La Fiscalía abre una investigación penal por el modo de contratar empleados públicos del Gobierno de Andalucía

La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto unas diligencias de investigación penal por la contratación de 159 empleados públicos que efectuó la Junta de Andalucía el pasado 8 de julio. Entre los denunciados por un delito de prevaricación –dictar una resolución injusta a sabiendas– está el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, mano derecha del presidente, Juanma Moreno, ambos del PP.

Ana Tárrago, la Fiscal Superior de Andalucía, ha designado al fiscal José Rogelio Muñoz Oya para que lleve a cabo las "actuaciones que estime conveniente" y elabore en próximas fechas "un informe-propuesta" sobre el que basar la decisión a tomar. Es decir, el caso aún está en sus preliminares judiciales. Así,  consta en un escrito enviado por el Ministerio Público a los denunciantes, miembros de las mareas blancas, en defensa de la sanidad pública, al que ha tenido acceso Público. 

El procedimiento de contratación de empleados públicos, que la consejería de la Presidencia, con la excusa de la emergencia por la pandemia –y con la cobertura jurídica de un decreto-ley– puso en marcha el 8 de julio pasado, estuvo abierto solo 24 horas y se regía por estricto orden de llegada de solicitudes en una dirección de correo electrónico, y no tuvo apenas publicidad.

La convocatoria excluía además a personas que tuvieran más de 60 años y a embarazadas y lactantes, lo que la oposición considera una discriminación en toda regla, y también impedía el acceso a quien padeciera enfermedades crónicas como diabetes; hipertensión, inmunodeficiencia y cáncer.

En la denuncia, las mareas aseguran que la convocatoria no tiene "los requisitos y las garantías de publicidad, mérito y capacidad". "El hacerse por una vía urgente, con 24 horas de plazo y sin necesidad de aportar méritos, y capacidades en un currículo vitae y basar la selección exclusivamente en el orden de entrada en el correo electrónico, entra en colisión con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público", aseguran los denunciantes. 

La denuncia pone en cuestión, además, que las 159 contrataciones estuvieran justificadas en el marco de la emergencia de salud pública, "cuestión que no se justifica ni en los puestos de trabajo que se ofertan ni en la finalidad de estas contrataciones".

Así, argumentan los denunciantes,"en la convocatoria aparecen puestos de arquitectos superiores y técnicos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de minas, conservadores de patrimonio etc, que nada tienen que ver directamente con medidas de abordaje o prevención referidas a la pandemia del coronavirus".

"Más bien –se lee en la denuncia– son titulaciones de trabajos referidos a temas urbanísticos y medioambientales que pudieran estar relacionados con el llamado macrodecreto–ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que limita los controles urbanísticos, medioambientales y de salud que se contemplaban en la legislación urbanística de la Junta de Andalucía".

Los denunciantes remachan: "Llama la atención que absolutamente ninguna de las profesiones objeto de la convocatoria estén relacionadas con los servicios de salud pública o de la sanidad andaluza, siendo de conocimiento público la situación de saturación, por no de decir de agotamiento y colapso, de los centros de salud, con cierres de centros de salud, falta de sustituciones, camas previstas cerrar este verano en numerosos hospitales. Y todo esto teniendo en el mes de Julio decenas de brotes activos del coronavirus en Andalucía y la necesidad de rastreadores y personal sanitario de refuerzo".

El Defensor del Pueblo admitió a trámite también una queja con el mismo contenido que la denuncia en agosto pasado.

Enchufismo

La oposición ha sido muy crítica con esta manera de contratar empleados públicos. "Se trata de instrucciones políticas claras de un sistema fraudulento. Un escándalo que conduce de manera inequívoca al enchufismo saltándose los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad", consideró el diputado del PSOE, Manuel Jiménez Barrios.

Toni Valero, coordinador de IU en Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, puso un tuit tras conocer la apertura de diligencias penales: "Llevamos denunciándolo durante meses. No tienen justificación alguna las contrataciones que el Gobierno andaluz ha venido realizando en procesos que duraban abiertos 24 horas, sin previo aviso y perjudicando a interinos. Celebramos que se investigue este hecho".

Los denunciados son, además de Elías Bendodo, sus colaboradoras Ana María Vielba Gómez y Natalia Silva Márquez García, secretaria general para la Administración Pública, y directora general,respectivamente. Las mareas creen que los tres propiciaron esa manera de contratar "con conocimiento de su evidente ilegalidad y manifiesta arbitrariedad".