"Este no ha sido nunca un juicio a un cuerpo como los Mososs d'Esquadra. Otra cosa es que alguno de los acusados confundiera al cuerpo consigo mismo". El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha asegurado este lunes que la actuación del mayor, Josep Lluís Trapero, durante el 1-O, le sitúa en la "órbita directa" de la comisión del delito de sedición.

En las conclusiones finales, Carballo ha defendido que el delito de sedición es el "realmente" aplicable en este caso en consonancia con la sentencia del "procés"

reprochado la "pasividad" y el "cinismo" de Trapero y y de César Puig y Pere Soler -secretario general y director general de la policía catalana entonces- ante las órdenes judiciales que prohibían la celebración del referéndum independentista el 1 de octubre de 2017, en consonancia con la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional.

La petición de una condena por sedición, un delito de actividad por resistencia activa, es acorde con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre pasado contra la cúpula política que lideró el proceso culminado con la Declaración Unilateral de Independencia.

Fue un desafío al Estado donde, a juicio de la Fiscalía, Trapero y los responsables políticos de la policía catalana jugaron un papel determinante: no impidieron el referéndum, ni tampoco las concentraciones alrededor de la consellería de Hacienda mientras se realizaba un registro judicial que "fue una consciente dejación del orden público hasta permitir que la situación deviniera imposible y quedase en manos de una violencia tumultuaria, una multitud alzada dirigida a impedir el cumplimiento del mandato judicial".

'Han intentado servir a dos señores'

La excúpula de los Mossos dotó a las iniciativas de los políticos independentistas de "una apariencia de institucionalidad", ha destacado la Fiscalía. 

"La gestión fue nefasta, fue el caos" y los acusados sirvieron al "independentismo contumaz" en un proceso que arrancó en 2014. "Aquí han intentado servir a dos señores", en lugar de hacer como hizo Jordi Jané, el consejero de Interior que dimitió en julio de 2017 porque no estaba de acuerdo con la vía unilateral.

La Fiscalía pide que Trapero, Puig y Soler sean condenados a 10 años de cárcel por sedición. Mientras, para la intendente Teresa Laplana -que se encargó de la seguridad ante las concentraciones de la consellería de Economía- cuatro años de prisión. En caso de que el tribunal no considere acreditada la sedición, el ministerio público reclama como alternativa condenas por desobediencia, que no implican cárcel.