El Ministerio Fiscal ha defendido este jueves sus conclusiones en el juicio por la pieza 'Boadilla del Monte' de la causa 'Gürtel', que encara su recta final en la Audiencia Nacional. Para el Partido Popular, que se sienta en el banquillo como partícipe a título lucrativo, la fiscal Concepción Nicolás no ha modificado su petición inicial y ha pedido que devuelva el dinero recibido de la trama corrupta: 204.198,64 euros.

Según la fiscal, que ha dedicado tres horas en la sesión de este jueves a defender sus conclusiones, el PP se ha beneficiado de "actos ilícitos" y debe devolver el lucro, que valora en 204.198,64 euros. Ha descrito las partidas recibidas por el PP de manos de la trama 'Gürtel' desarrollada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte entre 2001 y 2009, gobernado por los 'populares'.

Por ejemplo, ha indicado que de la UTE con la empresa Sufi, adjudicataria de los servicios de limpieza en el municipio, 24.000 euros fueron a parar al PP, que también recibió 120.000 euros de otra mordida. "Así lo ha consignado la perito de la Agencia Tributaria. Todos y cada uno de los pagos recibidos han quedado acreditados", ha concluido la fiscal, que ha recordado que "quien se aprovecha tiene la obligación de devolver el dinero". 

La fiscal ha modificado levemente sus conclusiones, suprimiendo el delito de asociación ilícita contra el líder de la trama, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo. La fiscal Concepción Nicolás ha eliminado este delito porque ambos acusados ya fueron condenados por el mismo en la sentencia por la trama de Fitur en febrero de 2017. Además, también ha suprimido la inhabilitación especial por el delito de cohecho.

La fiscal ha valorado muy positivamente las confesiones de 16 de los 27 encausados en esta pieza de la causa 'Gurtel': "Han sido conformidades legales, por escrito, y que han agilizado el juicio, evitando muchas pruebas", ha dicho, destacando en especial la confesión de Francisco Correa. "Es la primera vez que colabora de manera clara".  

"Lo ha reconocido absolutamente todo. Ha reconocido su papel en la empresa, la estructura societaria y quienes eran las personas asesoras. Ha reconocido la caja b, cuál era la función del contable de la trama (José Luis Izquierdo). Nos ha reconocido cómo se agasajaba, los pagos al PP y hasta que se pagaban actos con esa caja b", ha destacado la fiscal. 

Sobre los 16 confesos, la representante del Ministerio Público ha dicho: "Unos de manera mas minuciosa y otros menos nos han dado un crisol absoluto, todas las piezas de un puzzle para conocer cómo se produjeron los hechos, siendo todas ellas muy reseñables".

También se ha referido a Ramón Blanco Balín, el asesor financiero de las empresas de la trama, que, por primera vez, se ha animado en esta causa a colaborar con la Justicia, tras dos condenas previas por la trama 'Gürtel'. La fiscal ha desvelado que ha tenido dudas sobre la veracidad de su confesión, pero finalmente la ha creído. 

Precisamente durante el juicio, la defensa de Blanco Balín ha acusado al abogado del empresario Jorge Martínez Massa --también encausado pero que no ha confesado--, de filtrar unos correos electrónicos en los que supuestamente Blanco Balín "intentó convencer" a Martínez Massa de que "lo mejor era llegar a un acuerdo con Fiscalía" y donde reconocía que "muchos de los hechos" que admitió "no son verdad".

La pieza juzgada versa sobre el presunto cobro de comisiones y el amaño de concursos públicos en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, entre 2001 y 2009, donde prácticamente todo el urbanismo estuvo en manos de la red dirigida por Francisco Correa y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, en connivencia con cargos del PP, entre ellos el alcalde, Arturo González Panero, conocido como 'el albondiguilla'.  

Peticiones de la Fiscalía

González Panero ha reconocido en el juicio que el gerente regional del PP le dio instrucciones para pagar "por fuera" gastos de las campañas electorales entre 2001 y 2009 con parte de las comisiones que entregaban los empresarios por las adjudicaciones amañadas. Sin embargo, la fiscal ha sido dura con el exalcalde: "No ha colaborado nada; no ha colaborado ahora ni cuando pretendía reconocer los hechos". Y le ha acusado de haber "tergiversado" y haber tratado de "responsabilizar a otros", llegando a culpar a Correa "de extorsionarle". La Fiscalía mantiene para él su petición de 40 años y nueve meses de cárcel. 

Pero rebaja considerablemente las penas para los arrepentidos. Así, la petición inicial para Correa de 76 años y 7 meses se queda en 19 años; y 16 para Crespo, para quien pedía al principio 64 años y 7 meses. 

El perjuicio para las arcas públicas de Boadilla del Monte ha sido de cuatro millones de euros, según los peritos de la Agencia Tributaria que han intervenido en el juicio.