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Forn de Barraca La Fiscalía pide que los activistas ambientales que protestaron contra la circunvalación de València paguen el coste de la operación policial 

Los hechos se remontan a octubre del 2019, cuando un grupo de ecologistas se encerraron en una histórica alquería para evitar que fuera destruida en la ampliación del acceso norte a la ciudad.

Fotografía de septiembre de 2019 de dos activistas durante una protesta para evitar el derribo de la alquería Forn Barraca.
Fotografía de septiembre de 2019 de dos activistas durante una protesta para evitar el derribo de la alquería Forn Barraca. EFE

El juzgado de Instrucción número 2 de Montcada (València) ha dado por finalizada la fase de investigación y ha publicado el auto de apertura del juicio oral para cuatro activistas ambientales que protestaban por la ampliación de un tercer carril en la V-21, principal acceso norte de València. Las obras –que aún están en marcha- han supuesto la destrucción de 62.000 metros cuadrados de huerta productiva, además de diferentes alquerías protegidas, en su mayoría en el término municipal de Alboraia.

El proyecto, en su momento, despertó una fuerte controversia política y un amplio rechazo social, pero ante la inminencia del inicio de las obras, un grupo de jóvenes se encerró en la alquería del Forn de Barraca, un edifico centenario que se convirtió en símbolo de esta oposición. Tras más de diez días de acampada, la madrugada del 7 de octubre, un fuerte dispositivo de la Guardia Civil, que incluyó un helicóptero, entró en el inmueble, y detuvo a las cuatro personas que se habían encerrado dentro. La acción policial, que se efectuó el mismo día de la huelga mundial por el clima, impactó fuertemente en la sociedad valenciana y el Forn de Barraca derruido por una excavadora se convirtió en la imagen de lo que no debe hacerse ante la emergencia climática.

Dos años después, estas cuatro personas pasarán delante de un juez a pesar de sus esperanzas que el caso fuera archivado antes de juicio. Aunque la Fiscalía ha retirado varias de las acusaciones con penas más graves, como atentado a la autoridad o la usurpación, mantiene las de desobediencia grave y resistencia a la autoridad, que comportan penas un máximo de 18 meses de cárcel. Como a ninguno de los acusados les constan antecedentes penales, es difícil pensar que los activistas puedan llegar a pisar la cárcel.

Pero a cambio de retirar algunas acusaciones, Fiscalía ha insistido especialmente en la responsabilidad civil de los acusados, requiriendo a la empresa responsable de las obras –la constructora OHL- y al Ministerio de Fomento, que cuantificasen los costes y perjuicios ocasionados por la acción de protesta. OHL, alegando que "al no sufrir daños de consideración no deseaba presentar reclamación alguna", como se puede leer en el informe de Fiscalía presentado al Juzgado de Instrucción al que ha tenido acceso este diario. Entonces Fiscalía solicitó al ministerio que cuantificase "el coste de desplazamiento e intervención que supuso la actuación de las unidades especializadas GREIM y Cuerpo de Bomberos" utilizados en el desalojo, según el mismo documento.

Según Adelina Cabrera, abogada de diversos de los acusados, "hasta el momento no ha habido respuesta de la administración en este sentido, que parece no haber mostrado demasiado interés en la táctica de la Fiscalía". Pero quien sí que ha aceptado a trámite es el juez de instrucción, que ha impuesto una fianza de 450 euros para los acusados "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes", según puede leerse en el auto de apertura del juicio oral.

"No se es una situación totalmente inédita, pero realmente yo no había oído nunca que se impusiese una fianza para posibles responsabilidades civiles en un caso en que no ha habido daños a ninguna persona física ni jurídica y, de hecho, no hay denunciante en este sentido", explica Cabrera a Público. Para esta abogada, el caso supone un precedente peligroso, ya que "policías o bomberos son un servicio público y no se puede cuantificar su coste, están ahí y hacen el trabajo que les toca". Para entenderlo mejor, Cabrera pone el ejemplo que "en una manifestación, les impusiesen el coste del despliegue de los antidisturbios a las personas detenidas o a los organizadores".

Aun así, Cabrera se muestra tranquila y, por ahora, el impago de la fianza no supone ningún efecto adverso para los acusados. "Normalmente estas fianzas se imponen si hay una víctima que ha sufrido daños y pagarla supone una atenuante, ya que muestra voluntad de reparación, pero en este caso no tiene ningún sentido".

Mientras tanto, la lucha por la defensa de la vega que rodea València continua, y ahora cada vez más vinculada a la emergencia climática. En este sentido, la acción de los activistas del Forn de Barraca se convirtió en una chispa que ha prendido en muchas conciencias. "No pudimos paralizar la V-21, pero conseguimos generar un debate ciudadano y obligar a los políticos a posicionarse", recuerda una de las activistas, ahora encausadas. "Pensándolo bien, la acción fue un éxito y si volviera a encontrarme en la situación volvería a hacer lo mismo sin dudarlo", concluye.

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