Felipe VI roza los 200 viajes oficiales en once años de reinado cuyo gasto es un misterio

Los viajes de Felipe VI cuentan con la protección de la ley de secretos oficiales de la dictadura franquista. La normativa aún vigente constituye una de las herramientas que emplean las instituciones para mantener un muro de opacidad en torno a los gastos que implican los desplazamientos del monarca al exterior.

De acuerdo a los datos recogidos por Público, el rey efectuó 192 viajes entre junio de 2014 –mes en el que accedió al trono– y diciembre de 2023 –última fecha disponible en las memorias de actividades que publica Casa Real–. 

El año con más salidas fue 2022: entonces se registraron 25 viajes del monarca a 15 países diferentes. Entre las actividades en el exterior a lo largo de ese año figura la asistencia del monarca al mundial de fútbol de Catar para presenciar el partido entre España y Costa Rica. 

En 2023 hubo 21 viajes a 17 países distintos. En este caso, la memoria de Casa Real ha dejado vacío el apartado de actividades destacadas en el exterior, mientras que el apartado de la web en el que deberían especificarse todos los viajes realizados no se encontraba operativo en el momento en que Público realizó la consulta. 

Los límites de la transparencia en torno a las actividades del monarca se vuelven particularmente infranqueables cuando se trata de saber su coste económico. Según ha podido verificar Público, el Gobierno ha dificultado al máximo el acceso a datos sobre esta cuestión. 

En una resolución emitida en enero de 2020, la Secretaría General de Presidencia del Gobierno rechazó una solicitud sobre los viajes de la familia real, formulada bajo el amparo de la Ley de Transparencia. En esa ocasión, al igual que en otras, el Ejecutivo se aferró a la ley de secretos oficiales de la dictadura franquista para descartar la petición. 

Según consta en dicha resolución, el Gobierno alegó que "tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares" son a día de hoy materia clasificada, por lo que se encuentra "reservada o restringida su difusión, de manera que no puede desclasificarse o facilitarse sin más".

La Moncloa advirtió entonces de que no cabía "facilitar más información" que la que figuraba en la "página web oficial de la Casa de S.M. el Rey", lo que en la práctica impide conocer cualquier datos sobre las partidas económicas de dinero público que implican los desplazamientos de Felipe VI.  

Un camino difícil

La Fundación Civio, que trabaja precisamente en el ámbito de la transparencia, ha experimentado en carne propia las limitaciones que pone el Gobierno en este asunto. Los responsables de esa organización han enfrentado numerosas trabas en sus intentos de acceder a información oficial, pese a lo cual han logrado arrojar algo de luz al respecto.

En una investigación difundida en 2016, Civio destacó que "altos cargos del Gobierno, familiares, expolíticos y empresarios componen los séquitos oficiales que acompañan a la Casa Real en sus viajes oficiales". 

La fundación denunció entonces que no existía "un listado público detallado de personas que escolten al jefe del Estado en sus actos en el extranjero, más allá de las notas de prensa de la Casa del Rey".  

El informe de Civio –a cargo de Miguel Ángel Gavilanes– advertía además sobre las contradicciones entre los datos que manejaban los distintos ministerios sobre el número de viajes efectuados por Casa Real. Las pocas piezas disponibles no siempre encajaban, mientras que la mayoría seguían ocultas bajo el manto de opacidad que facilitaba –y continúa facilitando– la ley de secretos oficiales de la dictadura. 

En su búsqueda de transparencia, Civio llegó incluso a los tribunales. En noviembre de 2015, la fundación preguntó al Ministerio de Defensa -entonces bajo el Gobierno del PP- sobre los acompañantes en los viajes oficiales, pero no logró datos sobre los vuelos del presidente del Gobierno o de la Casa Real. 

La fundación llevó su lucha contra el secretismo al Tribunal Supremo, que en 2020 dictaminó que todas las administraciones tendrán que dar acceso a información anterior a la entrada en vigor de la ley de transparencia en 2014. Sin embargo, las dificultades para obtener ciertos datos en torno a los viajes oficiales de Felipe VI aún perviven.