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Un estudio de 1970 muestra que sólo el 20,8% de los españoles quería una monarquía "después de Franco"

Perpetuar la subordinación de los republicanos

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Francisco Franco y el entonces príncipe Juan Carlos, en el balcón del Palacio Real, en el acto de apoyo al régimen el 1 octubre 1975.

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MADRID.- El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez dijo en 1995 a la periodista Victoria Prego que durante la Transición manejaba encuestas que pronosticaban que, en caso de referéndum, los españoles elegirían la opción repúblicana. La confesión ha levantado un sinfín de reacciones, entre las que se encuentran los que han alegado que en aquella época Suárez ya padecía alzheimer. "Lo que dice ni se ajusta a la verdad ni al sentido común", escribió el director de El Mundo Pedro G. Cuartango, que alegó que el expresidente "ya estaba muy afectado por el deterioro mental que le produjo el mal neurodegenerativo que padeció hasta su muerte"

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Más allá de que las afirmaciones de Cuartango entran en contradicción con la biografía del propio Suárez, la Fundación Foessa ya había realizado en 1970 una encuesta en España sobre sus preferencias para "después de Franco". Fue en el Informe sociológico sobre la situación social en España, 1970  que rescató el abogado Joan Garcés para la obra Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (Siglo XXI de España Editores). 

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Encuesta recogida en la obra 'Soberanos e intervenidos' de Joan Garcés

La encuesta pregunta a los españoles por el "sistema preferido para después de Franco" y la respuesta es clara: el 49,4% apuesta por la República, mientras que la monarquía cosecha el 20,8% de los apoyos. Un 29,8% decía que prefería un sistema "como el actual", es decir, la continuidad del franquismo. 

Perpetuar la subordinación de los republicanos

Joan Garcés, que ha sido asesor de Salvador Allende, explica que la revelación de la confesión de Suárez a Victoria Prego "no revela nada que no fuera conocido por quien quisiera conocerlo". "Algunas de las encuestas hechas en los años setenta son de libre acceso, como las publicadas por la Fundación Foessa, o por otras instituciones, españolas y extranjeras, que corroboran lo que Adolfo Suárez dijo en 1995, el amplio y continuado respaldo a la forma republicana de gobierno entre los españoles", señala en declaraciones a Público. 

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El abogado explica que el "cambio de régimen fue pensado para perpetuar la subordinación de los republicanos españoles" 

El abogado, que en 1974 formó parte del equipo personal de François Mitterrand en las elecciones a la Presidencia de la República francesa, explica que con estas encuestas en la mano "el cambio de régimen de partido único (la Falange fascista) al del pluripartidismo entre 1975 y 1977 fue pensado para perpetuar la subordinación/discriminación de los republicanos españoles" por lo que las "instituciones creadas a partir de 1975 buscaron tener bajo control al electorado antes de que se abrieran las urnas por primera vez desde las elecciones de febrero de 1936".

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Felipe González, en el punto de mira

El control de las élites sobre el proceso de democratización del Estado para conseguir establecer una monarquía parlamentaria se ratifica en el hecho de que los partidos republicanos no fueron legalizados hasta después de las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977.  Isabelo Herreros, exsecretario general de Izquierda Republicana durante la Transición, señala en un reportaje de Público lo siguiente:  

"Primero hubo un encuentro con Manuel Fraga, ministro de la Gobernación hasta julio de 1976, donde nos dijo que hasta que no quitásemos la 'R' no se nos legalizaría, ni con ese gobierno ni con ninguno de la Monarquía. Con el gobierno de Suárez apenas hubo contactos, pues la única interlocución era a través de Juan José Rosón, gobernador civil de Madrid entre 1976 y 1980, y siempre dijo que el obstáculo era el PSOE. Nos animaba a convencer a Felipe González, Javier Solana o Enrique Múgica, al parecer los más intransigentes con nuestra legalización. Presentamos los papeles cuando se abrieron los plazos. Martín Villa remitió al Tribunal Supremo la documentación, pero no para que nos legalizasen si no para que vieran si en nuestra actuación había hechos delictivos y así proceder contra nosotros". 

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