El juicio por el 'caso Cursach' ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares con las palabras del fiscal Juan Carrau en relación a la importante amputación sufrida en el escrito de acusación de la Fiscalía. Las presuntas falta de indicios delictivos y falsedad de algunos testimonios son las razones que ha esgrimido Carrau para retirar la acusación a siete encausados: tres cargos del grupo empresarial Cursach --uno de ellos, expolicía-- y cuatro excargos políticos y funcionarios, acusados previamente de favorecer ilegítimamente los negocios del magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Tolo Cursach.

Para Jaime Nadal, exdirector general del área de Comercio del Ayuntamiento de Calvià, acusado en el procedimiento por favorecer desde su puesto los negocios de Cursach y perjudicar a los de la competencia, el fiscal ha argumentado para justificar que primero pidió para él diez años de inhabilitación y ahora pide la absolución que "la Fiscalía en el momento en que se presentó la acusación [2018] no disponía del informe del Consell en el que consta que su conducta no es reprochable ni ilegal".

En el caso de Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo, y de Bernardí Seguí, funcionario de su departamento, para los que la Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación, "no se observa conducta prevaricadora", dice ahora el fiscal. La misma justificación ha hecho extensiva el fiscal para Julián Garau, funcionario del Ayuntamiento de Palma, para el que antes se pedía cuatro años y seis meses de prisión por cohecho.

Para el exdirector y un trabajador de la discoteca Tito's, uno de los locales de Cursach, Jaime Lladó y Arturo Segade respectivamente, el fiscal ha argumentado que "por un acto de congruencia, hemos visto que eran falsas las testificales que les acusaba". Por ello pide su absolución.

Finalmente, para el expolicía Antoni Bergas, que trabajó para el Grupo Cursach, la Fiscalía pedía cinco años y nueve meses por un delito de prevaricación, pero ahora "la inexistencia de una prueba clara nos obliga a retirar la acusación".

Para el agente Miguel Estarellas, fallecido ya, también se ha retirado la acusación por extinción de presunta responsabilidad. 

El tribunal, compuesto por las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Gloria Martín, se prolongará hasta abril de 2023, el más largo celebrado en Baleares.

El letrado Álvaro Martín Olmos, abogado de la acusación que representa a un grupo de empresarios perjudicados por Cursach, ha retirado también las acusaciones para todos esos procesados, no sin antes reprochar al fiscal sus argumentos: "No se entienden los motivos por los que dice que ciertas testificales carecen de verosimilitud, si bien entendemos que esas comprobaciones se habrán realizado en la causa contra el juez instructor [Manuel Penalva] y el fiscal [Subirán] anteriores que están acusados. 

Según dice Martín Olmos, el TSJ de Islas Baleares indica que "tendrá que demostrarse en la propia vista oral", reprochando así que el Ministerio Fiscal dé por probadas en la presente causa la presunta falsedad de algunos testimonios. El letrado explica que mantener las acusaciones una vez retiradas por la fiscalía representa una "dificultad añadida".

Las acusaciones piden la nulidad de la causa

Por parte de la acusación que representa la letrada Teresa Bueyes, se ha esgrimido indefensión para sus clientes, dos empresarios de Calvià, uno de ellos, dueño de una discoteca que resultó perjudicado por la trama de Cursach. "Vemos una serie de irregularidades que no dejan de sorprenderos. No entendemos que acuse por coacciones a algunos encausados y no pida pena alguna. Va contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal". 

Bueyes ha pedido que la pieza separada del 'caso Cursach' que se está enjuiciando "debería declararse nula" por una serie de irregularidades procesales que ha enumerado con el posterior reproche de la presidenta de la Sala. "El fiscal no puede hacer lo que quiera, hay unas normas procesales", ha enfatizado Bueyes. 

Tras exponer sus motivos basados en la vulneración de varios derechos, Bueyes se ha referido a las "trampas e irregularidades" en el proceso de instrucción de la causa, llegando a sugerir que podían proceder "del principal encausado", en referencia a Bartolomé Cursach. 

Tras su intervención, otras acusaciones han pedido igualmente la nulidad del presente procedimiento.

La representación de la comunidad autónoma de Baleares ha anunciado que se adhiere al escrito de Fiscalía y se retira como acusación en el procedimiento.  

Campaña contra el juez Penalva

El anterior juez instructor, Manuel Penalva, y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán están acusados de revelación de secretos. Su instrucción de la causa sufrió serios percances y toda una campaña mediática en su contra. Este lunes ha recobrado protagonismo al ser invocada aquella instrucción para justificar la retirada de acusaciones en base a presuntos testimonios falsos.  Subirán y Manuel Penalva fueron jubilados por incapacidad en 2020 y 2021, respectivamente.

A pocos días de que empezara la vista, la Fiscalía rebajó su petición de pena de prisión para el cabecilla de la trama, Bartolomé Cursach, de ocho años y medio a uno y medio por retirar los cargos por cohecho. Mantiene la petición de 15 años de inhabilitación para toda actividad relacionada con la hostelería y el ocio, por un delito de pertenencia a grupo criminal. 

En cuanto al 'número 2' de Cursach, Bartolomé Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, la Fiscalía también rebaja su petición de pena de cárcel a tres años y medio después de eliminar el delito de cohecho activo. 

También reduce la solicitud de cárcel para el subinspector Bartolomé Capó (15 meses), los oficiales de la Patrulla Verde Gabriel Torres (tres años y medio), Feliciano Franco (dos años), el policía Rafael Amengual (dos años), el subinspector Carlos Tomás (casi seis años) y el agente Daniel Montesinos (seis años y nueve meses). 

El escrito de acusación modificado por los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz atribuye delitos de pertenencia a grupo criminal a Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Antonio Bergas, Bartolomé Capó y Gabriel Torres. Para los demás acusados se les atribuye delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo y activo, abuso de función pública por solicitud sexual, salud pública y revelación de secretos, entre otros.