MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado su escrito de acusación contra la cúpula de Caja Madrid y de Bankia por el uso de las famosas tarjetas black, tarjetas opacas al fisco, en las que reclama para 66 exdirectivos de Caja Madrid penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel por apropiación indebida.

El ministerio público reclama las penas más altas para los presidentes que autorizaron el uso de estas tarjetas opacas al fisco entre enero de 2003 y mayo de 2012, que es el periodo del que Bankia conserva registros completos de los gastos.

En concreto, para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, pide un total de 6 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Blesa gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca.

En el caso de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, el ministerio público pide 4 años y seis meses de cárcel. Rato gastó 99.054 euros con su tarjeta.

En cambio, para el responsable de las tarjetas, Ildefonso Sánchez Barcoj, la Fiscalía rebaja su solicitud a dos años de cárcel porque le aplica un atenuante ya que ha devuelto el medio millón de euros que gastó con la tarjeta.

La Fiscalía pide unas penas más bajas que la acusación popular para todos los implicados en este uso de dinero del banco y que supusieron un gasto de 12,39 millones de euros en dicho periodo.

El ministerio público no aprecia que en este escándalo exista el delito de administración desleal, a diferencia de la acción popular que ejercen UPyD y el sindicato CIC y que solicita 10 años de cárcel para Rato, Blesa y Barcoj.

Anticorrupción reclama, por su parte, tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella y dos años para el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

Además, aplica la atenuante de reparación del daño a once ejecutivos de Caja Madrid que han devuelto el dinero, entre ellos Fernández Norniella y el propio Barcoj que diseñó el sistema para convertir estas remuneraciones en opacas a la Hacienda pública.

Al mismo tiempo, la Fiscalía reclama de Blesa, expresidente de Caja Madrid, una indemnización civil de 9,3 millones de euros, que deberá hacer frente en caso de que el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) no responda por este dinero. Requiere que se cifre una caución para Rodrigo Rato de 2,7 millones de euros.

Las fianzas que solicita la Fiscalía para ambos se corresponden con el total de las cantidades dispuestas por la cúpula directiva en la etapa en las que Blesa y Rato presidieron Caja Madrid y Bankia.

En el escrito de acusación, la Fiscalía cifra en 9.344.808 euros la cantidad dispuesta durante la presidencia de Miguel Blesa entre enero de 2003 y enero de 2010 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó. Esta cuantía se irá reduciendo a medida que los directivos depositen el dinero que gastó cada uno.

Además, estima en 2.694.850 euros las cantidades dispuestas durante la presidencia de Rodrigo Rato, entre febrero de 2010 y mayo de 2012, por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó.

El escrito, presentado ante el juzgado central de instrucción número 4, representa la acusación del ministerio fiscal ante la apertura de juicio oral que está previsto que dicte el juez Fernando Andreu en esta pieza separada de las tarjetas de crédito opacas de la entidad bancaria Caja Madrid.

El 23 de diciembre del pasado año el instructor dio por concluida la fase de investigación y se dirigió a las partes por si querían abrir juicio oral al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por parte de los 66 usuarios de las tarjetas.

Andreu estimó que había "indicios fundados de criminalidad", ya que las tarjetas "no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales".

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para los siguientes miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid:

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984 euros de gasto en tarjetas), Ignacio Navasqües (194.886); los representantes del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Ricardo Romero de Tejada (212.216), el economista Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Mercedes Rojo (119.292), Francisco José Moure (127.366), Darío Fernández Yruegas (69.802); los propuestos por el PSOE Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), José María Arteta (138.903), Jorge Gómez Moreno (98.182); el representante de IU José Antonio Moral Santín (456.522); los de Comisiones Obreras Francisco Baquero (266.433), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151); y el de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750 euros).

La Fiscalía defiende en su escrito la imposición de tres años de prisión para el ex secretario de Estado José Manuel Fernández Norniella (185.226 euros), quien ha devuelto a Bankia el dinero que gastó con su tarjeta.

El Ministerio público reclama dos años y medio de cárcel para Luis Blasco (51.580 euros de gasto en tarjeta), los consejeros propuestos por el PP Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Antonio Cámara (177.891), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), José María Buenaventura (62.932) y Beltrán Gutiérrez (58.022); los del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), Francisco José Pérez Fernández (122.615), José Acosta (62.460); los de IU Rubén Cruz (233.763), Juan Gómez Castañeda (128.000); el nombrado a propuesta de CC.OO. Antonio Rey de Viñas (191.495); los representantes de UGT Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381), así como el representante de la patronal CEIM Alejandro Couceiro (70.160).

El Ministerio público rebaja la pena de dos años de cárcel –esto es, no entrarían en prisión si no tienen antecedentes- para el ex director general financiero Sánchez Barcoj, (575.071 euros); el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067); el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818); Ramón Ferraz Ricarte; Mariano Pérez Claver (379.513); el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742); el ex director de Comunicación Juan Manuel Astorqui (292.992); Carlos María Martínez (279.396); la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el exresponsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); el ex jefe de la casa del Rey Rafael Spottorno (235.817); y Ramón Martínez Vilches, de la Dirección de Riesgos (102.326).

También pide dos años para la consejera del PSOE María Enedina Álvarez Gayol (47.012) y el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (44.154).

La Fiscalía solicita un año y medio para el exconsejero socialista Virgilio Zapatero (35.988) y los integrantes de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández (37.326) y Francisco Javier López Madrid (34.807), además del representante del PP Manuel José Rodríguez González (37.134); el representante del PSOE Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399); y el consejero propuesto por IU Gabriel Moreno (20.472).

El Ministerio público solicita las menores penas, de un año de prisión, para Luis Gabarda (139.707) y los representantes del PP Emilio Iranzo, expresidente del Instituto de Estudios Económicos (46.848), Miguel Corsini (46.648) y y Jorge Rábago (8.041).