La Fiscalía pide ahora siete meses de prisión para la CDR a la que acusó de terrorismo

De ser detenida por terrorismo a terminar siendo acusada por la Fiscalía de "incitación a la comisión de desórdenes públicos", un delito por el que le piden siete meses de prisión.

El Ministerio Público ha presentado este viernes su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción nº 24 de Barcelona contra la activista catalana Tamara Carrasco, detenida el 10 de abril de 2018 en Viladecans (Barcelona) por presuntos delitos terroristas, en el que solicita que se juzgue a la CDR por un delito de distribución o difusión pública que incita a la comisión de desórdenes públicos.

En su escrito, que ha sido adelantado por El Mundo, la Fiscalía considera que la activista ejercía "funciones de coordinación de los denominados Comités de Defesna de la República (DCR)" y que "impartió directrices para las acciones de reivindicación" que se debían realizar en distintos lugares de Catalunya durante la Semana Santa de 2018.

La Fiscalía considera que la activista ejercía "funciones de coordinación de los denominados Comités de Defesna de la República (DCR)"

Esa función, según la Fiscalía, la habría ejecutado a través de un audio de whatsapp en el que anuncia que durante varios días se realizarán "cortes" así como "una especie de sabotajes" a la espera de una convocatoria de huelga general indefinida de los sindicatos independentistas. 

"La consigna es que entre hoy y mañana hacer hervir la olla para que haya un movimiento en las calles y justificar la huelga general", dijo la activista a través de este audio, que aparece en el escrito de la Fiscalía.

El fiscal considera que estas consignas fueron importantes para que los días 26 y 27 de marzo de 2018 se realizaran cortes y disturbios en carreteras como la A-2 en lleida, la N-340 en Terres de l'Ebr o en la AP-7 en La Junquera y Figueres. 

Antes, terrorismo

El mencionado audio de whatsapp fue el mismo mensaje que sirvió para la detención de Carrasco por presuntos delitos de terrorismo o rebelión. En aquel momento, abril de 2018, la Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a pedir prisión provisional para la activista, pero el juez instructor rechazó la acusación y dejó la causa en desórdenes públicos. A pesar de ello, Carrasco sufrió la prohibición de salir de Viladecans, salvo para ir a trabajar, hasta mayo de 2019.