Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha insistido en que el escándalo de las residencias en la Comunidad de Madrid "puede tener consecuencias legales", puesto que no se permitía la derivación de usuarios enfermos de la covid-19 de residencias de ancianos a hospitales.

"Hay muchas cosas que se tienen que terminar de saber, es extremadamente grave que desde dentro del Gobierno se esté denunciando no solo una inmoralidad, sino que el propio consejero apuntaba a que eso debe ser ilegal, y lo que es ilegal lógicamente se debe perseguir", y ha recordado que son "muchas" las familias que están emprendiendo acciones legales al respecto.

"Era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente", ha señalado. Se refería a las palabras de Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales de la región, quien tachaba de "inmoral" y "eventualmente ilegal" la práctica de no permitir a los ancianos madrileños ser trasladados de residencias a los hospitales de la Comunidad.

"Cumplimos con nuestro deber"

En cuanto a las competencias de las autonomías, Iglesias ha subrayado que eran las comunidades autónomas las que tenían la competencia en materia de residencias. "Lo que hicimos fue aumentar las competencias autonómicas, es decir, no sólo tenían las competencias, sino que las tenían aumentadas", ha aclarado. Y ha añadido: "Está bastante clara la cuestión competencial".

Iglesias ha asegurado que se trabajará con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren "protocolos sensatos" en las residencias de mayores, aunque recuerda que ya se ha mandado una instrucción de Sanidad a las comunidades para que los trabajadores de las residencias tengan prioridad para recibir EPIs, además de aumentar las competencias autonómicas para la consiguiente inspección e intervención en las residencias privadas. 

"Modestamente, creo que cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación en el marco de nuestras competencias; hicimos lo que teníamos que hacer", ha defendido.

Ha asegurado que el Gobierno quiere seguir "poniendo el acento" en el tema del modelo residencial, ya que con el actual ha habido "condenados por corrupción" y las condiciones han sido "escandalosas". "Hemos visto la debilidad de un modelo altamente precarizado y privatizado, enormemente peligroso para la salud y el bienestar de los mayores", señalaba.

Ha defendido que, según su opinión, lo "lógico" sería que España recorriera el camino de los países nórdicos, que han apostado por el sistema de atención domiciliario, el cual "es más eficaz y más adecuado para proteger el deseo de los mayores y su bienestar".