El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, adelantó este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez excluirá a la macrocelulosa que la multinacional portuguesa Altri quiere construir en Palas de Rei, en la comarca lucense de A Ulloa, de la Planificación de la Red Eléctrica 2025-2030. La decisión supondría un nuevo obstáculo a la viabilidad del proyecto y hace aventurar que los opositores al mismo están tomando ventaja sobre sus defensores, liderados por la propia Administración autonómica y el PP, ya que el veto impediría en la práctica que Altri disponga de la subestación eléctrica con la que contaba para garantizar el suministro de energía a su planta.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a quien compete la citada planificación estatal y cuyos responsables tienen previsto reunirse este martes con enviados del Gobierno gallego, no ha confirmado ni desmentido el anuncio de Gómez Besteiro. Pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sí lo ha dado por válido para criticar al Ejecutivo de Sánchez.

El líder de los socialistas gallegos aseguró en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia que el Gobierno no incluirá a Altri entre los proyectos del plan con el que ha diseñado la ampliación de la red de suministro eléctrico de los próximos años: "Para que Altri pueda funcionar necesita esa conexión, y sin ella el proyecto no se puede mantener en pie", dijo Gómez Besteiro, para recordar que se trata del tercer "no" que el Ejecutivo de Sánchez le dado a la multinacional papelera, tras su exclusión de los proyectos para la recuperación y transformación económica (PERTE) y de las ayudas europeas para financiar la construcción de la macrocelulosa. Altri preveía una inversión de unos mil millones de euros, de los que pretendía obtener entre un 20% y un 25% mediante subvenciones comunitarias directas de la UE y del Estado español.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó hace diez días las líneas maestras de su propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030, que prevé una inversión de 13.590 millones de euros en infraestructuras energéticas hasta el final de la década. El plan está dirigido a cubrir las nuevas necesidades de suministro, con un aumento de 30 gigavatios de la potencia instalada en los próximos años y 422 nuevas conexiones a la red a repartir entre la electrificación de puertos y redes ferroviarias, los desarrollos urbanísticos residenciales, la producción de las plantas de hidrógeno verde, el consumo de los grandes centros de procesamiento de datos y los nuevos proyectos industriales, que tendrían prioridad sobre el resto y que absorberían cerca de nueve megavatios. Altri, según ha adelantado Besteiro, no estará, sin embargo, entre ellos.

Necesidades energéticas

La empresa que dirige José Soares da Pina estima que su actividad –a pleno rendimiento fabricará 600.000 toneladas de pasta de celulosa y de pasta de tejido lyocell– precisa una potencia instalada de 110 megavatios, que obtendría en parte de la producción propia a través de la quema de biomasa, de turbogeneradores en la propia factoría y de un central de gas anexa. De hecho, para asegurar el desarrollo de esas infraestructuras energéticas y para la cobertura de sus necesidades logísticas y financieras, Altri se había asociado en Galicia con la compañía Greenalia y, en colaboración con la Xunta y con Abanca, con la eléctrica Naturgy y la gasista Reganosa en el consorcio público Impulsa Galicia.

El proyecto de la celulosa ha levantado una sonada contestación social, especialmente después de que la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Rueda emitiera el pasado marzo la autorización ambiental de la factoría basándose en informes que, según denunció entonces el Bloque Nacionalista Galego, fueron redactados por funcionarios que los habrían firmado bajo presión, y que aceptaban medidas de protección paisajística y ambiental propuestas por Altri consideradas polémicas y poco convincentes según sus detractores, como pintar de verde una chimenea de más de 75 metros que se ubicará a escasos centenares de metros del Camiño de Santiago.

Apenas un mes después de aquella declaración, en abril de este año, el Gobierno anunció que Altri quedaba excluida de los PERTE de descarbonización –la firma portuguesa quería acogerse a los fondos destinados a reducir las emisiones de CO2 pese a que ha admitido que su fábrica emitirá cada año hasta 60.000 toneladas de CO2–, lo que le privó de los 30 millones de euros de ayudas comunitarias a los que optaba. Con respecto a los otros 250 millones que la compañía pretende obtener de los fondos Next Generation de la UE, la Comisión Europea ha advertido que están destinados a proyectos que puedan ser ejecutados antes del 31 de marzo de 2026, un plazo demasiado corto para la macrocelulosa.

Poco después, a principios de junio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se dirigió por carta a Alfonso Rueda interesándose por el impacto que tendría la fábrica sobre el patrimonio histórico y artístico de A Ulloa y especialmente del Camiño de Santiago, y para ofrecerle un encuentro entre técnicos de la Xunta y su departamento para analizarlo. En su misiva, Urtasun insinuaba su oposición y la de Sumar al proyecto al referirse también a su afección sobre la salud de la población, sobre los ecosistemas de la zona y sobre sectores esenciales de la economía de la comarca como el turismo, la agricultura, la ganadería y el sector relacionado con la producción de alimentos ecológicos.

Sin respuesta

Público se ha dirigido al Ministerio de Transición Ecológica para confirmar el anuncio de Gómez Besteiro sobre la decisión de no incluir a Altri en los planes de ampliación de la red de suministro, pero el departamento de Sara Aegesen no había respondido a la hora en la que se terminó de redactar este artículo. Tampoco lo había hecho Greenfiber, la empresa que asocia a Altri y a Greenalia y titular jurídica del proyecto de macrocelulosa.

Tampoco se ha pronunciado la Plataforma Ulloa Viva, que agrupa la contestación vecinal en A Ulloa. Pero sí ha reaccionado la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa –las aguas contaminadas por Altri bajarán por el río Ulla hasta ese estuario si la fábrica llega a entrar en funcionamiento–, cuyo portavoz, Xaquín Rubido, valoró "positivamente" la decisión a la espera de conocer su redacción concreta. "Tenemos que ver en qué requisitos económicos y ambientales está basada", explicó.

Por su parte, Alfonso Rueda criticó que el anuncio de la exclusión de Altri de los planes de ampliación de la red eléctrica del Gobierno "la haya hecho un diputado del tercer partido del Parlamento de Galicia", en referencia a Gómez Besteiro, y alegó que la promesa del Ejecutivo de basar sus decisiones sobre la factoría en criterios técnicos "era mentira".