ETA: esperando al desarme y sin renunciar a los presos

ETA lo dejó un 20 de octubre. Hace dos años que anunció su "cese definitivo de la actividad armada" y ponía fin así a décadas de atentados que han causado 829 víctimas mortales, de las cuales 486 eran militares y policías. A diferencia de otras veces, ésta es la definitiva: según todas las fuerzas políticas, ya se ha abierto  "una nueva etapa" en Euskadi y Navarra y no hay posibilidad de retorno al pasado.

En esto coinciden todos, desde el PP a la izquierda abertzale, pasando por el PNV y los socialistas. Aún queda su completa disolución. Los últimos "liberados" de ETA que quedan en activo no superan la treintena, según afirman fuentes policiales consultadas por Público, y están preparando una entrega de armas que han prometido para antes de Navidad. Y, como siempre, en el centro del proceso de paz se encuentran los presos: más de 600 personas sujetas por el momento a una legislación de excepción diseñada contra una banda terrorista en activo. Estos más de 600 presos son sin duda la clave que puede abrir la puerta de una nueva era sin violencia.

A día de hoy, ETA no tiene capacidad operativa. Todo indica que esa treintena de militantes que aún le quedan apenas tienen recursos. Es más, fuentes policiales han confirmado a Público que buena parte de ellos están controlados y protegidos en tanto que cumplen un papel de negociadores, pues son los que apuestan por la vía del diálogo. Encabezando este grupo están Josu Ternera y David Pla, que fueron expulsados de Noruega cuando Oslo, cansado de no ver avances y ante las presiones del Gobierno español, decidió retirarles la protección y tuvieron que regresar a sus escondites. La negociación es lenta y las dos partes están muy condicionadas. Por un lado, ETA intenta jugar sus últimas cartas en la cuestión de los presos, pues tiene difícil decir que esto se ha acabado y dejarlos en las cárceles. Por otra parte, el Gobierno del PP es rehén de los extremistas que alimentó cuando estaba en la oposición y descargaba toda su artillería contra el Ejecutivo de Zapatero por haber intentado negociar.

Muchos de los etarras que quedan están repartidos por Francia, Bélgica, Italia, Cuba y VenezuelaEl Gobierno ha pedido recientemente tres informes sobre el estado actual de ETA: uno al Cuerpo Nacional de Policía, otro a la Guardia Civil y otro al Centro Nacional de Inteligencia. Y los tres indicaron lo mismo: los pasos que ha dado ETA son irreversibles, corresponden a un voluntad de acabar para siempre con la "actividad armada" y no hay posibilidad de nuevas escisiones, como cuando se dividieron ETA político-militar y ETA militar, siendo la primera rama mayoritaria y la que depuso las armas después del golpe de Estado de Tejero. Además, actualmente no está llevando a cabo labores de captación ni otras actividades más allá de las de la supervivencia. Al mismo tiempo, muchos de los etarras que quedan están escondidos en el extranjero. La Policía indica que se encuentran repartidos entre Francia, Bélgica, Italia, Cuba y Venezuela. Aunque tanto ETA como la izquierda abertzale piden que puedan volver a sus hogares, muchos de ellos tienen asuntos pendientes con la Justicia española y no hay forma, ni voluntad, de que se les facilite el regreso.

Los tímidos pasos que ha dado el PP en materia penitenciaria, como los casos de Bolinaga y Valentín Lasarte, indican que algo ha comenzado a cambiar. Pero no demasiado. El resto de fuerzas políticas al completo, a excepción de UPyD, así como organizaciones de la sociedad civil y de mediación (como son el Grupo Internacional de Contacto y el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz), apuestan por un acercamiento de los presos a su lugar de origen y la derogación de la jurisprudencia sentada por la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006, conocida comúnmente como doctrina Parot.

Esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitirá el fallo sobre el recurso del Gobierno español contra la resolución de la corte europea de julio de 2012. Ese fallo exigió a España que la etarra Inés del Río, miembro del comando Madrid y condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, debía ser puesta en libertad porque nuestro país, con la doctrina Parot, había vulnerado dos artículos del Convenio de Derechos Humanos. De esta manera, a partir de esta semana es muy probable que esta jurisprudencia quede anulada y el Gobierno se vea obligado a imponer las reducciones de pena sobre el máximo legal de 30 años. Esto significa que más de 60 presos tendrían que ser puestos en libertad en los próximos meses. Además, se espera que el colectivo de presos (EPPK) emita una declaración abriendo la vía para que sus reclusos se acojan a medidas individualizadas, lo que sin duda facilitaría también que muchos pudieran salir antes de prisión.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESOS

                                                                                          - Ilustración de la revista Números Rojos. 

También queda pendiente la dispersión. Esta técnica del Estado contraviene la legislación en lo referente a que un recluso debe cumplir condena lo más cerca posible de su lugar de residencia. "Contraviene" no significa "incumple", pues hay supuestos tales como el terrorismo o el narcotráfico en los que la Justicia permite alejar geográficamente a los presos por motivos diversos. Se puso en marcha durante el primer Gobierno socialista de Felipe González para debilitar el entramado de la banda en las cárceles, el llamado "frente de makos".

Para el senador de Amaiur Iñaki Goioaga, "la cara más dura de la dispersión deja un reguero de presos y presas vascas diseminados por la geografía española y europea", por lo que desde su formación abogan por acabar con "este castigo injustificado para los presos y sus familias". Por contra, el portavoz del PP vasco Borja Semper asegura a este diario que la dispersión se aplica "para romper el control que ejerce la banda terrorista sobre los presos". Sin embargo, él mismo reconoce que "la política de dispersión no tendrá sentido cuando ETA desaparezca".

El "bloqueo" y la entrega de armas

La mayoría de los actores implicados en el proceso coincide en que hay una situación de "bloqueo". El mediador del Grupo Internacional de Contacto, Brian Currin, afirmaba en una entrevista en este diario que tanto PP como PSOE "tienen una estrategia común, que es la de no colaborar". El pasado 27 de mayo, el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz, en el que participan colectivos de la sociedad civil y partidos políticos como Sortu y el PNV, estableció un itinerario para intentar propiciar nuevos pasos tanto por parte de ETA como del Gobierno del PP. Así, lanzó un llamamiento a ETA para que acometiera un proceso de desarme y desmantelamiento de sus estructuras militares, sin intervención del Estado, y abogó por la "reintegración" en la sociedad de los reclusos etarras de forma individual, tras renunciar a la violencia y reconocer el daño causado. Por su parte, la izquierda abertzale recibió estos consejos con reticencias.

Algo sí se ha avanzado. El pasado 12 de septiembre, ETA anunciaba su intención de iniciar la entrega de sus armas antes de Navidad. Sin embargo, según fuentes policiales a las que se suma también el PP, aseguran que dicha entrega "no tendría que ser un acto simbólico", sino una simple llamada telefónica o un comunicado en el que se indicara dónde están los últimos zulos con las armas y material que les quede. Este proceso que será "lento" y verificado por un organismo internacional, según fuentes de la mediación citados la agencia Efe. También apuntan que la banda dará este paso porque no puede permanecer por más tiempo inmóvil y callada ante sus presos y su entorno político; porque "necesita" este escenario dos años después de que anunciara el cese definitivo de su actividad y antes de las citas electorales que se celebrarán a partir de la primavera de 2014. En este proceso, ETA no se dirigirá al Gobierno central, pues considera que es una "vía cerrada", ni tampoco hablará con las instituciones vascas como en un principio estaba estudiando, sino con un organismo internacional "independiente" que se convierta en "notario" del desarme.

