¿Existe una "agenda oculta" para privatizar el patrimonio de la costa gallega?

En los más de 16 años de mandatos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda al frente de la Xunta, el Partido Popular sólo ha reclamado a la Administración central la transferencia de una de las decenas de competencias que la Constitución Española y el Estatuto de Galicia prevén dejar en manos del Gobierno autonómico y que este aún no ejerce. Se trata de la gestión de los más de 2.550 kilómetros de litoral de la comunidad, que incluyen los cerca de 1.700 kilómetros del perímetro de sus costas y rías, los de otros 432 kilómetros de islas e islotes y más de 460 kilómetros de bordes de marismas y arenales.

Hasta ahora era el Gobierno central, a través de la Demarcación General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, el que decidía sobre el uso de ese dominio público marítimo terrestre, formado en buena parte por espacios naturales protegidos de Galicia, sus zonas de influencia y sus servidumbres –de tránsito, de protección, de acceso al mar...–. Desde el pasado 1 de julio, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo oficial la transferencia, quien lo gestiona es la Xunta. Y aunque el Gobierno de Alfonso Rueda lo niega rotundamente, la oposición en el Parlamento de Galicia cree que existe una "agenda oculta", literalmente en palabras de la portavoz nacional del BNG y líder de la oposición, Ana Pontón, para desproteger esos terrenos y abrirlos a la especulación urbanística y a la explotación de la iniciativa privada.

"Rueda está preparando un auténtico pelotazo para favorecer a las empresas amigas", asegura Pontón, quien sostiene que el PP pretende convertir los bienes patrimoniales costeros, desde faros a monasterios pasando por antiguas infraestructuras portuarias, edificios de industrias conserveras y hasta instalaciones de antiguas compañías balleneras, en establecimientos hoteleros e infraestructuras turísticas al uso. El viceportavoz parlamentario del Bloque, Luis Bará, advirtió la semana pasada de que la aplicación de esa supuesta agenda oculta devendrá además en "la intensificación de la presión urbanística, la falta de previsión en relación al cambio climático y la desatención con respecto a las actividades económicas tradicionales como el marisqueo, la pesca sostenible y la acuicultura extensiva".

La Xunta lo desmiente. Para Rueda, obtener la gestión de las políticas sobre el litoral –a las que acompaña una dotación de 1,2 millones de euros anuales por los costes laborales de los funcionarios adscritos a ellas– es un "hito histórico" que permitirá a los gallegos demostrar con hechos "el enorme respeto" que sienten por su patrimonio natural, según aseguró el presidente gallego cuando recibió el traspaso del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La conselleira de Medio Ambiente de Rueda, Ángeles Vázquez, quien tendrá la responsabilidad directa en la materia, también respondió con dureza a la líder nacionalista: "La estrategia de la señora Pontón pasa siempre por la difamación. Cuando el BNG ve que a Galicia le va bien, ella entiende que a ellos les va a ir mal, y entonces no dudan en mentir, en inventar e incluso en hacer el ridículo", sostiene.

86 municipios con 1,5 millones de habitantes

Según la Administración gallega, el patrimonio litoral sobre el que ahora asume competencias está repartido por 86 municipios –hay 313 en la comunidad– en los que viven más de un millón y medio de personas –más del 55% de la población de Galicia–. Lo forman más de 4.000 edificaciones y sobre su superficie están instaladas cerca de un centenar de empresas y sociedades mercantiles relacionadas con la industria extractiva y el mar, que concentran el 50% del empleo del sector en toda España –el 10% de toda la UE– y aportan 9.000 millones de euros al producto interior bruto de Galicia, es decir alrededor del 5% del total. La conselleira de Medio Ambiente defiende que la Xunta no oculta nada ni tiene planes opacos, explica que ha invitado formalmente a los ayuntamientos afectados a presentar planes de gestión propios y añade que ya han catalogado todos los bienes con fichas individualizadas. A finales de este año, promete, dispondrá de un registro de concesiones, inexistente hasta ahora.

La Xunta estima que hay unos 1.600 elementos de valor cultural sobre el litoral de Galicia, de los que 870 son edificaciones como faros, molinos, hórreos o antiguas factorías pesqueras y fábricas de conservas, que podrían tener nuevos usos turísticos que eviten su deterioro y que los conviertan, en palabras de Rueda, en herramientas "generadoras de actividad, empleo y orgullo colectivo". La oposición cree que eso es mera "propaganda" y alerta de que las primeras medidas que ha tomado la Xunta aventuran el deseo de intensificar la presión sobre la costa.

De momento, la Administración autonómica ha aprobado ayudas de cinco millones de euros de los fondos Next Generation de la UE para el "embellecimiento" de establecimientos turísticos en zonas del litoral, y ha anunciado una modificación legislativa para permitir que los negocios playeros en concesiones temporales en zonas de dominio público marítimo terrestre puedan abrir desde Semana Santa hasta el 31 de octubre, y no sólo en verano. El pasado 4 de septiembre, la conselleira de Medio Ambiente presentó en A Illa de Arousa un concurso de ideas dirigido a profesionales de la arquitectura y dotado con 30.000 euros en premios as para el diseño de "un prototipo de chiringuito biosostenible y desmontable" que permita integrar esas instalaciones "en el paisaje de playas y de los entornos naturales costeros más característicos de Galicia".

"Medidas estéticas"

Pontón cree que la Xunta camufla su "agenda oculta" para el litoral a través de esas "medidas estéticas", olvidando su relevancia más allá de la explotación turística. Por ello propone una lista de medidas que permitan cuidar no sólo el patrimonio cultural costero, sino también los ecosistemas de las rías, para blindarlo frente la especulación, la sobreexplotación y las actividades "contaminantes y agresivas" como las celulosas o la minería; ejecutar un plan integral para el saneamiento y la depuración de las rías, y trasladar a otras ubicaciones todas aquellas instalaciones y equipamientos que no necesitan estar en las zonas de dominio público marítimo terrestre o sus áreas de servidumbre.

También reclaman que, en vez de convertir edificios históricos del patrimonio cultural costero en "bienes turísticos privatizados", se priorice su uso social y público. Y que la Xunta no tarde otros 16 años en reclamar a la Administración central la transferencia de más competencias también relacionadas con el mar, como las relativas a salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, sobre los centros de investigación oceanográfica, el Instituto Social de la Marina, las capitanías marítimas y los servicios meteorológicos.