La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recibido solicitudes por parte de empleados públicos catalanes tras conocer la fecha del referéndum, que será el próximo 1 de octubre. Los funcionarios reclaman "información sobre el protocolo previsto ante la posibilidad de que reciban órdenes fuera de la legalidad por parte de sus superiores".

CSIF, según ha informado a través de un comunicado, ha recibido dichas solicitudes en departamentos de Justicia, Prisiones, Educación, la Agencia Tributaria, y de la propia Generalitat. De hecho, han asegurado que tienen "constancia de funcionarios que se han negado a participar en el concurso para la licitación de las urnas que se pretenden usar para el referéndum".

"No incurrirán en ninguna responsabilidad"

En esta línea, el sindicato iniciará una campaña informativa en la que se divulgará el protocolo a todos los departamentos de la Administración en Catalunya, así como de la Administración General del Estado, "teniendo en cuenta la incertidumbre generada tras la filtración de los planes de la Generalitat para los funcionarios", han añadido.

Asimismo, se intensificará la labor informativa en aquellos centros educativos donde la Generalitat organice la consulta, poniendo énfasis en "los responsables de la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las puertas" de dichas instalaciones. 

CSIF ha informado que mantuvieron reuniones con la vicepresidenta primera del Gobierno y el delegado del Gobierno en Catalunya para tratar "la preocupación sobre los efectos que puede tener este proceso sobre la situación de los funcionarios catalanes". "Se acordó velar por su seguridad jurídica en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones", han expresado.

No obstante, CSIF ha señalado que, en el caso de incumplir órdenes de los superiores, "no incurrirán en ninguna responsabilidad" siempre y cuando estas órdenes sean contrarias al ordenamiento constitucional. "No caben amenazas ni presiones por parte de las autoridades de la Generalitat".

Acudir a los recursos legales

El sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, "la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas". Todo esto para "salvaguardar su responsabilidad" ante las consecuencias de su cumplimiento.

Si el superior persiste en el requerimiento de la orden, el empleado deberá dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Si, a pesar de todo, la ilegalidad es manifiesta, el protocolo recomienda "el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes, además de interponer una denuncia", han zanjado.