Octubre trae noticias competenciales en Euskadi. 42 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, el Gobierno Vasco asume este viernes la gestión de Prisiones, un asunto acordado con La Moncloa que permite avanzar en el ámbito de las transferencias y que ahora, en pleno fin de la política penitenciaria de excepción aplicada contra los presos de ETA, cobra aún mayor relevancia. 

"Todo está listo", afirmaba esta misma semana el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. Tras largos años de espera y varios meses de preparación, la administración que encabeza Iñigo Urkullu se dispone a iniciar este viernes un nuevo camino en el ámbito de la gestión de la política penitenciaria. Euskadi se equiparará así a Catalunya, que cuenta con esta competencia transferida.

En los últimos días, el Ejecutivo autonómico ha confiado en que habrá un traspaso "sereno" en el que se potenciará la "reinserción" de los reclusos. Este jueves, el Parlamento Vasco ha aprobado precisamente la creación de una agencia de reinserción social que trabajará en ese ámbito. 

Lo que Vitoria asume este primer día de octubre es la gestión de la política penitenciaria. "Hay un margen de maniobra muy grande. Ahora las juntas de tratamiento de las cárceles pasarán a dependen del Gobierno Vasco, y los directores de las prisiones también", afirma Joseba Azkarraga, ex consejero de Justicia en la etapa de Juan José Ibarretxe y actual portavoz de Sare, la red ciudadana que reclama una nueva política penitenciaria para los presos vascos.

Euskadi cuenta en su territorio con tres cárceles en las que hay alrededor de 1.300 presos, de los cuales 59 fueron condenados por delitos relacionados con ETA. El número de reclusos del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) en estas prisiones ha aumentado en los últimos meses al calor de los cambios en materia carcelaria impulsados por el Gobierno central. Esta misma semana, Instituciones Penitenciarias anunció el traslado de otros siete presos a cárceles del País Vasco y otros dos a la de Navarra.

De esta manera, el traspaso de la gestión de Prisiones a Euskadi coincide precisamente con el fin de la dispersión aplicada contra presos de ETA, una medida que fue puesta en práctica por el Gobierno de Felipe González.

Según datos de Etxerat –la asociación que agrupa a los familiares de los presos–, el 36% de los 177 reclusos en el Estado español –otros 21 están en cárceles francesas– se encuentra en cárceles del País Vasco, mientras que el 57% está en centros ubicados en un radio de entre 150 y 400 kilómetros de distancia. En cárceles más alejadas de Euskadi –entre 401 y 600 kilómetros– permanece el 7%. 

Críticas de PP y Vox

Los cambios en política penitenciaria y el traspaso de la gestión de la competencia de Prisiones a Euskadi, ambos al mismo tiempo, han despertado las acusaciones de PP y Vox, que han advertido sobre supuestas cesiones o beneficios hacia los presos de ETA.

En el caso de los populares, su principal dirigente en Euskadi, Carlos Iturgaiz, explicó hace algunas semanas que su formación apoya este traspaso, aunque insistió en la idea de que puede implicar una especie de "estancia de lujo" para los reclusos condenados por terrorismo. Vox, por su parte, habla directamente de "amnistía encubierta". 

"Castigos gratuitos"

"PP y Vox están en su tónica. Lo ilegal sería lo que están planteando ellos: una diferenciación en la aplicación de la política penitenciaria", afirma Azkarraga. El portavoz de Sare confía que el traspaso de Prisiones permita avanzar hacia un escenario en el que "se tiene que acabar la política penitenciaria de excepción y aplicar una política de carácter ordinario", lo que implicaría progresiones de grado. 

"Lo que se plantea es que no habrá privilegios para nadie, pero tampoco castigos gratuitos para un colectivo de presos que lleva muchas décadas sufriéndolos", agregó el exconsejero de Justicia. 

En ese contexto, desde la comisión de presos de Sortu reclaman que tras el traspaso de Prisiones "no se siga aplicando la excepcionalidad a los presos políticos y se respeten sus derechos". "Hay gente que tendría que estar en libertad condicional hace ya muchos años", remarcaron fuentes de ese colectivo.