 

Desde las coaliciones Amaiur y Euska Herria Bildu continúan dando pasos para facilitar este proceso y dejando clara su postura a este respecto. El diputado de Amaiur Jon Iñarritu estimaba en julio que podría ser "positivo" que ETA disolviera las "estructuras militares" y diera "pasos" para ayudar a un "escenario diferente", de forma que Madrid "no pueda bloquear la situación". Y hace sólo dos semanas la portavoz abertzale en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, aseguraba que "no tiene absolutamente ningún sentido que ETA continúe ni que tenga armas" y que "es cuestión de tiempo" que la organización "se disuelva".

Sin embargo, aún queda mucho por avanzar. Las recomendaciones que el Foro Social para Impulsar el Proceso de Paz planteaba hace ya un año eran: 1) la definición de una agenda de desarme y de reintegración de las personas presas y huidas, 2) la garantía de todos los derechos humanos y libertades democráticas; y 3) la discusión de cómo afrontar el pasado y poner las bases para la convivencia. Aún no se ha cumplido ninguna.

Dos años y 67 detenidos

En estos dos años el acoso a la estructura de la organización ha sido incesante, lo que sin duda ha obligado a ETA a acelerar su proceso de disolución sin que haya encontrado en el Estado la respuesta requerida. Y es que policialmente el balance es francamente negativo para ETA por el número de detenciones que ha tenido que asumir estando prácticamente inoperativa. Según cifras oficiales, un total de 67 presuntos miembros han sido detenidos desde el 20 de octubre de 2011, de los cuales 33 lo han sido en Francia, 24 en España, 4 en Reino Unido, 3 en Bélgica, uno en Italia, otro en Brasil y otro en Venezuela. Además, en muchos casos los militantes portaban armas encima, contrariamente a las recomendaciones emitidas por el Grupo Internacional de Contacto que media en la resolución del conflicto.

En las cifras de detenidos, el Gobierno incluye como "etarras" a militantes de la izquierda abertzale o de Herrira, inmediatamente puestos en libertadSin embargo, estas cifras que presenta el Gobierno no son las que se manejarían desde otros ámbitos, puesto que en ellas están incluidos varios detenidos acusados de pertenencia a banda armada, pero que en realidad militaban en otras organizaciones de la izquierda abertzale, como es el caso del último detenido, Luis Goñi, el activista de Segi que apareció públicamente el pasado 14 de octubre en las calles de la capital arropado por un muro humano que trató de dificultar su captura, tal y como se lleva haciendo durante el último año en casos similares. También ahí entran los 18 miembros de Herrira arrestados el 30 de septiembre. Todos quedaron en libertad, cuatro con fianza y los otros catorce con medidas cautelares. El Gobierno vasco del PNV, el PSE y, por supuesto, la izquierda abertzale criticaron la operación. Cinco días después, varios miles de personas llenaron las calles de Bilbao en una manifestación encabezada por los propios arrestados. Mientras, los otros 48 detenidos de la lista oficial sí parecen ser todos integrantes, o antiguos integrantes, del aparato de ETA.

Entre los que permanecen en prisión como miembros de ETA destaca el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, condenado a seis años y medio de cárcel por pertenencia a organización terrorista en el denominado caso Bateragune, acusado de intentar recomponer Batasuna bajo las órdenes de ETA. Pese a ello, fue elegido secretario general de la nueva organización abertzale Sortu. Su excarcelación es una demanda que parte no sólo de entre sus filas, sino de un espectro más amplio de fuerzas políticas y organizaciones sociales. Él fue sin duda una de las voces más empeñadas en que el bloque social de Batasuna hiciera "una apuesta puramente política". Antes de su ingreso en prisión, en 2009, pronunció en un mitin las palabras que desde entonces han marcado el rumbo de la izquierda independentista, que condenó no sólo la violencia del Estado, sino también la de ETA: "La izquierda abertzale se presenta frente a los estados, frente a su pueblo, y frente a la comunidad internacional, con un ramo de olivo en la mano. Que nadie deje caer ese ramo".