El proceso de enajenación y venta del parque público de viviendas que está llevando a cabo la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) se ha vendido a la opinión pública por parte de los responsables políticos del Partido Popular como un proceso obligado, sin alternativas, para paliar el insostenible déficit de la empresa pública.

La deuda de la EMVS llegó de la mano del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que financió parte de sus ambiciosos proyectos en el Ayuntamiento vendiendo suelo a la empresa pública muy por encima de su valor actual. Al borde de la quiebra técnica, la actual Corporación se ha decido por la enajenación de los activos de la empresa y de todos los madrileños.

La primera operación de salvamento económico ha sido la venta de 18 bloques de viviendas con 1.860 pisos de protección social, ocupados por menores de 35 años con un alquiler reducido, por 120 millones de euros al fondo de inversión oportunista Blackstone, según informó El Confidencial, ya que el Ayuntamiento se niega a hacer públicos los datos de la operación, a pesar de tratarse de bienes públicos. Antes, la EMVS trató de vender, sin éxito, cinco bloques de viviendas sociales a una empresa vinculada al marido de Cospedal por 21 millones de euros.

Fondos de inversión califican su experiencia en Madrid como "Incompetencia y malas artes nunca vistas en Europa"

Ahora, una serie de documentos a los que ha tenido acceso este diario desvelan una sucesión de irregularidades en el proceso de venta que han dejado a parte de los inversores internacionales que optaban a hacerse con las viviendas con la sensación de haber sido "engañados" y de haber observado "incompetencia y malas artes de un nivel que nunca han visto en Europa".

Estas palabras corresponden a Michael R. Long, partner de los fondos de inversión especializados en vivienda social Harbor Group, que aspiraban a hacerse con los 18 bloques de viviendas junto a Álvarez & Marsall por 130 millones de euros, 10 millones de euros más que la supuesta oferta aceptada de Blackstone.

El cabreo que manifiesta Michael Long con la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid se hace comprensible cuando se repasa la correspondencia y reuniones mantenidas por Harbor Group y Álvarez & Marsall y la EMVS y la Corporación municipal.

Intercambio de correos

El 3 de junio Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS, comunicó telefónicamente la adjudicación de la venta a Harbor Group y Álvarez & Marsall (HGAM ) por 120 millones de euros. La otra oferta que había recibido la EMVS hasta ese momento, según fuentes del mercado, era de Blackstone, actual adjudicataria, por 70 millones de euros.

Sin embargo, el día 5, apenas dos días después de la comunicación, Oslé les comunicó por correo electrónico que se había producido un error administrativo y que el proceso no se había cerrado, invitando a presentar nuevamente ofertas hasta el día 14 de junio a las 14:00 horas.

Los fondos Harbour Group y Álvarez & Marsall (HGAM) mantuvieron su oferta de 120 millones durante los ocho días siguientes y decidieron aumentarla hasta 130 millones en el último momento, con la sospecha de que su anterior oferta pudiera haber sido filtrada a la competencia.

El día 21 de junio, Fermín Oslé comunicó a HGAM que "su oferta no ha sido seleccionada (...) por existir otra propuesta más ventajosa para los intereses" de la EMVS.

Ante el estupor por la extrañeza del proceso, los fondos norteamericanos decidieron solicitar información de las características de la oferta ganadora: "importe y fecha de presentación". El 24 de junio Oslé respondió: "El importe y las demás condiciones de la oferta deben tratarse dentro de los más estrictos parámetros de confidencialidad y discreción" y la decisión ha sido tomada bajo "parámetros puramente objetivos".

Fuentes del fondo de inversión perjudicado consideran que las irregularidades se deben a intereses económicos de Esperanza Aguirre

Esta negativa a comunicar a los participantes en un proceso de concurrencia pública las características de la oferta seleccionada se está valorando a la operación financiera como "insólito", ya que vulnera "la esencia del procedimiento", por lo que los fondos de inversión están valorando presentar un escrito de diligencias previas que obligue a la EMVS a facilitar los datos que hoy niegan.

A pesar de que el Ayuntamiento se negó a dar esta información, El Confidencial publicó que la oferta ganadora ha sido la de Blackstone por un importe de 120 millones de euros cuando en un primer momento este fondo de inversión oportunista había ofertado 70 millones. Tras esta información, las sospechas de los perdedores en la adjudicación de que su oferta había sido filtrada a la competencia se hizo más fuerte.

Dado que la EMVS se niega a confirmar o desmentir los datos publicados, los pretendientes tienen el temor de que se esté tratando de rehacer la oferta presentada por Blackstone de manera que mejore la oferta de 130 millones de HGAM para evitar incurrir en administración desleal. La imagen de Marca España que la EMVS y las administraciones madrileñas han dejado la resume Michael Long: "Incompetencia y malas artes nunca vistas en Europa".

"El objetivo de la EMVS no ha sido el obtener el mayor ingreso posible por la venta de activos ni el garantizar los derechos de los inquilinos actuales y de los madrileños en general, ya que se ha rechazado la mejor oferta. El procedimiento opaco y que en nada beneficia a los ciudadanos madrileños ha estado viciado por intereses ajenos al interés público", denuncia a Público fuentes cercanas a la operación, que apuntan que estos intereses responden a la "cultura del pelotazo" que ha llevado a España a la crisis y los relaciona directamente con los intereses económicos de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid.