Feijóo amenaza a Sánchez con una reforma judicial: "La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno, tampoco"
El PP reconoce que el actual Gobierno nunca ha usado el aforamiento para rechazar una investigación solicitada por el Tribunal Supremo, pero aun así augura una reforma judicial para que los congresistas no esquiven a la Justicia.

A Coruña--Actualizado a
Alberto Núñez Feijóo ha puesto la directa y si Vox ya apuntaba judicialmente contra Pedro Sánchez, el PP no ha dudado en subirse a ese barco. Igual que están haciendo desde hace meses contra Jose Luis Rodríguez Zapatero, los populares advierten y amenazan con un futuro judicial complicado del presidente socialista. Aún no ha ocurrido, y ni Sánchez ni su Gobierno han usado el aforamiento para rechazar una investigación solicitada por el Tribunal Supremo, pero Feijóo ha cargado igualmente contra él. El líder de la oposición ha anunciado que, si llega a la Moncloa, llevará a cabo una reforma en el poder judicial que evite el sobreseimiento cuando a un diputado, aforado de la Justicia, no pueda ser investigado por el Tribunal Supremo después de que el Congreso rechace un suplicatorio.
Actualmente, cuando un diputado es investigado por alguna causa, su condición de aforado obliga al Tribunal Supremo a necesitar que el Congreso de los Diputados apruebe un suplicatorio para habilitar esa investigación. Si la cámara vota en contra, el suplicatorio queda rechazado y la causa, sobreseída. El PP advierte que propone una reforma que mantendrá la capacidad de negar un suplicatorio, pero la causa no quedará sobreseída de manera definitiva. Cuando ese aforado deje el acta, la causa le estará esperando.
"La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno, tampoco", ha dicho Feijóo durante la clausura la 28ª Interparlamentaria del Partido Popular celebrada en A Coruña. "Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. Esto no puede ser, ningún político puede tener derecho de usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad".
"Seguridad es que la ley se cumpla para todos, sin excepciones. ¿Cómo un político puede tener más derechos que un ciudadano? ¿Es que volvemos a la edad media? ¿Hay políticos que pueden delinquir?", se ha preguntado Feijóo sin responderse frente al auditorio ubicado en el puerto coruñés, donde casi 4.000 personas han acudido a la cita.
Rechazo total a la financiación
El PP ha despertado la cuestión catalana de nuevo y Feijóo ha mantenido a Catalunya en el centro de su discurso. Sobre las relaciones con el Gobierno de Sánchez ha defendido que "en este país se ha cambiado poder por impunidad" y que "si tú me haces presidente, yo te borro tus delitos", ha argumentado con relación a los líderes independentistas, los indultos y la amnistía. Ahora que también la reforma de la financiación se ha convertido en el centro del debate y todo el Partido Popular se ha posicionado radicalmente en contra de la nueva fórmula presentada esta semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente del partido la consideraba "chantajes" impuestos por ERC. "Ha dilapidado la igualdad de los españoles con una financiación a la carta que abunda en lo de siempre: el separatismo exige y los españoles pagan", ha considerado.
El PP ha anunciado que el próximo domingo todos los barones autonómicos se verán con Feijóo en Zaragoza. Un acto para apuntalar la campaña de Aragón y para mostrar unidad frente a la reforma de la financiación. "Que no vendan esto como una reparación a los catalanes. Esto se hace para mantener al partido socialista gobernando en el Gobierno central y el Gobierno de Catalunya", ha defendido.
En materia internacional, Feijóo ha evitado la cuestión de Venezuela y tan solo ha considerado que, si el Gobierno quiere que el PP apoye el envío de tropas a Ucrania cuando se produzca un alto al fuego, tendrán que oír sus "condiciones", pero también saber más del proyecto europeo, ya que los populares denuncian que no han sido debidamente informados por el Ejecutivo.
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