La Fiscalía Provincial de Madrid se ha adherido al recurso presentado por Podemos contra el auto que estableció que la gerente de Podemos no disponía de la capacidad para acordar incrementos salariales a los miembros de dicha formación política y que, por tanto, al haber aprobado en algunos casos complementos salariales podría haber incurrido en un delito de administración desleal. Para la representante del Ministerio Público, sin embargo, se trata de un caso donde se han cobrado complementos de manera "trasparente" y "con control interno".

Tras la práctica de varias diligencias, la Fiscalía reitera que el cobro de los complementos salariales "podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos", pero no es por sí un hecho ilícito. Explica que si la medida de incrementar los salarios se hubiera hecho mediante acuerdo con la gerente o bien a través de una propuesta ante la dirección del partido, tampoco sería constitutivo de delito. Es más, precisa incluso que no se está hablando de cantidades cobradas en b o en sobres, "sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido". 

Los complementos en cuestión son de 210 euros y de 400 euros al mes para la gerente y el tesorero, respectivamente. En la denuncia de los abogados despedidos, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, consta que esos complementos no figuraban en las tablas salariales del partido morado. El juez del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid archivó la causa, el pasado 11 de marzo, al considerar que los órganos de la formación aprobaron dichas cantidades. Sin embargo, poco después la reabrió al estimar un recurso de Vox, que ejerce de acusación popular, incidiendo en que la gerente no tendría la capacidad de establecer complementos salariales.

La Fiscalía reitera en una nota hecha pública este martes que "no deja de extrañar" que sea la acusación popular--Vox-- la que sostenga la existencia de indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, en este caso el propio partido político, no se considera como tal. "Y lo hace –añade en su recurso- sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna". De hecho, llegan a solicitar que se considere a una de ellas, que certifica la regularidad de los complementos, como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal. 

Denuncia también la Fiscalía madrileña que la acusación particular pretenda que se revelen datos sobre quienes cobran en el partido ese tipo de complementos junto con un requerimiento general a Podemos sobre el informe de ejecución de presupuestos y documentación enviada al consejo ciudadano. La práctica de estas nuevas diligencias es para la Fiscalía un "nuevo"  intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política "respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito".

La semana pasada declaró como testigo el exgerente de Podemos, Pablo Manuel Fernández Alarcón, y manifestó que no hay ninguna norma interna que impida a la gerencia del partido establecer complementos salariales.