España o por qué es imposible promover una consulta oficial sobre la monarquía

El 43,8% de los españoles considera que urge celebrar un referéndum sobre la continuidad de la monarquía parlamentaria como forma de Gobierno, mientras que el 36,1% descarta esa posibilidad, según datos de un sondeo de 40dB encargado en 2021 por la Plataforma de Medios Independientes. La encuesta también refleja la poca confianza de la ciudadanía en la Corona, que suspende con una nota de 4,1 sobre 10. Los resultados de los barómetros posteriores –encargados por la prensa– bailan ligeramente en función de la cabecera que pone el dinero, pero todos coinciden en dibujar un marcador cada vez más ajustado. ¿Qué opinan los españoles sobre la instauración de una república?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene las herramientas para sacarnos de dudas, pero dejó de preguntar por la valoración de Zarzuela en 2015, cuando la ciudadanía le otorgó a Felipe VI su primer suspenso. Es cierto que el actual jefe del Estado mejoraba ligeramente la nota de su predecesor –el emérito había tocado suelo al conseguir un 3,7 en los sondeos de 2013 y 2014–, pero el miedo al declive hizo que la pregunta desapareciese de las encuestas. Desde entonces, no se han vuelto a tener datos oficiales y tampoco se ha podido establecer una comparación precisa entre la gestión de los dos monarcas. 

El CIS lleva una década sin peguntar por la monarquía

España es un país particular. La Constitución Española no permite plantear ninguna consulta o referéndum sin la aprobación del Gobierno –aunque el procedimiento es más laxo que en otros países–. No existe ningún vehículo de participación que permita llevar a cabo una consulta ciudadana sobre la forma de Gobierno que preferimos los españoles. El Tribunal Constitucional (TC) lo dejó claro con el referéndum de autodeterminación del 1-O en Catalunya, cuando se pronunció para recordar que solo el Gobierno puede proponer cierto tipo de consultas. "La competencia para convocar un referéndum es del Estado", señala Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidade de Santiago de Compostela. 

La Carta Magna sostiene que para llevar a cabo la consulta es imprescindible un amplio consenso parlamentario. El referéndum no puede salir adelante sin el visto bueno de 233 diputados del Congreso y 177 senadores, que tienen que avalar primero una reforma constitucional. El siguiente paso es disolver las Cortes y convocar elecciones. Las nuevas cámaras tienen que apoyar la reforma con el mismo –o mayor– número de votos, según establece el artículo 168 de la Constitución. El texto incluye este supuesto entre aquellos que exigen una "reforma agravada" de la Carta Magna.

La Constitución como guardaespaldas

"Es realmente complicado, porque hacen falta los votos a favor de dos tercios tanto del Congreso como del Senado. Si mañana alguna fuerza política que tuviera mayoría quisiera convocar un referéndum, tendría que seguir este procedimiento. El artículo 168 protege a la Corona. Los grupos que apoyan la república, que son Sumar y los nacionalismos, tendrían que tener mayoría. En el actual contexto político, esto no parece previsible", añade el profesor Blanco Valdés. El PP y el PSOE se han posicionado en contra de modificar la Carta Magna para cambiar el actual sistema gubernamental. Sin el sí del bipartidismo, las cuentas no salen.

"No sabemos lo que se votaría en un referéndum, pero hace falta ese dato"

La monarquía parlamentaria como forma de Gobierno viene recogida en el artículo 1.3 de la Constitución. El texto prevé y regula su propia reforma –total o parcial– y la del sistema político español. "La monarquía está especialmente protegida, pero esto no quiere decir que no sea reformable. La jefatura del Estado es la clave de bóveda de la gobernanza institucional de todo el sistema. Su garantía de estabilidad, solvencia de país y reconocimiento internacional explican su especial protección", precisa Paco Llera, catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. Además de la mayoría cualificada de las dos cámaras, los cambios deberán ser sometidos a referéndum y tienen que recibir la aprobación de la ciudadanía española.

"La Constitución Española se ha reformado poco, pero esto no solo tiene que ver con la dificultad del proceso. El texto habla claramente de un gran pacto constituyente que sienta las bases de la democracia moderna y tiene como pilares la pluralidad democrática, la unidad de España y la Corona. Esto es relevante porque modificar la forma de Gobierno no es lo mismo que reformar aspectos menores, supone romper con una de las principales líneas del texto", continúa Blanco Valdés.

La Carta Magna contempla una opción alternativa, aunque en ningún caso sería vinculante y también exige el aval de la presidencia del Gobierno. "Se prevén tres tipos de referéndum, uno de ellos en base al artículo 92 de la Constitución. La votación sería consultiva y solo se podría organizar a petición de los poderes legislativo y ejecutivo. En cualquier caso, no serviría para cambiar la forma de Gobierno, sino para conocer la opinión de la sociedad. Ahora mismo no sería factible", señala Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid. Las fuentes consultadas por Público aseguran que "ninguna formación se plantea en serio" cambiar la jefatura del Estado y reconocen que "no hay el consenso que podía haber hace 40 años", sobre todo en las capas más jóvenes de la población.

"El debate no está sobre la mesa"

El estudio de la Plataforma de Medios Independientes es una de las últimas referencias que tenemos al respecto y dejó probado que la gente está cada vez más abierta al referéndum. "No sabemos lo que se votaría, pero nos hace falta ese dato. El CIS tiene recursos para hacer una macroencuesta, no creo que sea casualidad que haya renunciado a estudiar a fondo la viabilidad de la monarquía. Los resultados nos permitirían identificar los posicionamientos de la ciudadanía y abordar el tema en condiciones. Si no, corremos el riesgo de sacar conclusiones erróneas y extrapolar pequeños datos que no siempre representan al conjunto de la sociedad", explica Alina Danet, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Granada.

"La monarquía está especialmente protegida, aunque todo es reformable"

La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por la Corona fue en 2015, justo un año después de la abdicación del emérito. "El debate no está sobre la mesa, no tenemos una ciudadanía movilizada que pide un referéndum y unas instituciones que se lo niegan. Las urgencias son otras. Preocupa más el derecho a la vivienda que votar mañana para acabar con la monarquía. Esto no quita que tarde o temprano se abra el melón de la arquitectura social del Estado", sugiere Paola Lo Cascio, profesora de Historia Contemporánea en la Universitat de Barcelona. 

"En los últimos años hemos tenido avances significativos, empezando por los temas de memoria. Esta llamada [para la redacción del artículo] se produce en la antesala del 14 de abril, por el aniversario de la proclamación de la Segunda República. No es una casualidad, tiene que ver con la memoria. La extrema derecha y la derecha convierten los temas vinculados a la memoria en una guerra cultural que lo único que consigue es dificultar todavía más los consensos", matiza la docente. La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las "leyes de concordia" que han sacado adelante PP y Vox son una buena prueba de ello. 

"Ni la Constitución ni el sistema político pueden permitirse el lujo de experimentar en estos momentos", presagia Paco Llera. El catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés suscribe esta tesis y recuerda que, pese a la compleja maquinaria legislativa, lo único que impide plantear una consulta sobre la forma de Gobierno es "la falta de una mayoría parlamentaria sólida". Más allá de las barreras jurídicas y la falta de una postura común, cabe mencionar el papel que juega la polarización social. "La idea de que la monarquía actúa a modo de pegamento social, tan defendida por la derecha radical, está bastante interiorizada en muchos sectores de la población. Este sentimiento se ve reforzado por unos discursos populistas que lo envalentonan y agitan todavía más el conflicto", sentencia Alina Danet.