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El fiscal pide 76 años de cárcel para Correa y 40 para 'El Albondiguilla' por la trama de Gürtel de Boadilla

Pide que el PP sea juzgado como partícipe a título lucrativo por beneficiarse con la actuación de la red corrupta con 204.198 euros

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El cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y el exalcalde de Boadilla del Norte, Arturo González Panero, conocido como 'el Albondiguilla'. EFE

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.

En su escrito de acusación, la Fiscalía reclama además 64 años y 7 meses de prisión para el considerado número dos de la Gürtel, Pablo Crespo23 años y medio para el exdiputado regional Alfonso Boschy otros 22 para el exconcejal José Galeote.

El Ministerio Público pide en su escrito provisional de acusación que un total de 27 personas sean procesados y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular, se sienten en el banquillo por esta pieza separada del caso Gürtel.

Según la Fiscalía, la red pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas en el municipio.

La Fiscalía considera al partido de Mariano Rajoy partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009. El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

Según el escrito, la trama de Francisco Correa pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla, unos pagos que en el caso de José Galeote ascendieron a 557.609 euros, en el de González Panero a 1.800.000 euros y en el de Bosch a 941.652 euros.

Otros procesados

De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados, figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien pide cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz.

La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

Entramado para controlar la contratación pública

La Fiscalía acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.

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