Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha enviado a juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas de la desaparecida revista Interviú por el caso Dina, que gira en torno al robo en 2015 del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

Villarejo y los dos periodistas están acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.

García Castellón, encargado de investigar los múltiples negocios del excomisario en medio centenar de piezas, ha dictado un auto este lunes en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Villarejo y los dos periodistas por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.

La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para el excomisario y tres para los dos periodistas de la extinta revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles; mientras que el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias y la propia Bousselham, que ejercen de acusación particular, solicitan cuatro años para Villarejo y entre tres y cuatro para los informadores.

Por su parte, Pablo Iglesias sostiene que el robo de la tarjeta y la "circulación" de su contenido "tuvo el claro objetivo" de perjudicarle a él y a Podemos.

El caso Dina, iniciado en marzo de 2019, gira en torno a la información que apareció en 2017 en un registro policial al excomisario Villarejo, guardada en las carpetas DINA 2 y DINA 3, que almacenaban archivos de la tarjeta de memoria que había sido robada a la exasesora de Pablo Iglesias dos años antes.

Además de a Villarejo, el juez del caso, Manuel García Castellón, procesó a los dos periodistas al considerar que fueron quienes le entregaron parte de la información que contenía esa tarjeta, de carácter reservado y que había llegado a sus manos en enero de 2016. Los periodistas siempre han apelado a su inocencia y han justificado que entregaron aquella información porque se trataba de un requerimiento policial.

La Fiscalía cree a su vez que ambos, entre enero y abril de 2016, entregaron una copia de la tarjeta a Villarejo, "conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo". Cuando tuvo la información, y "con abuso de sus funciones" policiales, Villarejo entregó dichos archivos a periodistas de su confianza para que "publicaran diversas informaciones en descrédito" de Podemos y de Pablo Iglesias, según la Fiscalía.