La Fiscalía no ve delito en el modo de contratar empleados públicos que usa la Junta de Andalucía por la pandemia

La Fiscalía Superior de Andalucia ha archivado la denuncia presentada el pasado 11 de septiembre por representantes de las mareas blancas contra el consejero de Presidencia, Elias Bendodo, la secretaria general para la Administración Pública, Vielba Gómez, y la secretaria general para la Administración Pública, Natalia Silva, por prevaricación en la contratacion de 159 funcionarios interinos en la convocatoria del 8 de julio.de 2020.

Los fiscales, según indicaron a Público fuentes de la Fiscalía Superior, consideran que los hechos denunciados no tienen carácter de delito penal por prevaricación porque la convocatoria que se denuncia "en ningún caso es irracional o arbitraria", lo que es, según el Ministerio Público, "esencia" de ese crimen. Añade la fiscalía que la administración autonómica justifica la convocatoria "en circunstancias excepcionales o extraordinarias" debido a la covid-19.

Sobre la exclusión de determinados colectivos –personas que tuvieran más de 60 años y a embarazadas y lactantes, lo que la oposición considera una discriminación en toda regla, y también impedía el acceso a quien padeciera enfermedades crónicas como diabetes; hipertensión, inmunodeficiencia y cáncer– que las mareas consideran discriminatorio, los fiscales por el contrario avalan que se hizo con la finalidad "de preservar su integridad" y "derecho a la salud" frente a la pandemia.

En la denuncia, las mareas aseguraban que la convocatoria no tiene "los requisitos y las garantías de publicidad, mérito y capacidad". "El hacerse por una vía urgente, con 24 horas de plazo y sin necesidad de aportar méritos, y capacidades en un currículo vitae y basar la selección exclusivamente en el orden de entrada en el correo electrónico, entra en colisión con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público", aseguran los denunciantes. 

La denuncia ponía en solfa, además, que las 159 contrataciones estuvieran justificadas en el marco de la emergencia de salud pública, "cuestión que no se justifica ni en los puestos de trabajo que se ofertan ni en la finalidad de estas contrataciones".

Más denuncias

Además, de esta denuncia ya archivada, hay más, presentadas en Fiscalía y en varios juzgados por sindicatos y partidos de la oposición que ha sido muy crítica con esta manera de contratar empleados públicos. "Se trata de instrucciones políticas claras de un sistema fraudulento. Un escándalo que conduce de manera inequívoca al enchufismo saltándose los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad", consideró el diputado del PSOE, Manuel Jiménez Barrios.

Toni Valero, coordinador de IU en Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, opinó: "No tienen justificación alguna las contrataciones que el Gobierno andaluz ha venido realizando en procesos que duraban abiertos 24 horas, sin previo aviso y perjudicando a interinos".