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La Fiscalía presentó en 2021 casi el doble de escritos de acusación por delitos de odio

El aumento del 44,44% de la actividad del Ministerio Público en relación a estos ilícitos confirma la tendencia ascendente de los delitos de discriminación por motivos raciales, de orientación sexual e identidad de género y por ideología.

Manifestación antirracista
Imagen de una manifestación contra el racismo realizada en junio pasado en Barcelona. Andreu Dalmau / EFE

La tendencia a la proliferación de los delitos de odio y de discriminación en España se confirma por los datos expuestos en la memoria de la Fiscalía de 2021. El número de escritos de acusación emitidos por el Ministerio Fiscal registra un significativo aumento del 44,44% respecto a 2020. 

Durante el año 2021 se incoaron un total de 102 diligencias por
denuncias por delitos de odio presentadas directamente ante la Fiscalía, aunque en su mayoría se correspondían con hechos acaecidos en 2020 durante el confinamiento por la covid.  

Sobre ese total de 102 denuncias, 97 lo fueron por delito de discurso de odio del artículo 510.1 del Código Penal [la incitación al odio por motivos raciales, de orientación sexual, identidad de género e ideología] y la práctica totalidad de ellas por hechos cometidos a través de las redes sociales (TICs). 

De las 102 denuncias, 53 fueron archivadas directamente por tratarse de hechos que carecían de relevancia penal, según indica la Fiscalía; 27 fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Madrid; 20 fueron remitidas a otras fiscalías territoriales; y 2 fueron objeto de acumulación a diligencias de investigación ya existentes.

La motivación discriminatoria más frecuente en procedimientos y
acusaciones sigue siendo la relacionada con el racismo y la xenofobia
(racismo, etnia, origen nacional y nación), con un 38,5%. La orientación e identidad sexual y de género registran un aumento que ya venía apreciándose en años precedentes (un 25%). "Otro tanto ocurre con el motivo por ideología (19,2%). La polarización del debate político y la radicalización de las posiciones ideológicas tienen su reflejo en los delitos de odio", aparece en la memoria.  

"La experiencia acumulada en esta especialidad permite comprobar que la
palabra precede a la acción, que la creación de un clima de hostilidad hacia
determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violentas. Frente a
ello, la sociedad nos reclama una respuesta penal firme, al tiempo que una eficaz protección y reparación de las víctimas", consta en el discurso de apertura del año judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no ha podido acudir al acto por dar positivo en covid.

En 2021, los procedimientos judiciales por delitos de odio aumentaron en un 27,19%. Son en torno a los 1.824, mientras que en 2020 la cifra se situó en los 1.434.

El perfil del delincuente

Según la memoria de la Fiscalía, a partir del tratamiento de datos efectuado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, se puede dibujar el perfil predominante tanto del autor como de la víctima en este tipo de delitos:  el autor sería un hombre, de edad comprendida entre los 18 y 40 años, y de
nacionalidad española. El perfil de la víctima coincidiría.

En cuanto a la utilización de redes sociales e internet (TICs) en los
delitos por los que se han incoado el procedimiento, aparece en un
número aproximado de 250 procedimientos, lo que supone un aumento
en torno al 20% respecto al año precedente. 

"La colaboración interinstitucional para la erradicación de estas conductas es
esencial", según la Fiscalía. La Memoria da cuenta de la firma del protocolo para combatir el discurso del odio en línea, en que la Fiscalía General del Estado asume "un papel protagonista" como punto de contacto para evitar la permanencia de este tipo de contenidos en la red, a través de la Unidad Especializada de Criminalidad Informática. 

La Fiscalía muestra su preocupación por la proliferación de los delitos de odio, "unos delitos que no sólo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica".

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