcelona y Valladolid para evitar, precisamente, que Agbar perdiera ese contrato de aguas en ambas ciudades. Además, la propia empresa Agbar había interpuesto anteriormente otras tres denuncias contra Ada Colau, que fueron archivadas.

El imperio Agbar

Es difícil analizar la red de sociedades (más de 150 empresas) y fundaciones en torno a Agbar, un grupo empresarial privado, filial de Suez España, encargado de la gestión integral del ciclo del agua, que opera desde 1975 y tiene su origen en Aguas de Barcelona.

Antes de su constitución como Agbar, recibió durante el franquismo (1953) la concesión de la gestión de las aguas del río Llobregat. Más recientemente, obtuvo una participación mayoritaria en la empresa mixta creada en 2012, sin concurso público y con aspiración de gestión hasta 2047. Esa empresa mixta queda repartida en un 80% para el grupo Agbar y el 20% para el Ayuntamiento de Barcelona.

Algo más sencillo es rastrear sus multimillonarios contratos con la Generalitat. Solo durante el periodo del socialista José Montilla, la empresa recibió más de 180 millones de euros desde la consejería de Medio Ambiente dirigida por Francesc Baltasar, asesor en algún momento de Agbar, según informó El País en 2012.

Además, tal y como acreditó la Cadena Ser, Agbar no pagó el canon del agua durante más de 20 años en algunas de sus empresas filiales, lo que le permitió un ahorro de más de 30 millones de euros.

Público ha intentado, de manera reiterada y sin éxito, ponerse en contacto con diferentes miembros del equipo de comunicación de la empresa de aguas para conocer su versión y el alcance de su relación con la asociación fantasma que ha presentado la demanda contra Ada Colau.

La difusión mediática

Por otro lado, la Fundación Acuorum de Agbar tiene entre sus miembros a Eva Moll de Alba, que en la actualidad es directiva y miembro del consejo editor de Crónica Global y Globo Media Group, donde se encuentra la web que publicó las noticias más virales contra Ada Colau en este reciente ataque mediático: Metrópoli Abierta.

Este medio difundió varias informaciones contra Ada Colau y otras favorables a Agbar. Entre las primeras se encuentra la noticia falsa sobre el inexistente alojamiento de la alcaldesa en un lujoso hotel de Andorra. Un bulo que desmontó la propia alcaldesa, ya que ella misma colgó fotos en un parque de Barcelona tomadas los días del supuesto viaje andorrano. La noticia fue distribuida por cientos de cuentas, entre ellas la del periodista Carles Enric y la independentista On Vas Barcelona, que es la más tuiteada por los bots independentistas anti Colau, al mismo tiempo que difunde masivamente las noticias contra Colau de Metrópoli Abierta.

En paralelo, Agbar financió y dirigió la formación a los jueces en España en temas relacionados con el agua tras llegar a un convenio con la anterior junta directiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acuerdo colgado en su web con vídeo incluido. Desde el CGPJ han confirmado a Público que este convenio ya no está vigente y se reservan cualquier declaración sobre iniciativas de anteriores equipos del Consejo.

Al igual que sucedió con el ataque coordinado contra Alberto Garzón por el lobby de las macrogranjas, la acción de lawfare y mediática impulsada según todos los indicios desde el lobby de la privatización del agua desencadenó que toda la derecha saliera a pedir la dimisión de Ada Colau.

Solo en Twitter hubo unos 110.000 tuits mencionando a Colau por esta demanda en más de 40.000 cuentas. Más del 50% pertenecía a la comunidad bulocrática de derechas habitual, en la que predominan trollstars anónimos y adictos a la mentira como Toni Cantó. Mientras, la comunidad independentista anti Colau representó el 23% de la conversación, y aquí destacaron precisamente Pilar Rahola, colaboradora de Risto Mejide, y la principal cuenta difusora de Metrópoli.

Las cuentas que pusieron más tuits pertenecen a la comunidad independentista, y entre ellas se encuentran mensajes contra la alcaldesa de Barcelona con varios millones de tuits y con claros indicios de estar automatizadas (como hacer varios tuits o retuits por segundo). Toda su actividad es retuitear o todos sus seguidores tienen un número similar de seguidores y seguidos. Los mismos indicadores encontramos en las cuentas que más tuits publican de la comunidad de derechas nacional.