La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años de prisión para un hombre que se dedicó durante siete meses a acosar e injuriar al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a la exministra de Igualdad Irene Montero. El Ministerio Público también reclama que el acusado no se acerque a los afectados durante dos años.

Según el escrito de acusación, esta actividad provocó una alteración de su vida familiar diaria y de sus actividades "derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como limitación de movimientos en compañía de los menores por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos".

El juicio se celebrará el próximo lunes en el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid, en la sede judicial de la calle Julián Camarillo de la capital. El representante del Ministerio Público le imputa los delitos de injurias graves con publicidad a la autoridad, acoso y descubrimiento de secretos. También le exige que abone dos multas por valor total de 13.800 euros.

La acusación particular ejercida por Pablo Iglesias e Irene Montero solicita en total un año y medio de cárcel. Pide una multa de 9.000 euros e indemnización de 20.000 euros por daños morales por un delito de coacciones continuadas, de acoso continuado, de injurias graves contra las instituciones del Estado y de descubrimiento y revelación de secretos.

El escrito de acusación señala que entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020, M. A. F. D. decidió mostrar su disconformidad con la gestión por parte del Gobierno de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Enfocó su malestar en las figuras del entonces vicepresidente Segundo del Gobierno Pablo Iglesias, su pareja, la entonces ministra de Igualdad Irene Montero, y sus tres hijos de corta edad.

A tal fin estuvo acudiendo a las inmediaciones de su domicilio familiar situado en Galapagar donde, "en un principio", se limitó a sumarse a las concentraciones diarias que se producían al final de la tarde por parte de algunos ciudadanos y de las que el acusado se declaró "instigador" en su cuenta de Twitter.

Incrementó su actividad

Sin embargo, en pocos días "incrementó" su actividad. Comenzó a portar un aparato de música con altavoces en el que reproducía con el volumen alto el himno nacional. También se dedicó a proferir gritos dirigidos al entonces vicepresidente denominándole "chepas", "garrapata", o diciendo "no vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela".

Por otra parte, el 2 de junio de 2020 el acusado acudió al domicilio portando una pancarta que exhibió ante los allí concentrados en la que había escrito el texto "Pablo Iglesias.. hijo de terrorista". También portó ese cartel los siguientes días 3 y 4. Y después, el día 5 de junio de 2020, añadió, en su cara posterior, otro texto que decía "Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas". Usó la pancarta hasta el 7 de junio en las concentraciones diarias.

Además, el 12 de julio de 2020, el acusado acudió de nuevo al domicilio familiar de Iglesias y Montero antes de la hora en que se producían las concentraciones. Trataba de evitar que se hubiese ya instalado el dispositivo de seguridad que se formaba alrededor del perímetro de la vivienda por parte de agentes de la Guardia Civil.

Aprovechó para aproximarse a la parte trasera de la propiedad, donde logró ver el porche trasero de la vivienda y parte del jardín. De este modo, comenzó a realizar una grabación de dicha zona con su teléfono móvil. Finalmente fue sorprendido por los ocupantes de la vivienda. El 17 de octubre de 2020, con ocasión del aniversario del entonces vicepresidente, le gritó a Iglesias delante de sus hijos "felicidades, hijo de puta".

Al acusado llegaron a tramitarle hasta el mes de julio un total de 33 denuncias administrativas por saltarse el estado de alarma y por intentar sobrepasar los límites del perímetro de seguridad que se montaba en torno al domicilio de la pareja. Otras nueve denuncias fueron interpuestas por infringir la normativa de ruidos, y otras tantas por no llevar mascarilla.

Sin embargo, "no cesó de insistir en sus intentos de buscar la cercanía con los allí residentes y comunicarles su aversión, siendo plenamente consciente de los cargos que ostentaban y de la presencia de menores de corta edad", señala el escrito recogido por Efe.

Con fecha 29 de diciembre de 2020, por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Collado Villalba, se acordó la medida cautelar de prohibición al acusado de aproximarse a Iglesias y Montero, a su domicilio, lugares de trabajo o cualesquiera otros que éstos frecuenten a una distancia inferior a 500 metros.