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Moreno insiste en contratar empleados públicos en Andalucía por una vía que "abre la puerta al enchufismo"

Adelante y PSOE arremeten con dureza contra el procedimiento elegido por el Gobierno andaluz para contratar "interinos" en 24 horas. El PSOE lo ha llevado a los tribunales.

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Elías Bendodo, consejero andaluz de la presidencia, en una fotografía de archivo.

raúl bocanegra

El Gobierno andaluz ha vuelto a utilizar este martes, como ya hizo en otras ocasiones este año, un procedimiento de contratación de empleados públicos, que está abierto solo 24 horas y que se rige por orden de presentación de solicitudes, sin más requisitos que ser bachiller, técnico o equivalente, y sin apenas publicidad. El procedimiento ha sido muy cuestionado por la oposición, que lo ha llevado ya a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

El PSOE considera que la vía elegida por el equipo del presidente Juanma Moreno –azote del "enchufismo" en sus años de oposición– incumple la igualdad de oportunidades, que "conculca" los preceptos de mérito y capacidad, y abre la puerta a la "posibilidad del nepotismo". Adelante Andalucía reclamó la paralización de la convocatoria y le vaticinó al sistema, que se aprobó por decreto-ley durante la emergencia sanitaria, un camino muy corto en los tribunales.

En esta nueva convocatoria, con la excusa de la "situación ocasionada por el coronavirus", el Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos, que preside Moreno pretende contratar –en esta ocasión hasta fin de año; otras convocatorias no especificaban plazo– a 278 personas "para agilizar la tramitación y resolución de procedimientos pendientes, requiriéndose para ello la incorporación presencial y urgente de personal funcionario interino en todas las Consejerías".

El PSOE calcula que, por este procedimiento, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha contratado ya a casi 3.500 personas, sin contar las 278 de esta convocatoria. Para José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, "se trata, al igual que los anteriores, de un procedimiento opaco, carente de rigor y que nadie conoce, con el único objetivo de llenar de amigotes la Administración".

La resolución va firmada por Natalia Silvia Márquez García, de la Consejería de la presidencia, que dirige Elías Bendodo (PP). En ella, se lee: "La adjudicación de las plazas se realizará de oficio por la Administración, por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas en la dirección de correo electrónico arriba indicada".

"El criterio para contratar en la función pública no puede ser el orden de llegada", criticó García. Con ello, PP-A y Ciudadanos (Cs) "abren de nuevo las puertas al enchufismo con este procedimiento". García agregó que esta convocatoria es una reproducción "de las peores prácticas cortijeras de los anteriores ejecutivos del PSOE de Andalucía".

"Se trata de instrucciones políticas claras de un sistema fraudulento. Un escándalo que conduce de manera inequívoca al enchufismo saltándose los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad", considera el diputado del PSOE, Manuel Jiménez Barrios.

Discriminación

La convocatoria excluye además a personas que tengan más de 60 años y a embarazadas y lactantes, lo que la oposición considera una discriminación en toda regla, y también impide el acceso a quien padezca "diabetes; enfermedad cardiovascular, (incluida hipertensión); enfermedad hepática crónica; enfermedad pulmonar crónica; enfermedad renal crónica; enfermedad neurológica o neuromuscular crónica; inmunodeficiencia y cáncer".

El sistema, para el PSOE, da pie a pensar que se trata de colocar a los "afines del Gobierno andaluz en un intento de colonización" de la Administración autonómica. Los socialistas han solicitado a la Junta copia completa de toda la documentación referente a estas contrataciones y todos los correos electrónicos con indicación de la hora de llegada de quienes han sido los "afortunados" con estos empleos. También quiere el PSOE conocer qué autoridad pública se ha encargado de seleccionar a los aspirantes y han pedido a la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalice urgentemente este procedimiento, según recogió Efe.

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