La Fiscalía Provincial de Madrid ha respaldado el archivo de la investigación en relación a las obras en la sede de Podemos al no ver delito de administración desleal. Entiende que los testigos interrogados al respecto han dado "cumplida explicación" del desfase entre el proyecto inicial de reforma y la ejecución, y añade que el hecho de que haya diferencias de ese tipo es "frecuente en la ejecución de obras".

A la par, el Ministerio Fiscal recuerda a Podemos que la principal vía de investigación en estos momentos es determinar si la formación de Pablo Iglesias cometió delito electoral, por lo que indica que es razonable investigar todos los contratos que haya firmado con la consultora Neurona.

El Ministerio Fiscal explica su posición sobre diferentes escritos de las partes, y aborda primero la impugnación de los recursos de reforma y subsidiario de apelación interpuestos por acusaciones como Prolege o Vox contra el auto del magistrado de 12 de enero que acordaba el sobreseimiento provisional en relación a las obras de la sede de la formación morada.

"Ningún indicio existe pues, de la existencia de un delito de administración desleal. El tipo penal castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial sin que resulte de las diligencias practicadas que los gerentes de la sociedad hayan infringido sus facultades o ni siquiera la existencia de un perjuicio patrimonial", abunda el Ministerio Público para apuntalar su decisión de pedir la confirmación del auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 42, Juan José Escalonilla.

El arquitecto estimó que el precio fue ajustado y hasta bajo

Recuerda que el propio arquitecto responsable de la reforma declaró en sede judicial que el precio fue ajustado, incluso bajo y que se realizaron pocas mejoras. A Fiscalía le llama la atención sobremanera además que Prolege, quien ejerce la acusación popular, "vele por los intereses" de Podemos al considerarlo como perjudicado en su patrimonio "cuando ni el propio perjudicado se considera como tal".

Al hilo, y puesto que Prolege pedía en su escrito un informe pericial para determinar si el precio de la obra era ajustado a mercado, la Fiscalía indica que esa diligencia no tendría otro objeto que la de mantener la investigación abierta bajo la tesis de que hubo una confabulación de Podemos con los contratistas para fijar un precio superior al habitual.

Respecto al recurso de Vox que pedía seguir investigando las obras, el fiscal dice que no existe elemento alguno que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente y hay ausencia de perjuicio acreditado. Le recuerda a los de Abascal que "sostener la administración desleal con sobreprecio llevaría a considerar a todos los testigos como cooperadores necesarios", y le recuerda que eso no lo plantean ni en su recurso porque "no existe indicio alguno de connivencia en establecer precios fuera de mercado".

Recurso de apelación de Podemos

Por otro lado, responde al recurso de apelación de Podemos sobre el auto del magistrado de 12 de enero en el que se indicaba que la resolución debía haber sido de sobreseimiento libre apoyándose en que el incumplimiento de normas internas de licitación del partido no integra hecho delictivo alguno.

El fiscal subraya que la cuestión relativa a la licitación quedaba fuera del ámbito del procedimiento penal porque lo que se investigaba era la diferencia entre el proyecto y el coste real. Por eso, incide en que la alegación de Podemos carece de virtualidad en cuanto al fondo de la resolución recurrida.

Con todo, señala que otra cuestión es que por efectos reputacionales pueda discutirse el hecho de la licitación, y recuerda que las declaraciones de los testigos "ofrecen dudas respecto de cómo se produjo el procedimiento".

Fiscalía ve razonable investigar más contratos con Neurona

Por otra parte, la Fiscalía ve "razonable" investigar "todos los contratos" suscritos entre Unidas Podemos y la empresa Neurona, de modo que apoya que el juez que investiga al partido pida información a la Junta Electoral Provincial de Madrid sobre las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.

"El hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación", dice la Fiscalía de Madrid en el escrito donde impugna un recurso de Podemos y respalda a su vez la decisión del juez Juan José Escalonilla de pedir una serie de datos al árbitro electoral.

El magistrado se dirigió el 4 de noviembre de 2020 a la Junta Electoral Provincial de Madrid para que le informase sobre "la identidad del administrador electoral" de Unidas Podemos-Izquierda Unida en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, y las cuentas electorales que designaron para recaudar fondos.

Algo que apoya la Fiscalía, según informa en un comunicado, porque "si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y la formación Unidas Podemos".

El Ministerio Público recuerda que el "principal objeto" del procedimiento donde está imputado Podemos es "determinar la realidad o no del contrato" suscrito para las elecciones generales del 28A y que podría ser constitutivo de delito electoral.

Añade que el resultado de esta investigación "puede ser incluso en interés" para Podemos, dado que podrían extraerse conclusiones en su beneficio, respecto a "la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados", y no ve impedimento para ordenar esa diligencia en el hecho de que las cuentas de las elecciones autonómicas ya fuesen auditadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.